El Oído agudo
UN GESTO QUE NO ALCANZA
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A pocos les resultó ajena la movida de las autoridades del Concejo para exponer un “gesto” a modo de respuesta al presunto clamor popular de muestras de austeridad en tiempos de crisis y, en especial, tras el proyecto presentado por Juana Echezarreta de la mano de Marcos Nicolini.
Como se informó, anunciaron el acuerdo de los bloques para no percibir el último incremento acordado con el Sindicato de los Trabajadores Municipales, lo que incluso mereció una embestida desde el gremio al aclarar, no sin ironía, que los ediles renunciaban a algo que no les correspondía percibir.
Más allá de las interpretaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades que se haga respecto a si les correspondía o no a los concejales cobrar un porcentaje del incremento en cuestión, hasta el más distraído se detuvo en la movida política entre el oficialismo y la oposición encabezada por Rogelio Iparraguirre a modo de respuesta al proyecto que había presentado la concejal nicolinista.
El lunghismo e Iparraguirre saben, en verdad, que el exedil devenido en candidato de Juntos por el Cambio persistirá en la idea de presentarse como opción política en las elecciones que vienen y, ni al actual oficialismo ni al justicialismo le conviene seguir fogoneando la figura del radical más macrista. Por eso este acuerdo político que, a priori, parece no responder a las pretensiones del proyecto que presentó el nicolinismo, ya que habla de congelar las dietas de toda la planta política, entre ellos los integrantes del Ejecutivo que, hasta la fecha, han hecho mutis por el foro.
D´ALESSANDRO SOLIDARIO
En relación a lo señalado en el párrafo anterior, el secretario general de los municipales Roberto Martínez Lastra salió rápidamente a fustigar el renunciamiento que los ediles hicieron respecto del último aumento por considerar que no correspondía aplicar a las dietas del Concejo en virtud de ser no remunerativo.
Con singular picardía y maldad los acusó de renunciar a nada. Sin embargo, no se percató de que uno de los tres concejales que firmaron la renuncia al aumento, tampoco cobra el sueldo desde que asumió en diciembre del 2017.
En efecto, Mauricio D’Alessandro renunció a toda remuneración y su recibo marca cero desde ese momento. Si consideramos que la dieta de un edil es de 100 mil pesos, la suma que el concejal de Integrar dejará de percibir durante la vigencia de su mandato rondará los cinco millones de pesos. Por lo bajo algunos compañeros de bancada le cuestionaron al mediático abogado no haber efectuado esa donación a una entidad de bien público y D’Alessandro les contestó que confía mucho más en el sistema público para la distribución de ayuda social que en el reparto discrecional que pueda hacer un individuo con una visión parcial de las necesidades más urgentes.
Un gesto que pocos conocen y que merece resaltarse.
DESAFECTADO POR DECRETO
La polémica por la decisión de algunos funcionarios del pasado gobierno nacional que consideran que deben permanecer en sus cargos se mantiene, con lecturas varias que hacen al accionar y pensamiento de dichos agentes públicos que, en verdad, responden a una decisión política de quienes ya no están en el poder.
En la ciudad, se puso especial énfasis en los responsables de la Anses regional y la Udai. En este último caso, el abogado y excandidato por el nicolinismo, Cristian Salvi , resistía en su cargo considerando que su designación además de una cuestión política devenía de su perfil técnico y debía ser considerado como personal de carrera.
Lo contrario interpretan muchos, entre ellos los actuales dirigentes que quedaron a cargo de dichas reparticiones nacionales con sus respectivas delegaciones.
De hecho, se conoció al finalizar el mes de enero una resolución del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) quien da por desvinculados a los agentes en cuestión.
A más precisiones, el decreto resuelve en su artículo 1 considerar desvinculados a los agentes designados transitoriamente, sin estabilidad y ad referéndum de la jefatura de gabinete de ministros que prestaran servicios en esta Administración Nacional De La Seguridad Social (Anses).
En el artículo 2, se desafecta “a partir de la notificación de la presente, a los agentes de esta Administración Nacional De La Seguridad Social (…) de la función y en el ámbito que en cada caso se consigna, por los motivos indicados en los considerandos de la presente”.
Asimismo, en el artículo tercero se da intervención a la Dirección General de Recursos Humanos en el ámbito de su competencia. En el artículo siguiente se establece que a partir de la notificación de la presente, los agentes desafectados deberán presentarse ante la Dirección General de Recursos Humanos a los efectos de su reasignación.
En consecuencia, Salvi fue desafectado de la función que cumplía.
SIN NOMBRAMIENTOS
A propósito de los organismos nacionales y provinciales con asiento en la ciudad, se demoran los nombramientos en los organismos provinciales y nacionales, y no hay visos de que se puedan concretar en los próximos días. Tras las asunciones de Alberto Fernández y Axel Kicillof, se completaron los cargos centrales, pero hay un vacío en las conducciones de los distritos.
Según le contaron a este Oído, la situación es común a todas las ciudades del país, donde no se pusieron en funciones a los encargados de las oficinas de Anses ni de PAMI, tampoco de dependencias ministeriales con extensión territorial como Trabajo o Desarrollo Social.
Una de las razones sería que al no haber presupuestos, resultaría ilógico –y muy antipático frente a las últimas medidas de ajuste- generar más gastos políticos. Sin embargo, esto quedaría subsanado una vez que se renegocie la deuda y se aclaren, al menos un poco, las cuentas de Provincia y Nación.
LA CAUSA DE LOS RUGBIERS
Mientras que las últimas semanas fueron surcadas por el grave episodio en Villa Gesell donde una manada de rugbiers atacó sin piedad a un joven hasta quitarle la vida a golpes de puño y patadas, se mantiene el debate sobre si la calidad de ser rugbiers tuvo que ver con semejante violencia asesina.
A propósito de dicho deporte, trajo al recuerdo de un resonante caso local que, salvando las enormes distancias, también acaparó la atención mediática, cuando en pleno partido de juveniles un jugador de Uncas sufrió una severa agresión que lo tuvo en grave estado por mucho tiempo hasta lograr recuperarse.
Se trató del juvenil Luciano Ortubia, quien recibió un golpe que se presume intencional en la cabeza a mediados de junio del año pasado, durante un encuentro frente a Biguá de Mar del Plata, disputado en la cancha de Uncas. Sufrió una fractura de cráneo que lo dejó en grave estado después de una operación de urgencia.
Por el caso intervino la justicia por una denuncia presentada por los padres del jugador, para intentar determinar las responsabilidades y establecer si se trató de un golpe accidental o de agresión intencional.
Pues bien, el tiempo transcurrió y desde el Fuero Penal Juvenil se arribó a la culminación de la instrucción penal preparatoria, con una imputación por lesiones graves a un joven menor de edad del elenco marplatense.
Asimismo, trascendió que el expediente ahora quedó en manos del Juzgado de Garantías del fuero en cuestión, citando a las partes para una próxima audiencia donde se tratará la suspensión de juicio a prueba.
Cabe consignar que la figura penal aparece en el artículo 76 bis del Código Penal, que establece que “el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba”, lo que permitirá dar por cerrado el conflicto penal no sin antes el imputado someterse a determinadas acciones y conductas a cumplir.
LA DEFENSORÍA EN EMERGENCIA
Se ha detallado hasta el hartazgo sobre la delicada situación que atraviesan distintas dependencias judiciales ante la falta de recursos, sobre todo humanos y, en especial lo que está padeciendo la defensoría oficial.
Tras la jubilación de Carlos Kolbl, ambas defensorías quedaron a cargo de Diego Araujo que, hasta ayer, contó con la colaboración del par del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Leonel Calles.
Resulta que el letrado sufrió una descompensación cardíaca y tras permanecer internado deberá guardar licencia al menos por un par de meses, por lo que todo (causas de mayores y menores) quedó nuevamente en manos del único defensor, Diego Araujo. Más allá del empeño y dedicación de los equipos que trabajan en la dependencia, se trata de un escenario muy complejo y sensible, tratándose de uno de los pilares para que la justicia funcione, como el servicio y derecho a defensa que todo vecino eventualmente procesado tiene que tener.
TIERRA DE NADIE
No es novedad que el acceso a un lote o a una vivienda en Tandil, al menos para los sectores trabajadores, resulta un objetivo muy difícil de alcanzar. Ergo, cualquier oportunidad para aquellos que tienen algún ahorro, se vuelve tentadora, y algunos ejemplos que lo demuestran son las asociaciones que se formaron para comprar tierra en bloque y subdividir luego, y las luchas que han dado los distintos grupos de sorteados en el Procrear para cumplir el sueño de la casa propia.
Eso lo saben, y lo explotan, algunos que cuentan con información privilegiada. Por caso, hay sospechas –hasta ahora sólo eso- acerca de la ocupación acelerada que experimentó el loteo de Villa del Lago, que perteneció a Tandil Inversora SA y que forma parte de una causa por quiebra. Tras décadas “dormido”, de buenas a primeras tomó un inusitado impulso la construcción sobre esa zona rocosa y sin servicios.
A partir del repentino interés inmobiliario que cobró esa ladera del cerro que rodea el Dique, el Intendente se animó a tomar medidas de fondo y elevó la ordenanza para la expropiación de más de 600 parcelas. En acuerdo con la decisión de frenar las edificaciones, desde la oposición ya le reclaman que se anticipe a otras situaciones similares en otros puntos de la ciudad que podrían generar conflicto en el corto plazo.
Con mucha reserva, desde el Municipio admitieron que existen subdivisiones en zonas protegidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), que fueron aprobadas antes de esta ley, pero en tren de no avivar “giles” mantendrán las reservas del caso.
En principio, se espera que en esta ocasión logren anticiparse a la urbanización, teniendo en cuenta que se suceden los antecedentes. Por caso, el sector más alto de Villa Cordobita, donde en pocos años se formó un barrio residencial que convive con lotes tomados por familias que llevaron adelante una ocupación pacífica.
Para dar otro ejemplo, tampoco estuvo claro qué ocurrió en el barrio Los Charitos, ubicado entre el Calvario y Juan B. Justo. Allí también se instalaron familias, pero nunca se reveló cuál es la situación de dominio de ese antiguo loteo.
A esos interrogantes se sumó el debate actual por Villa del Lago y los motivos por los cuales se comenzaron a alambrar lotes, a instalar contenedores y hasta a provocar incendios para “limpiar” el suelo cubierto por vegetación autóctona. Todo esto deja muchas preguntas sin respuesta, que tal vez ameriten alguna investigación por parte de la comuna.
BEBEDEROS PERONISTAS
Esta semana se reactivaron los grupos de Whatsapp de los padres de los colegios, quienes se habían logrado “desenchufar” por poco más de un mes gracias al receso escolar. Fue a partir de un mensaje viral que advertía por la contaminación del agua de dos bebederos públicos ubicados en la zona del Dique.
“Cuidado con el proyecto bebederos”, alertó el posteo, en relación a la propuesta de Ariel Risso, concejal del Bloque del Frente de Todos, tendiente a garantizar el “derecho al consumo de agua”. La iniciativa tuvo gran repercusión en medios provinciales y en portales digitales, pero parece que encontró detractores en su propia comarca.
Al decir de la viralización que se anticipaba a la propuesta de Risso, “hay dos bebederos: número 1 en Zona del Lago del Fuerte, en inmediaciones del kilómetro 0 de la senda aeróbica y número 2 en inmediaciones del exclub de Pesca. Agua bacteriológicamente no potable”. Para coronar el alerta, adjuntaron la foto del análisis de laboratorio, aunque no dejaba claro el lugar en donde se tomaron las muestras.
Hasta allí una acción que suma a la difusión, siempre que la información estuviera chequeada. Lo realmente llamativo es el inicio de la comunicación: “cuidado con el proyecto de bebederos”, como si el legislador de la oposición fuera el responsable por la calidad del agua que llega a los dispositivos –raros y poco frecuentes en la ciudad- que se instalaron en el Dique del Fuerte. A priori, esta situación no debería anular la iniciativa, sino sugerir a Bromatología para que solucione el problema sanitario que pone en riesgo a la población.
LA CHATARRA QUE NO FUE
Se anunció en más de una oportunidad y por razones poco claras aún se aguarda por su concreción. A más precisiones, el director de Control Urbano Vehicular, había anunciado que el Municipio compactaría vehículos secuestrados en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Vehículos y Chatarra (Pronacom).
Mientras se aguarda por una explicación de la mora local, otros distritos realizan la misma operatoria sin más, con interesantes dividendos a favor de la administración pública.
A saber, recientemente desde Capital se informó que más de 80 mil autopartes fueron compactadas, producto de allanamientos e inspecciones realizados conjuntamente por la Policía de la Ciudad, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
En ese sentido, se informó que los 8 millones de pesos que dejará la venta de la chatarra serán donados a la Fundación del Hospital Garrahan.
La compactación se realizó en el predio ubicado en la calle Ferré 2880, del barrio de Villa Soldati, desde donde se llevarán a molienda de la chatarra, que luego se reciclará para las industrias metalúrgica y metalmecánica.
En este caso, las autopartes destruidas son producto de allanamientos en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2019, en un depósito ubicado en la calle Juan Francisco Seguí al 2500, el cual tenía conexión directa de venta con un local de la avenida Warnes al 1200.
Desde febrero de 2017 a enero de 2020 se realizaron en la Ciudad 95 inspecciones y 50 allanamientos, de los cuales en 44 hubo resultados positivos, con 14 detenidos vinculados a la ley 25.761 de Desarmaderos ilegales.