Desalojaron a las familias que ocuparon terrenos municipales en calle Los Jazmines al 2100
Dos familias fueron desalojadas ayer de terrenos municipales ubicados en Los Jazmines al 2100, en el barrio La Movediza, donde residían en precarias construcciones desde octubre pasado. Los ocupantes alzaron sus pertenencias y abandonaron el lugar de manera pacífica. Ya recibieron ayuda desde la Secretaría de Desarrollo Social y, por el momento, se hospedarán en lo de sus familiares.
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El megaoperativo policial, que comenzó alrededor de las 8 y se extendió hasta las primeras horas de la tarde, se efectivizó en cumplimiento con la orden emitida por el juez de Garantías, José Alberto Moragas, a partir de la denuncia radicada por la Municipalidad de Tandil por usurpación.
Estuvo a cargo del jefe de la Policía Distrital, Rubén Frassi, y participó personal de Infantería, el GAD y las cuatro comisarías con un total de diez móviles. En el lugar también estuvieron presentes el defensor oficial Diego Araujo y, por el Municipio, el director de Legal y Técnica Juan Martín Pisani y su par de Protección Ciudadana, Martín Romano.
Cabe recordar que la situación se desató a mediados de octubre, a raíz de algunos hechos que fueron advertidos por vecinos del lugar, quienes en todo momento siguieron muy de cerca el procedimiento que se desarrolló ayer.
En aquel entonces, las familias que ocuparon los terrenos argumentaron que los habían adquirido de buena fe, aunque desde el Municipio se explicó que la documentación que poseían no tenía validez y se avanzó entonces con una presentación ante la Justicia pidiendo el desalojo.
A partir de allí, autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social avanzaron con ambos grupos familiares en
distintas reuniones en pos de arribar a un acuerdo. Fue así como finalmente se resolvió asistirlas en diferentes cuestiones, entre ellas, una ayuda para afrontar el pago de un alquiler, aunque por el momento los ocupantes se hospedarán en lo de sus familiares.
Los detalles del
procedimiento
En el marco del operativo, en el que afortunadamente no hubo incidentes, el jefe de la Policía Distrital, Rubén Frassi, detalló a El Eco de Tandil que estaban efectivizando una orden de allanamiento y desalojo radicada por la Municipalidad, en el marco de la causa 3993/17, firmada y autorizada por el juez de Garantías, José Alberto Moragas, para desalojar y restituir los terrenos.
Para el procedimiento, confirmó que fueron afectados personal de Infantería, el grupo GAD y de las cuatro seccionales policiales.
Desde el Municipio, en tanto, además de la presencia de las autoridades de la Secretaría de Protección Ciudadana, también se destinó un camión para cargar los materiales con los cuales habían sido construidas las precarias viviendas que finalmente ayer fueron desarmadas.
“Son dos familias con menores de edad y todo se está desarrollando con plena normalidad y en paz. Estamos desarmando una de las edificaciones y ahora empezaremos con la otra”, afirmó Frassi.
La denuncia
Por su parte, el director de Legal y Técnica, Juan Martín Pisani, explicó que “el operativo de desalojo tuvo como origen una denuncia que interpuso en octubre pasado el Municipio con motivo de unos hechos que nos hicieron llegar los vecinos del lugar”.
Respecto a lotes, ratificó que “pertenecen a un plan federal, fueron adjudicados en su momento a determinada gente y recientemente ocupados por terceras personas. Por eso, la denuncia de usurpación que se interpuso”.
Sin embargo, con documentación en mano, las familias contaron en su momento que uno de los terrenos les había sido cedido y el otro vendido por dos de los beneficiarios de ese programa.
“Nosotros cuestionamos esos papeles en el marco de la denuncia porque las personas que los firmaban no tenían ningún tipo de legitimación. Los terrenos pertenecen a un plan federal de Gobierno, pero están a nombre de la Municipalidad”, insistió el funcionario.
Respecto al futuro del predio, no pudo brindar precisiones porque “es algo que tenemos que charlar con la gente de Desarrollo Social y quizás pueda involucrar a otras esferas de Gobierno”, deslizó.
Por último, Pisani confirmó que permanecería en el lugar para “contener la situación”, sobre todo, respecto a la presencia de menores, hasta tanto finalizara el procedimiento.
La asistencia de
Desarrollo Social
El subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri, brindó detalles de la negociación que se llevó adelante con ambos grupos familiares desde el momento de la usurpación en pos de arribar a un acuerdo y brindarles asistencia en diferentes cuestiones.
“Me reuní no menos de tres o cuatro veces con ellos. Desde un primer momento, les dijimos lo mismo y lo que teníamos a disposición en la secretaría para darles una mano. Estamos hablando de dos familias numerosas: Lorena Del Negro con su marido Guillermo Cardoso tienen cinco hijos; y Elsa Patricia Rivero y Ricardo Gómez tienen cuatro, todos menores de edad”, precisó.
Ante esta situación, explicó que desde un primer momento se les ofreció ayuda para afrontar el pago de un alquiler durante un tiempo determinado, pero las familias no quisieron. Sin embargo, ya cuando comenzaron a llegar las notificaciones de la Justicia accedieron a volver a reunirse y se fueron buscando, de a poco, alternativas para avanzar en ese sentido.
No obstante, Civalleri aclaró que por el momento ninguno de los dos grupos familiares acercó una propuesta, pero saben que irán a las casas de sus familiares hasta tanto consigan un lugar.
“Lorena Del Negro y Guillermo Cardoso van a ir a lo de Elena Almaraz, la suegra de Lorena, que vive en Los Jazmines 2017. A ella le quedaba terminar un bañito, así que les hemos dado una mano con algunos materiales para que puedan hacerlo y trasladarse allí mientras buscan algo. Y en el caso de Elsa Patricia Rivero, la hermana vive cerca de allí y supongo que en estos días estará allá hasta que consiga algo”, detalló.
En tanto, sobre la situación laboral de las familias, el subsecretario de Desarrollo Social contó que “los dos hombres están haciendo changas y las mujeres están al cuidado de los chicos. Obviamente que en ambos casos tienen Asignación Universal y demás, así que lo que necesitábamos era colaborar con el alquiler”.
En realidad, aclaró que “su primer pretensión era que se les diera otro terreno, a lo cual siempre estuvo la negativa desde el Municipio. Hoy no tenemos terrenos afectados para ello, sino que los tenemos todos para planes de vivienda. Además, en el caso de tener alguno, no se lo entrega a una familia particular, sino que tendríamos que buscar algún mecanismo o herramienta de entrega”.
Por lo tanto, si bien confirmó que “ambas familias se resistieron en un momento a un alquiler”, desde la secretaría se instó a mantener el diálogo abierto, siempre con la posibilidad de ayudarlas para que puedan acceder a un alquiler.
“En estos días, suponemos que van a estar instalados momentáneamente en lo de algún familiar o amigo, y después sí comenzarán a buscar algún alquiler, y veremos cómo los seguiremos ayudando desde la secretaría”, finalizó Civalleri.
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