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El Movimiento Activista denunció al Intendente y a Sánchez Chopa por incumplir ordenanzas que regulan la tenencia de animales

Hicieron la presentación en una fiscalía de Azul, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Señalaron que intentaron, “en numerosas ocasiones solucionar la problemática” y al no tener respuestas, como último recurso, acudieron a la Justicia.

El Eco

La asociación civil Movimiento Activista Animal, por intermedio de su presidente Ezequiel Escudero, denunció al intendente Miguel Ángel Lunghi y al director de Bromatología Federico Sánchez Chopa por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. La presentación judicial se sustenta en las reiteradas demandas sin respuesta frente a la situación de la fauna urbana y la falta de control para el cumplimiento de las ordenanzas vigentes.

La denuncia penal, que se radicó en la Unidad Fiscal Instrucción de Investigaciones Especiales de Azul, se realizó “en virtud de las reiteradas negativas” de ambos funcionarios “de cumplir con las ordenanzas 7028, 9740 y 15931 de nuestra ciudad, lo cual configura conforme entendemos la figura típica de desobediencia de los deberes de funcionario público”.

En el escrito al cual tuvo acceso este medio, aclaran que recurrieron a la presentación “como ultima ratio, dado que hemos intentado en numerosas ocasiones solucionar la problemática en cuestión, acudiendo incluso al Concejo Deliberante de la ciudad de Tandil, encontrándonos en la obligación de tener que recurrir a la jurisdicción penal a los efectos que se castigue el incumplimiento sistemático y doloso de la normativa vigente en relación a la fauna urbana de nuestra ciudad”.

Argumentaron que el artículo 248 del Código Penal que dispone prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial para el funcionario público que no ejecute las leyes cuyo cumplimiento le incumbe.

Y citaron la figura que en la doctrina se conoce como “retardo administrativo”, al entender que la omisión configura un delito, ya que el funcionario público “asume una posición de garante respecto del bien jurídico protegido”.

Los hechos

Al describir los hechos comprendidos en la denuncia, la ONG señaló que el no aplicar las ordenanzas “es realmente grave, no sólo por los efectos” en los vecinos de la ciudad, sino también por “la desprotección de la fauna urbana de Tandil”, sumado a lo que implica que los funcionarios no cumplan con las ordenanzas vigentes.

Luego, enumeraron las presuntas faltas en que incurren los funcionarios y mencionaron que el área de Bromatología y Zoonosis no cumple con el registro donde se archiven los informes fundamentados de cada caso de captura, eutanasia y situaciones epidemiológicas o de riesgo grave que atenten contra la salud pública, que debe elevar en forma mensual al Concejo Deliberante.

En otro párrafo, denunció que la normativa habilita a recoger perros de la vía pública cuando se encuentre “comprobado” mediante prueba fehaciente que ha mordido o lesionado o representa un peligro para la población.  “La Dirección de Bromatología constantemente se encuentra recogiendo de la vía pública animales sin ningún tipo de prueba”, afirmaron y señalaron que en el predio de zoonosis tiene “un número incierto” de canes, pero además no hay registros.

También enfatizaron que la normativa estableció la figura de “perros o animales comunitarios”, que son los que no tienen dueño pero que viven gracias al amparo de personas o barriadas, por lo que no pueden ser retirados de la vía pública.

En cuarto lugar, observaron la falta del registro de tenedores de perros potencialmente peligrosos ni emite las licencias que determina la Ordenanza 9740. Tampoco intima a los propietarios a colocarles el chip reglamentario y adjuntó un acta de inspección a un domicilio donde se constató la presencia de cuatro perros, tres Dogo Argentino y un Rhodesian Africano, sin respetar la normativa, frente a lo cual no se labraron infracciones.

Le sumaron las 47 denuncias por maltrato animal que realizó la ONG hasta el momento y aseguraron que los inspectores acudieron al lugar de los hechos para las constataciones con 19 días de atraso, en promedio.

Por último, indicaron que los funcionarios tampoco cumplieron con la Ordenanza 15931 de Acceso a la Información Pública y adjuntaron las seis notas que canalizaron por vía formal y no fueron respondidas.

Pruebas

La ONG solicitó ante la fiscalía temática de Azul algunas medidas de prueba, con la solicitud a Bromatología copias del registro de tenedores de animales potencialmente peligrosos, del legajo de los animales alojados en el predio de zoonosis, de los informes mensuales que debe elevar al Concejo y del listado de animales potencialmente peligrosos.

Por otra parte, acompañó la denuncia con las copias de las notas presentadas por Mesa de Entradas y Salidas del Municipio y que aún no obtuvieron respuestas.

Comunicado

A través de un comunicado, el Movimiento Activista Animal dio a conocer a los vecinos “el lamentable proceso penal que la organización debió llevar adelante el pasado 20 de septiembre”.

Fundamentó que la denuncia fue debido “a las reiteradas demandas por parte de la ONG, hacia las autoridades locales, no sólo al responsable de Bromatología y Zoonosis, sino además al HCD y al propio responsable del Ejecutivo, en lo relativo a cuestiones relacionadas con la fauna urbana local y al incumplimiento de las correspondientes ordenanzas vigentes”.

También mencionaron que la “omisión” de las respuestas se extendió durante “un largo período”, a través de solicitudes por vías formales, y explicaron que “incumplir los deberes de funcionario público no sólo implica una grave falta en lo relativo a las responsabilidades propias de cualquier funcionario, sino que ponen en riesgo la legitimidad de las instituciones y la garantía del adecuado funcionamiento de las mismas”.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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