El Oído agudo
JUSTOS Y PECADORES
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El miércoles último, el Movimiento 1 de Octubre, liderado por Griselda Altamirano, tomó por algunas horas la sede de la oficina regional de Anses, ubicada sobre la calle Pinto. Mientras un grupo permaneció fuera de la sucursal, su referente y otros miembros esperaron dentro de la institución.
El motivo de la medida fue encontrar respuesta al pedido elevado hace dos meses para recibir asistencia social en cuanto a chapas, alimentos, colchones y otros elementos que permitan afrontar el invierno en condiciones dignas. En ese entonces, la solicitud no se efectuó solamente al organismo nacional, sino que se acercó también un petitorio a la comuna.
No obstante, Altamirano habló de un trasfondo político y acusó a la agrupación La Cámpora, a la que perteneció el actual titular de la jefatura regional, Darío Méndez, de tener el control total de la asistencia social en la Provincia y hasta habló de “tráfico de influencias” al respecto.
Por su parte, Méndez evitó pronunciarse públicamente sobre el tema y no ofreció declaraciones a la prensa, pero a través de sus redes sociales exhibió un mensaje de Whatsapp que se viralizó, en el que una persona -cuya identidad se desconoce- exponía que el Municipio había mandado a la organización social a reclamar a la dependencia nacional.
Seguidamente, de forma elíptica, el funcionario publicó una historia de instagram en la que se podía leer un cita de la Biblia que hace referencia a los justos y a los mentirosos, “que caerán por su propio peso”. Además, también comenzó a circular por los caminos intangibles de internet un meme en el que aparecen Altamirano y el intendente Miguel Lunghi, el mensaje citado y un interrogante sobreimpreso en rojo: “¿Trabajan juntos?”. Una alianza claramente impensada en la arena política.
Esto no es nuevo, claro, porque también le endilgaban culpas a Lunghi cuando era Diego Bossio el responsable de Anses a nivel nacional y le acampaban en la puerta de la Regional.
El conflicto se desactivó rápidamente -a la tarde los manifestantes desistieron y levantaron el acampe- y no pasó a mayores, pero las habas de la política se siguen cociendo a fuego lento, sembrando dudas malintencionadas y confusiones que darán tal vez para otro capítulo.
A SALVI LE DIERON LA RAZON
Mucho se dijo en el proceso de transición de autoridades en los organismos nacionales acerca de la resistencia de varios dirigentes que, interpretando la letra fría del estatuto laboral, consideraban que sus cargos no revestían una inestabilidad política, que su puesto era de carrera, más allá de haber sido designado en tiempos de colores partidarios afines.
Algunos de los casos se sucedieron en Tandil, donde el abogado Cristian Salvi, en la Udai, y el actual consejero escolar Fabián Riva, en la delegación de Anses en María Ignacia, por caso, apelaron a instancias judiciales al considerarse despedidos de sus respectivos cargos con el cambio de Gobierno.
La crítica no tardó en llegar. Se replicó en varios sectores, incluso hubo fuego amigo, principalmente en las huestes lunghistas para con Salvi, quien se había postulado como candidato a concejal por la línea interna que conducía Marcos Nicolini.
Pasó el tiempo y, al parecer, aquella resistencia jurídica encontró eco en la justicia laboral. A más datos, trascendió que aquellos jefes de Anses que habían sido destituidos por el nuevo gobierno se van reincorporando.
Como detalle, el argumento jurídico utilizado en las apelaciones contó con el puño y la letra del abogado tandilense, quien compartió en un memorándum para que sus colegas lo replicaran con la posibilidad de que prosperaran en el fuero laboral. De hecho, los fallos que se vinieron emitiendo por estos días coinciden con el dictado hace poco por la Cámara Nacional del Trabajo, que reincorporó a una exjefa despedida por Macri, con argumentos que son igualmente aplicables como precedentes a los casos de ahora, entre ellos los de Salvi, quien, igualmente, habría dejado en claro que no tendría intenciones de retornar a la dependencia oficial, pero sí dejar sentado que sus tesis era válida.
EL SOSPECHOSO DE SIEMPRE
Hace exactamente siete días, desde la pantalla de Nación +, el periodista Luis Majul en su programa La Cornisa insistió con informes sobre operaciones de políticos, abogados y periodistas de un canal de cable de televisión que vinculó con el kirchnerismo, en pos de desacreditar a operadores judiciales que llevan adelante investigaciones penales precisamente contra la expresidenta y actual vicepresidenta, como otros tantos dirigentes del palo, en causas conocidas como la de los cuadernos, la ruta del dinero K y más nombres.
Dentro del informe periodístico del programa dominical, Majul y su equipo aludieron a la operación “puf” como la “bomba”, y se encargaron de exponer a distintos actores que orquestan las presuntas maniobras denunciadas. Entre sus actores, a los que calificó de caranchos y mercenarios, le dedicó un amplio espacio a un “viejo conocido” de Tandil.
A más precisiones, se habló sin eufemismos del abogado Franco Bindi, considerado un operador judicial que supo asesorar judicialmente al arrepentido Fariña en su momento y al mismísimo Lázaro Báez más acá, y que ahora, al decir de la denuncia mediática, tuvo injerencia en las operaciones judiciales mediáticas para desacreditar las causas contra el kirchnerismo.
El abogado citado resulta muy conocido por estos lares y, principalmente lo sufrieron los operadores judiciales locales, en la “famosa” como sensible causa conocida como “Gonzalo” o “Sofía”, a propósito de una disputa familiar que derivó en causas penales sin precedentes, con un padre secuestrando a su propia hija con destino desconocido, con la complicidad de Bindi y compañía, hasta que fueron hallados en Brasil y extraditados, con la revinculación de la menor con su familia materna y, con el paso del tiempo, paterna.
Sobre el abogado citado, el informe periodístico capitalino no hizo más que detallar maniobras no muy distintas a las que supo imponer en el grueso expediente judicial tandilense, que motivaron su detención por formar parte de la organización que ayudó al padre a cometer el delito en su momento tipificado como “sustracción de menores” y “falsificación de documento”, aunque con el paso del tiempo y, en especial, con el cambio de fuero (la causa pasó a la órbita federal) la tipificación del delito fue sensiblemente reducido al “impedimento de contacto”, lo que le sirvió a Bindi y sus adláteres a zafar de la cárcel.
Ahora, Majul, además de describir maniobras parecidas, rastreó los antecedentes del polémico abogado con estrechos vínculos con el gobierno kirchnerista (de hecho figuraba como personal del Ministerio de Planificación), subrayando que precisamente figuró por unos meses como prófugo de la Justicia hasta que fuera capturado por Interpol por la causa de Tandil.
Al parecer, el sospechoso de siempre vuelve a hacer de las suyas, con el manto que la impunidad le otorga de acuerdo a los vientos políticos favorables que corren para con su suerte.
OTRO REVÉS JUDICIAL
En pleno aislamiento social preventivo y obligatorio por el Covid-19, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazó un recurso de apelación de un cirujano que fue cesanteado del Hospital Santamarina.
Tras aquel caso resonante que estuvo en la agenda de los medios locales, el médico inició acciones contra la Municipalidad de Tandil por daños y perjuicios. Sin embargo, recibió el revés en primera instancia y también del tribunal de alzada, ante el cual había presentado un recurso de apelación en noviembre del año pasado, mucho tiempo después del incidente que frustró su promisoria carrera –a decir de sus jefes de entonces- en el Hospital Santamarina.
Los lectores más memoriosos recordarán el caso, que se ventiló en 2017, tras una denuncia de pacientes que afirmaron que el galeno les habría ofrecido y comercializado –en dólares-, a través de terceras personas, medicamentos no recetados.
Tras cerrar un sumario administrativo, la comuna lo cesanteó del cargo y el entuerto pasó a la órbita judicial, primero a la penal y más tarde al fuero en lo Contencioso Administrativo, donde el cirujano intentó socavar la investigación interna y los decretos que sellaron su salida del Hospital.
Una de cal y otra de arena para el Municipio en materia de reclamos de profesionales sumariados. No hace mucho la Justicia había fallado en contra, tras la impugnación de los decretos de cesantía de los médicos involucrados en el caso del paciente al que le aplicaron formol en lugar de anestesia. Ahora, en cuanto a la comercialización de tratamientos no homologados, el Ejecutivo salió airoso.
LA TRANSPARENCIA, UNA DEUDA
Esta semana, el Concejo Deliberante trató y convalidó tres pedidos de excepciones que ameritaron la firma de convenios urbanísticos. Para quienes desconocen la normativa, surge del concepto de plusvalía y se fundamenta en la participación del Estado municipal en la renta generada a partir de una decisión administrativa, es decir, cuando se aprueba un proyecto no se adecua totalmente a las ordenanzas vigentes.
Hasta aquí, nada nuevo. Se trata de una herramienta que generó el Legislativo y que fue trabajada por Gastón Morando, en su mandato como concejal. Ahora bien, por ese entonces, el oficialismo celebraba un artículo incorporado que obligaba al Departamento Ejecutivo a publicar la letra de los convenios urbanísticos en la página web del Municipio, para que todos los ciudadanos pudieran conocer los términos antes de que se debatieran en el recinto.
Lamentablemente, esa regla progresista, plena de buenas intenciones y que iba en línea con el empoderamiento de los ciudadanos ávidos de información e interesados por las cuestiones urbanas, ya no se cumple. Los primeros acuerdos se colgaron en el sitio web y aún están disponibles. Luego, pese al imperio de la ordenanza aún vigente, argumentaron que los subirían cuando estuvieran aprobados por el Concejo. Eso tampoco ocurrió.
Con todo esto, y sumado a otras señales que ha dado el Gobierno lunghista en materia de acceso a la información pública –por caso, algo tan sensible como las demoras para actualizar el Boletín Oficial-, la única interpretación posible es que no hay voluntad política de respetar las disposiciones sobre transparencia de los actos públicos que el mismo oficialismo se impone. Una gran paradoja…
EL MINISTRO GOLLÁN Y SUS
RECUERDOS DE TANDIL
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, habló con El Eco de Tandil sobre la situación sanitaria en la región.
La preocupación en ciudades como Tandil donde no se han registrado casos positivos en los últimos dos meses y medio es el conocido “día después”. Para el funcionario, una vez que se retorne a la “nueva normalidad”, aparecerán muchos más casos en el interior, por el traslado de personas. Por eso, según consideró, fue vital realizar un mayor esfuerzo en la zona del AMBA, donde más fuerte circula el virus.
Gollán habló de solidaridad del sistema de salud y destacó que si la ciudad necesita de ayuda ante eventuales brotes, la Provincia estará para asistirla.
El ministro recordó, en la previa de la nota, las dos veces que vino a Tandil en los últimos años, siempre acompañando actividades en las que estaba el referente del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre.
La más recordada fue la de octubre del año pasado, a unas semanas de la elección general, en la sede de la Cámara Empresaria de Tandil. Allí habló ante una cantidad importante de profesionales de la salud y se refirió a lo que él consideraba un “sistema deteriorado” por las malas políticas públicas.
Pero también en esa charla se mostró sorprendido con lo que percibían algunos especialistas del Hospital Ramón Santamarina. Si bien no realizó promesas de cambio de escalas, el mejoramiento de la infraestructura de recursos humanos es un tema pendiente para el ahora ministro de Salud