Tarde, pero “más justa que nunca”

“Lamentablemente señor Presidente en este proyecto de ley subyace un espíritu de revancha hacia alguien que conduce el gremio de los trabajadores rurales. Y me parece, colegas diputados, que ustedes se equivocan con esta ley porque no sólo están apretando a alguien que no coincide con el oficialismo, ¡ustedes están desconociendo a la Constitución Nacional y a la esencia de los tratados de la Organización Internacional del Trabajo”.

Con estas palabras, sobre el final de una larguísima madrugada de diciembre de 2011, el entonces diputado Roberto Mouillerón cerró el debate del proyecto de ley a través de la cual el gobierno finalmente quitó al gremio de los trabajadores rurales el manejo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre -a partir de entonces rebautizado como Renatea-).

Su alocución no tuvo efecto persuasivo segundos después, al momento de la votación.

Pero el propio titular del gremio, Gerónimo Venegas se encargó de hacer saber por estas horas que las palabras del ex ministro de trabajo bonaerense en el recinto de sesiones resultaron premonitorias en relación a los fundamentos del fallo que acaba de dar a conocer la Corte Suprema de la Nación restituyendo el manejo del  registro a los empleados rurales.

 

Días del vamos por todo

 

En momentos de aquella discusión parlamentaria la presidenta Cristina Fernández acababa de obtener el 54 por ciento de los votos en las elecciones “y en el marco del “vamos por todo” también fue por un botín doble” –dijo Mouillerón-: alrededor de cinco millones de pesos mensuales que manejaba el registro y la chance de herir a su  vez el liderazgo de Venegas, opositor al gobierno.

Hoy se quedan sin ninguna de las dos cosas”, evaluó el dirigente, quien aclaró que ello sucede “no por un capricho político de los jueces ni nada por el estilo”, sino por “flagrantes violaciones a claras normas de la Constitución y a directrices de la OIT que, enceguecidos de poder, no quisieron escuchar”.

El Renatre fue un ente que hasta 2011 manejó la administración del seguro de desempleo de los trabajadores rurales bajo la conducción en forma tripartita por el gremio, representantes de los empleadores y un síndico estatal. Con la sanción de la cuestionada ley en 2011 quedó en manos exclusivas del gobierno.  Y en virtud de falta de participación de esas dos partes la dirigencia sindical reclamó en la Justicia que se respetara el carácter tripartido que traza la OIT. Tras un largo recorrido en Tribunales, la Corte hizo lugar al reclamo y ordenó que se restituya el control del Renatre y que los fondos vuelvan a manos del sindicato, en sintonía con la normativa vigente a nivel internacional.

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