Tras el desalojo, se abrió un compás de espera para resolver la situación de las tres familias

Mientras permanecen en los lotes ubicados sobre Roberto Arlt y Paraguay, las personas que tomaron esas tierras aparentemente fiscales reconocieron que las opciones son pocas. Sin embargo resaltaron que permanecerán allí. “Nos vamos a quedar, vamos a seguir peleando”, enfatizaron.

Un día después del operativo, que se llevó adelante luego de una orden concedida por la Justicia a partir de una denuncia de usurpación iniciada por un privado que se adjudica la posesión de unos lotes, aseguraron que hubo irregularidades en el proceso.

 

“Un negocio”

 

En diálogo con El Eco de Tandil, la dirigente de la Corriente Clasista Combativa (CCC) y vecina de Villa Cordobita, ratificó la intención de defender el espacio, repasó las medidas que impulsarán para sostener el reclamo y planteó cuestionamientos al operativo impulsado este jueves después del mediodía.

En primer término indicó que a partir de la intervención del Servicio Local (que no formó parte del procedimiento del jueves pese a que estaba previsto) se garantizó que durante diez días “no se va a llevar adelante ningún tipo de desalojo hasta que no se pueda clarificar la cuestión dominial”.

Mientras se cumple el plazo otorgado la organización acompañará una acción legal para apelar la decisión de la Justicia en una instancia superior.

“Creemos que detrás de esto hay un negocio inmobiliario”, denunció Altamirano, y fundamentó la postura al citar la “rapidez” con la que se liberó la orden de desalojo a partir de una denuncia realizada por una persona que “no puede acreditar título de propiedad” de esas tierras.

Entre otras acciones adelantó que en el inicio de la semana entrante viajarán a Capital Federal, donde iniciarán gestiones ante la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat “para que intervenga el Gobierno y evitar el desalojo en tierras fiscales”.

 

Irregularidades

 

La dirigente de la CCC marcó una serie de “irregularidades” cometidas durante el importante operativo de allanamiento y desalojo. Ejemplificó en ese sentido que “no se avisó a Desarrollo Social y al Servicio Local de la Niñez”, como lo marca la orden firmada por la jueza de Garantías 2, Stella Maris Aracil.

Además, dijo que la tensa situación generada por el despliegue policial no les permitió atender las condiciones del documento, que hace referencia al “allanamiento y registro del lote 24 a los efectos de proceder al desalojo cautelar compulsivo”, según consta en la nota.

Altamirano aseguró que esa parcela se encuentra “desocupada” y cuestionó que en el procedimiento “irrumpieron en un lugar sin tener una orden”, en referencia a lo actuado en otro sector del predio donde habitan las familias.

 

“Por todo el barrio”

 

En otro pasaje advirtió que la medida interpuesta en esos lotes ubicados sobre calle Roberto Alrt, en cercanías a Paraguay, representa “un primer paso” para avanzar hacia “todo el barrio”.

Contextualizó que en esa zona de la ciudad habitan cerca de 80 familias en circunstancias similares y apuntó que quien reclama por esos lotes en conflicto acreditó el “pago de los impuestos desde 2003, cercó el terreno y que por eso dice ser el poseedor”.

Alertó que “cualquiera que aparezca con esa postura puede tramitar ante un juzgado una denuncia para desalojar más familias”.

“Si dejamos que salga una familia de este terreno, van a ir por todos”, resaltó, y agregó que como barrio “vamos a defender con el cuerpo la tierra. El objetivo es permanecer en el lugar cueste lo que cueste. De acá no nos van a sacar”. 

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