Un sospechoso se presentó ante la fiscalía y su abogado denunció una interna policial
Durante la mañana de ayer, el abogado Claudio Castaño presentó ante el fiscal a un joven de 18 años que fuera demorado a las pocas horas del hallazgo del cuerpo sin vida del jubilado Luis Oscar Fernández.
Previamente, en diálogo con el programa “Tandil despierta” (Eco TV), el letrado había denunciado la existencia de irregularidades en la acción policial y de una interna en la fuerza, situación rechazada por el comisario inspector David Tifner (ver aparte).
Castaño identificó al sospechado como Matías Parra, de 18 años, y afirmó que “no sabemos cómo aparece su nombre sindicado”, tras lo cual denunció que “se lo llevaron de una manera aparentemente irregular el mismo día del hallazgo del cuerpo a la sede de la Seccional Primera. En un procedimiento un poquitito irregular para lo que es la causa, buscan involucrarlo o que se hiciera cargo del hecho”.
El abogado dijo que posteriormente Parra fue liberado, “previo haberlo pasado por el área de calabozos y haber llevado a la comisaría a la mujer y a su hijo, como una manera de extorsión psicológica”.
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Castaño dijo que “se allanó su domicilio, a su abuela y a algún otro familiar, pero el fiscal –de quien tengo el mejor de los conceptos- está actuando con celeridad, con probidad y a la altura de las circunstancias”, aclaró.
Posteriormente cargó contra el juez de Garantías interviniente y consideró “irresponsable entregar órdenes de allanamientos a ´troche y moche´, sin tener un mínimo de seguridad jurídica”.
Acotó que “esta familia no tiene absolutamente nada que ver con los Parra famosos o célebres. Es gente de trabajo y de bien. Su único pecado es que la medianera del fondo de su casa dé con la de la persona fallecida”.
Matías Parra fue definido por Castaño como “un chico que trabaja a la par de su padre y de sus hermanos, que se ve desbordado por esta situación. Queremos entrevistarnos con el fiscal, que no debe estar al tanto de la situación irregular por la que ha pasado y que a mí tampoco me hubiera gustado pasar”.
Adelantó que la figura legal en la que se encuadraría el caso sería “severidades” por parte de dos o tres efectivos de la Seccional Primera, “en el afán de esclarecer el hecho a cualquier precio”.
desestabilizar al jefe Departamental”
Explicó que “el jefe departamental se encuentra de vacaciones y la interna radica en desestabilizar al comisario mayor Greco, por el afán de llegar de algún jefe que está postulado para ser titular departamental: utilizar este caso como trampolín para esa candidatura”.
El abogado añadió que por eso se buscaría “un esclarecimiento a cualquier precio. Si nos ponemos a analizar, tal vez pueda parecer un desatino que el jefe departamental no altere el ritmo de sus vacaciones, su licencia y se ponga al frente de la investigación”, admitió.
Quienes pretenderían el cargo departamental “son funcionarios policiales de la ciudad” y, si bien “llama mucho la atención de que el comisario mayor Greco se encuentra haciendo uso de su licencia, no tenemos que perder de vista que en este afán por desestabilizarlo están dejando el medio tanto a una parte como a la otra”.
Castaño dijo que “el señor agente fiscal no debe estar al tanto de estos pormenores o entretelones de la causa. Está investigando de la mejor manera y de la forma más diligente, como siempre lo ha hecho. Es una persona proba y está en el medio de una interna, sin saberlo”.
Sobre el secuestro de una sábana con sangre, Castaño indicó que “será materia de investigación y peritaje” y marcó que dado que su patrocinado no tiene vinculación con el caso “nos ponemos a disposición del fiscal desde el momento cero, para que vea que hay predisposición de esta persona”.
Posteriormente, dijo que Parra “se encuentra sospechado y desde ese momento tiene el derecho que le acuerda la ley de nombrar un defensor de su confianza, para estar al tanto de cada una de las pericias y garantizar que se hagan en tiempo y forma, sin que se le vulneren sus derechos”.
En otro momento, el letrado señaló que estaba al tanto de la existencia de “un segundo sospechoso, pero nuestro temor es que se lo utilice”.
Finalmente, atacó el pedido de datos por medio de testigos de identidad reservada o llamadas anónimas al 101, al considerar que “es una de las maneras que tiene la policía de dilucidar un hecho de manera poco clara, ya que se vulneran derechos y garantías constitucionales de nuestro cliente”.
Ejemplificó que “en el caso Cano, por los dichos de una persona que hoy está condenada a 15 años de prisión, se detuvo injustamente a un joven que luego fue absuelto. Esperemos que ésta no sea otra causa Cano”.
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