¿Una ley para reducir los robos de celulares?

Las comisiones de Comunicaciones e Informática, Defensa del Consumidor y Comercio de la Cámara de Diputados debatirán esta semana la creación del programa Alerta, por el cual las empresas de telefonía móvil deberán notificar cualquier tipo de modificación en el uso habitual de la línea y el teléfono.

Las comisiones de Comunicaciones e Informática, Defensa del Consumidor y Comercio de Diputados debatirán esta semana un proyecto que crea el programa Alerta, por el cual las empresas prestadoras de telefonía móvil deberán notificar a los clientes cualquier tipo de modificación en el uso habitual de la línea y el teléfono.

Representantes de las empresas del sector asistieron la semana pasada a la Comisión de Informática y Comunicaciones para dar su opinión sobre el proyecto del diputado Juan Fernando Brugge (Córdoba – Unidos por una nueva Argentina).

El proyecto, en línea con las iniciativas de los ministerios de Comunicaciones y de Seguridad, establece la creación de un programa de Protección ciudadana del uso indebido de los servicios de Telecomunicaciones llamado Alerta, por el cual las empresas deberán dar aviso a los clientes de cualquier modificación en la línea.

Entre otros casos mencionan la “duplicación del IMEI” que es el número que identifica al teléfono, “llamados a destinos infrecuentes, consumo desmedidos y cualquier otra situación en el actuar sospechoso de un IMEI”, según establece el título del proyecto referido a las obligaciones de las prestatarias del servicio.

Los objetivos del programa abarcan desde el “seguimiento permanente de la problemática del delito vinculado a la comercialización de dispositivos de telefonía celular y sus componentes”, hasta la coordinación de acciones de seguridad ciudadana entre la Nación, Provincia, Municipios con Instituciones y asociaciones de la Sociedad Civil, sin dejar de lado “controlar el cumplimiento irrestricto de las garantías constitucionales en la administración de los datos obtenidos en virtud del presente programa”.

Esta aclaración se realiza debido a que el proyecto crea el “Registro Nacional de Comercialización de Teléfonos Móviles y Tarjetas SIM en el ámbito del Ministerio de Seguridad” y el “Registro Nacional de Teléfonos Móviles Perdidos, Robados y Hurtados, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal”.

Además el proyecto prohíbe la comercialización de las tarjetas SIM en locales no habilitados y que no esté habilitado y como tal entiende a los comercios “se efectuará en los comercios y agencias habilitados, que tengan como actividad principal o cuenten con una sección comercial específica, para la comercialización de aparatos, dispositivos y componentes relacionados directamente con las telefonías móvil, de conformidad a las previsiones establecidas en la Ley N° 25.891, y cuenten con la habilitación pertinente de la autoridad municipal respectiva”.

La semana pasada los ministerios de Comunicaciones y de Seguridad presentaron la iniciativa para nominalizar los chips o tarjeta SIm, de modo que los usuarios de telefonía prepaga queden registrados con nombre y apellido, pero en un listado que queda en manos de las operadoras privadas.

De acuerdo a lo previsto por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) las operadoras tendrán hacia el último trimestre del año próximo la totalidad de las líneas en uso identificadas con un usuario real.

Fuente. Télam

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