Ya se inscribieron 22 vecinos para la audiencia pública por el loteo de Segurola

En la Secretaría del Concejo Deliberante se lleva adelante, hasta el 1 de febrero, la inscripción para participar de la audiencia pública por la subdivisión de las tierras de avenida Dan Bosco, pertenecientes a los descendientes de la familia Segurola. Para el encuentro, que se realizará el 4 de febrero a las 10, en la Casa del Deporte, ya se anotaron 22 personas.

A fines de 2014 el intendente Miguel Lunghi y los dueños de las tierras firmaron el convenio urbanístico por el cual le ceden al Municipio poco más de 6 hectáreas de sierras para preservarlas como parque y el Estado municipal autoriza, por vía de excepción, el loteo con destino a viviendas unifamiliares. Cabe destacar que a pesar de no existir planos de mensura, varias parcelas se comercializaron y ya se construyeron algunas casas.

Durante el año pasado, el expediente generó distintas posturas entre los bloques del Legislativo y nunca llegó al recinto ante la decisión del presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik de conseguir una mayoría especial de dos tercios de los votos para aprobar la propuesta de la familia Segurola.

Al mismo tiempo, los concejales del Frente para la Victoria solicitaron que se convoque a audiencias públicas en el marco de los convenios urbanísticos, ya que esta herramienta de participación ciudadana en el marco del debate de las excepciones está prevista en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Finalmente, a fines del año pasado Frolik convocó a la audiencia pública como paso previo al tratamiento legislativo de la excepción para el loteo que plantearon los descendientes de Segurola. Cabe destacar que, según la Ordenanza 8094, “las  opiniones recogidas durante la audiencia pública son de carácter consultivo y no vinculante, debiéndose explicitar en los fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione de qué manera han sido tomadas en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales se desestima”.

La normativa establece que podrán participar: toda persona con residencia en la ciudad que se vea afectada directa o indirectamente, su propiedad, salud o calidad de vida; las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto social sea el tema tratado por la audiencia pública; las entidades técnicas; las asociaciones empresarias; las asociaciones profesionales y las entidades educativas, sociales y/o deportivas.

 

Sujeto a expropiación

 

El expediente se inició el 12 de octubre de 2005, a instancias del agrimensor Juan Manuel Schang que presentó el proyecto de subdivisión para las tierras y solicitó a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro el visado de los planos con el objetivo de llevarlos a las direcciones de Geodesia y de Catastro Territorial, del Departamento de Propiedad Horizontal de la Provincia.

Muchos años antes del pedido de los propietarios para lotear, el Concejo Deliberante había declarado esas tierras de utilidad pública y sujetas a expropiación, a partir de la sanción de la Ordenanza 7186 del año 1997.

Posteriormente, la Legislatura bonaerense dictó la ley que autorizó a la comuna a avanzar con la expropiación para extender las instalaciones del Polideportivo Municipal e indicó que la erogación que demandara el trámite correría por cuenta del presupuesto comunal.

En 2005, se inició el trámite para subdividir, pero el Departamento de Ordenamiento Territorial sólo aprobó el amanzanamiento previo, sujetando la generación de parcelas a la liberación de la ordenanza que estableció que esas tierras estaban sujetas a expropiación y a la aprobación del loteo por parte de la Dirección de Hidráulica de la Provincia ante la presencia del arroyo La Cascada en el predio.

 

Otro intento

 

Sin avances, pasaron los años y el agrimensor Schang volvió a insistir con el proyecto para dividir las tierras. Esta vez se encontró con que ya estaban vigentes las ordenanzas 9435 y 9670, de aplicación previa al Plan de Ordenamiento Territorial que limitó las construcciones sobre las sierras.

Al mismo tiempo, el profesional inició los trámites ante la Autoridad del Agua y remitió la documentación al Municipio, que requirió la apertura, abovedado y alcantarillado de las calles, y “otras tramitaciones que conllevan excesivos tiempos de gestión. Parte de las gestiones procuran la anulación de la ordenanza de expropiación y que caducaran, por vencimiento de plazos, los efectos legales de la ley provincial por el mismo tema”, indicó el agrimensor.

Por otro lado, Schang informó que la obra del canal sobre Don Bosco por calle Penacchi hasta el arroyo de La Cascada, que había ejecutado el Municipio, no se encontraba declarada ni autorizada por Hidráulica ni por la Autoridad del Agua. Por ese motivo, los propietarios de las tierras debieron afrontar el costo de la documentación y ensanchar una calle para regularizar las obras.

Cumplidos todos los requisitos, el 10 de enero de 2012 la Autoridad del Agua les otorgó la resolución para avanzar con la subdivisión y el agrimensor Schang volvió a insistir ante la comuna para que autorice el trámite.

 

La infraestructura

 

De este modo, en 2012 retomaron las gestiones de cara al loteo, con idas y vueltas para dilucidar a quién correspondería la extensión de los servicios en las nuevas parcelas. En principio, el responsable de Ordenamiento Territorial, arquitecto Claudio Colletta, consideró “susceptible de ser visada la mesura y división en unidades parcelarias de 2 mil metros cuadrados de superficie mínima y 40 metros de lado mínimo”.

De todos modos, le informó al secretario de Obras Públicas que estaba vigente la Ordenanza 9865/05, donde establecía que el predio de Don Bosco corresponde a la Zona Especial de Interés Urbanístico (ZEIU) 19 y que cualquier modificación del estado parcelario requeriría del tratamiento reglamentario, con la asignación de indicadores urbanísticos y el cálculo de áreas verdes y públicas obligatorias que no estaban previstas en el anteproyecto.

En relación a los servicios de infraestructura, el arquitecto Colletta transcribió el Capítulo VI del Plan de Ordenamiento Territorial que establece que en los proyectos de parcelamiento del área complementaria, los propietarios deberán garantizar como mínimo los servicios de infraestructura: energía eléctrica domiciliaria; alumbrado público; arenado o entoscado de calles perimetrales y de vinculación con calles transitables; canalización de escurrimientos superficiales hacia cuencas de drenaje natural con alcantarillado; agua potable por red cuando exista factibilidad técnica o provisión en cantidad y calidad suficiente de acuerdo al número de parcelas, así como también garantizar que los efluentes cloacales no contaminen la fuente de provisión; y también le podrán exigir proyectos de desagües cloacales o su ejecución.

Ante la opinión del responsable de Ordenamiento Territorial, a fines de junio de 2012 el Ejecutivo le solicitó a la familia Segurola un proyecto que contenga los siguientes puntos: qué tratamiento se dará a las exigencias de dotación de infraestructura; propuesta para la implementación de áreas verdes y públicas obligatorias; propuestas de usos e indicadores a asignar; qué previsiones efectuarán sobre el resto de la propiedad (segunda parcela) e indicar representante y domicilio legal donde cursar notificaciones a la sucesión de Segurola.

 

Las propuestas

 

En octubre, los dueños indicaron que con respecto a la infraestructura, “la Dirección de Geodesia solamente requiere apertura y librado al uso público de calles y provisión de energía eléctrica y alumbrado público”.

También manifestaron que la apertura de calles, alcantarillado y mejorado habían sido efectuados con constancia municipal, y solicitaron que la Usina certifique la factibilidad de obra ya que la zona contaba parcialmente con servicio de alumbrado.

En cuanto al resto de la infraestructura, “correrá por cuenta y obra de los adquirentes titulares de dominio de dominio de las distintas parcelas, para lo cual se propone dejar salvada dicha cuestión, haciendo constar como restricciones en el plano respectivo”.

Además, propusieron ceder como espacio verde el esquinero norte de la segunda parcela, con las dimensiones que fije la autoridad de aplicación de acuerdo a la normativa vigente.

Completaron los requerimientos con los indicadores urbanísticos correspondientes al uso residencial extraurbano para vivienda unifamiliar con una densidad máxima de 50 habitantes por hectárea y para la segunda parcela, uso residencial extraurbano 2 para vivienda unifamiliar con una densidad de 40 habitantes por hectárea.

A partir de la intención de trasladar parte de la infraestructura a los futuros adquirentes y el proyecto de generar parcelas de 30 metros de frente y 1600 metros cuadrados, en diciembre de 2012 el secretario de Obras Públicas Mario Civalleri comunicó que esas excepciones sólo podrían resolverse a través de un convenio urbanístico en el que también se podría debatir la cesión de espacios verdes.

 

El convenio urbanístico

 

De este modo, en octubre de 2013 los integrantes de la familia Segurola solicitaron “dar curso a los trámites pertinentes tendientes a la aprobación definitiva de la subdivisión que se propone” según el plano del agrimensor Schang. Al mismo tiempo, reconocieron que el proyecto no cumple con el PDT, pero pidieron valorar las propuestas realizadas “para una plena y legítima justificación por vía de excepción o como así lo disponga quien corresponda”.

En esa nota, por primera vez los dueños expresaron formalmente la iniciativa de donar una porción de la parcela 2 al Municipio “con destino a la creación del Parque Segurola” y se pusieron a disposición para “suscribir los instrumentos legales que así lo aseguren”.

El expediente pasó nuevamente por el Area de Ordenamiento Territorial, que depende de la Dirección de Desarrollo Urbano, que en diciembre de 2013 consideró “aceptable” y que “satisface lo requerido oportunamente por el Municipio respecto del tratamiento de la rivera del arroyo La Cascada”. Al mismo tiempo, requirió que en el plano de mensura y división la zona 2 figure como espacio libre público a ceder.

A partir de entonces, desde Obras Públicas encomendaron al director de Rentas y Finanzas, Luis Edgardo Jensen, realizar los estudios correspondientes con el fin de evaluar la firma de un convenio urbanístico.

Luego, el 13 de febrero de 2014, el Area de Catastro Económico, a cargo de la arquitecta María Sol Galindez Peña, propuso que los solicitantes cedan al Municipio una superficie libre de calles de 61.119,68 metros cuadrados, con destino a espacio verde público libre de edificaciones permanentes, y recomendó que se inscriba en el plano de subdivisión y mensura como espacio libre público a fin de salvaguardar su condición actual. Por último, indicó que dicho predio se llamará “Parque Segurola”.

Finalmente, se elevó al Concejo Deliberante la ordenanza con el pedido de excepción y la asignación de los indicadores, además del convenio urbanístico firmado el 1 de octubre de 2014 por el intendente Miguel Lunghi y los propietarios para su convalidación.

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