El 20 de abril, el Estado recibirá las ofertas para modernizar las rutas nacionales, incluida la 226
El subsecretario de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas, José Luis Morea, confirmó la semana pasada el inicio formal de la licitación para modernizar 2.500 kilómetros de rutas nacionales y crear una nueva red de autopistas y rutas seguras de más de siete mil kilómetros, cuyas ofertas se recibirán el 20 de abril.
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En ese proceso, como se informó en estas páginas, se encuentra incluida la Ruta Nacional 226 en el tramo que incluye a Tandil en la extensión por la zona urbana, en un proyecto que aún no está definido.
Según precisó la agencia de noticias Télam, el Ministerio de Transporte lanzó el proceso en enero, con una inversión prevista de seis mil millones de dólares en los primeros cuatro años, y “más de 40 empresas participaron de ese proceso, dos tercios de ellas internacionales -europeas, asiáticas y de Estados Unidos- y se formaron más de diez consorcios” interesados, dijo Morea al disertar en la Cumbre Financiera Argentina.
El funcionario destacó -durante el encuentro organizado en un hotel porteño por la publicación estadounidense LatinFinance- que “heredamos un gran gap (brecha) de infraestructura que el gobierno no puede cerrar por sí solo”.
“La ley de PPP se sancionó en noviembre de 2016, se reglamentó en febrero de 2017 y en junio se creó la unidad que trabajó desde entonces con los ministerios de Energía y Minería, de Transporte, Interior y Obras Públicas y otras carteras, coordinados con la Jefatura de Gabinete y los gobiernos provinciales”, reseñó Morea.
El tramo de Tandil
Hasta el momento aún no hay definiciones sobre el proyecto que se implementará en Tandil, por lo que deberá completarse el proceso convocado por la Nación. En efecto, una vez que se adjudique la obra, el ganador tendrá que presentar el proyecto ejecutivo que deberá incorporar, en detalle, cada uno de los aspectos técnicos de la obra vial para los dos anteproyectos vigentes. Allí, entonces, la Dirección de Vialidad, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, determinará qué alternativa resulta más beneficiosa.
En principio, habrá dos anteproyectos técnicos para la traza nacional, a los que se suma la sugerencia que oportunamente realizó el Ejecutivo. La primera opción plantea una variante de la traza en la zona urbana, una suerte de corrimiento hacia Circunvalación, con una extensión de 14 kilómetros.
El segundo escenario apunta a desarrollar una “travesía urbana” a lo largo de un sector delimitado de la Ruta 226. Esta intervención apunta a implementar dos carriles por mano, con un jardín central y las correspondientes colectoras, en un recorrido que se iniciará unos 1.400 metros antes (para el lado de El Paraíso) de la rotonda de Reforma Universitaria hasta el cruce con la ruta provincial 30. La discusión posterior será determinar si se realiza un terraplén o un viaducto.
Una de las posibilidades sería elevar la traza y efectuar cruces a nivel a la altura de la avenida Falucho, de la avenida Espora y de la calle Rauch para que los vecinos puedan cruzar en, al menos, esos tres puntos.
En su momento el Municipio propuso la construcción sobre nivel la autovía, lo que permitiría eliminar la barrera vial desde la rotonda de Reforma Universitaria hasta aproximadamente la calle Pujol.
El proceso
En el caso de las rutas y autopistas, cuyos trabajos se prevé que comiencen en la segunda mitad de este año, evaluó, “estamos avanzando de forma muy rápida, ya que el proceso se lanzó en siete meses cuando en España un concurso por un monto similar les llevó dos años”.
“Estamos haciendo todo a contra reloj, tratando de apurar lo más que se puede; la ley nos permite un balance mayor entre los riesgos asumidos por el Estado y los privados, y que el financiamiento pueda surgir de los actores privados, a riesgo de ellos”, explicó Morea.
Mediante el sistema de participación público privada, que “tiene más de 30 años en la región con experiencias en Perú, Colombia, Chile y México, nos enfrentamos en Argentina a un portfolio total de inversiones por 26 mil millones de dólares en más de 60 proyectos”.
Otros dos tramos
de licitación
Por otro lado, Morea precisó que a la licitación de rutas y autopistas le seguirán “otros dos tramos por un monto total de hasta ocho mil millones de dólares en proyectos viales, de transmisión eléctrica y ferroviarios, como el tren a Vaca Muerta (la formación de hidrocarburos no convencionales de Neuquén) que llevará la arena que necesita el fracking para extraer el shale gas”.
También habrá “una serie de inversiones en infraestructura social: acueductos, plantas potabilizadoras, de tratamiento de efluentes líquidos, siete hospitales (seis en Buenos Aires y uno en Neuquén), complejos penitenciarios y educativos”, detalló.
Morea destacó el soporte del Banco Mundial y de la CAF (el Banco de Desarrollo de América Latina) para respaldar las fuentes de financiamiento que puedan surgir.
Dado que se trata de obras con varios años de construcción, “habrá una emisión trimestral de títulos para dar derecho a cobro en diez años a través de un fideicomiso que permite realizar pagos en moneda local con ajustes, mientras el impuesto al gasoil será una fuente de fondeo”.
El funcionario resaltó que “además de admitir el arbitraje internacional en caso de conflictos, la ley ofrece un menú de opciones para diseñar la estructura jurídico financiera que permita destrabar las decisiones de inversión”.
“El apetito que existe hoy por este riesgo argentino va a ser suficiente para llevar adelante el plan de infraestructura vía PPP, y vamos a atraer a nuevos inversores que ampliarán el financiamiento y la inversión extranjera directa”, concluyó Morea.
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