Dos firmas relacionadas al Municipio están involucradas en las conexiones clandestinas detectadas por la Usina

El directorio de la Usina se presentó en el Concejo Deliberante. Fue a brindar información sobre los casos de usuarios con conexiones clandestinas. Una firma ganadora de una licitación de una obra pública y otra a cargo de la concesión del Castillo Morisco están señaladas por adulterar medidores. La oposición pedirá documentación y presentará un pedido de informes para estudiar el tema y determinar el accionar.

El Eco

En medio del escándalo por la adulteración de medidores del servicio de energía eléctrica, que tomó estado público a raíz del requerimiento que impulsó el bloque Integrar, el directorio de la Usina Popular y Municipal SEM acudió al Concejo Deliberante con el objetivo de clarificar la situación, en una presencia inusual para la actual gestión.

El presidente de la empresa de capitales mixtos Matías Civale encabezó la comitiva, y se presentó en el primer piso de la Municipalidad acompañado por el vicepresidente Atilio Magnasco, el secretario Sebastián Alewaerts, los directores Horacio Juan Canziani y Ezequiel Lester, los  síndicos Marcos Redolatti y Javier López, y por el gerente administrativo Mario Cabitto.

Los integrantes del directorio se reunieron con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y con los titulares de las bancadas Mario Civalleri (UCR – Cambiemos), Rogelio Iparraguirre (Unidad Ciudadana), Facundo Llano (Justicialista) y Nilda Fernández (Integrar) y a la mesa también se sumaron María Eugenia Poumé y Gustavo Ballent.

Durante el intercambio, que se generó por la presión pública frente a la demanda por información, los directivos expusieron detalles sobre los procedimientos administrativos que lleva adelante la distribuidora a partir de la detección de conexiones clandestinas y las sanciones aplicadas.

También aportaron información y respondieron inquietudes acerca de las anomalías detectadas en los medidores pertenecientes a usuarios que realizan un consumo no residencial.

La instancia de diálogo, que se extendió por más de dos horas, fue celebrada por la oposición dada la falta de respuesta que suelen encontrar frente a determinados temas. Sin embargo, lo expuesto en ese ámbito abrió una serie de interrogantes que determinaron el requerimiento de documentación que respalden la información compartida y la presentación de un pedido de informes al Gobierno comunal.

En principio, se trata de dos empresas con vinculación con el Ejecutivo, una proveedora de obra pública y otra que tiene a cargo la concesión del Castillo Morisco.

“Con obligaciones con el Estado”

Finalizado el encuentro Rogelio Iparraguirre puso el foco en el caso de dos empresas que mantienen vinculación con el Gobierno comunal a las que se les detectó, en distintos emprendimientos, medidores adulterados para disminuir el consumo de energía.

Desde esa perspectiva el interrogante por resolver será “qué hizo el Intendente cuando tomó conocimiento de esta situación en junio pasado”, planteó.

En busca de una respuesta a esa pregunta es que el lunes presentarán un pedido de informes al Ejecutivo porque “no queremos dejar pasar tres meses como lo ha hecho Lunghi”.

Con especial preocupación por la situación detectada, e independientemente de las medidas que adoptó la empresa de capitales mixtos -si avanza solo por la vía administrativa o adopta la instancia penal-, el concejal de Unidad Ciudadana alertó sobre la inacción del Estado municipal y de “su principal representante, Miguel Lunghi” frente a “dos empresarios con los que tiene relaciones contractuales”.

Dijo que “uno es un constructor que ganó la licitación para construir la obra más grande que va a hacer Tandil con el Fondo de Financiamiento Educativo como son las piletas cubiertas y climatizadas del CEF, la constructora de Zangari (Zya SA)” por una irregularidad detectada en “Fuente de Alegría” y la otra fue en “la fábrica de Alfajores 1823 de Pastor, que también tiene relación contractual porque es concesionario del Castillo Morisco”.

Es decir “son dos empresarios que han generado obligaciones con el Estado municipal”.

En ambos casos la tarea apuntará a estudiar el contrato de concesión para la administración del espacio público ubicado en la cima del Parque Independencia, “algo que venimos pidiendo desde hace cinco meses y no conseguimos ni la fotocopia” para determinar si existe alguna cláusula que indique si es “pasible de perderla”, y el pliego de la licitación para la construcción de las piletas para determinar “si incurrió en un delito contra la administración pública”.

De todos modos el concejal aclaró que la obra “no tiene nada que ver con el emprendimiento comercial Fuente de la Alegría, es el mismo empresario”.

“Estudiar el tema”

A la espera de documentación que avale lo expuesto, Facundo Llano precisó que el directorio brindó detalles y nombres de empresas, algunas de las cuales mantienen “vinculaciones con el sector público”, punto que genera mayor preocupación.

Además sostuvo que, de acuerdo a lo que se informó, la administración comunal conocía esta circunstancia desde junio pasado “pero nosotros no lo sabíamos”, por lo que ratificó que estudiarán ambos casos, independientemente del proceder de la Usina, a partir de la vinculación con el sistema público.

“Hay que estudiar el tema”, remarcó y reconoció que es “muy delicado” dado que involucra relación con la parte pública, por lo que solicitó el listado de empresas multadas por este tipo de irregularidades, en especial aquellas relacionadas con el Estado.

Compartió la “crisis” en Tandil respecto del aumento en el valor por el consumo de energía eléctrica, argumento a partir del cual pequeñas industrias tuvieron que afrontar el pago de importantes facturas.

Algunas de ellas “han adulterado los medidores”, en una medida que ocasionó un “perjuicio al Estado municipal y a la Usina como concesionaria del servicio”.

De todos modos rescató la importancia de la reunión, más aún al considerar que el directorio público de la Usina es “muy reticente” de mantener un diálogo con los concejales.

A partir de esta circunstancia fue que los presidentes de las bancadas de la oposición aprovecharon la oportunidad para consultar sobre otros temas vinculados a la prestación del servicio.

Presencia en el Concejo

Al finalizar el encuentro, el presidente del directorio de la Usina, Matías Civale, afirmó que se presentaron a brindar información precisa sobre los casos y procedimientos “aunque después  cada uno sea libre de tener la opinión que quiera”.

En cuanto a los procesos administrativos que la sociedad de economía mixta realiza para determinar la presunta existencia de fraude, fue cauteloso y evitó aportar nombres alegando que “tenemos dictamen de la asesoría legal de la empresa que nos recomienda hacerlo públicamente”.

No obstante dijo que los ediles tomaron conocimiento y certificó que entregarán la documentación y que “si deciden hacerlo público será responsabilidad de cada uno”. Además argumentó que  en algunos casos se investiga si se produjo un delito, razón por la cual “hay que ser cuidadoso”.

Civale reconoció que “hay muchos” usuarios que tienen adulterados sus medidores pero puso el foco en la atención que despertó la detección de anomalías en el caso de medianas demandas, que corresponden a las tarifas T2 y T3.

Estas medidas, en definitiva, no colaborar en el ahorro de “montos grandes”, y explicó que “tenemos sistemas digitales que detectan dónde se produce el fraude; se cobra en forma retroactiva y con una penalidad del 40 por ciento”, tal cual lo establece el reglamento del contrato de concesión para la prestación del servicio. Por ende “es más lo que terminan pagando que lo que creen que se hubieran ahorrado”.

Volvió a desmentir  categóricamente que se proteja a empresarios desde la entidad y señaló que “para tipificar un delito tiene que haber un daño patrimonial contra la Usina”, por lo que apunta a recuperar ese patrimonio con las multas.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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