El Programa Municipal de Acceso a la Justicia, una herramienta valiosa aunque perfectible
El Acceder fue una de las políticas que implementó la Secretaría de Protección Ciudadana para atender las demandas de víctimas de delitos, que no disponen de medios para el patrocinio. La doctora Fernanda Menéndez, quien intervino en varios casos a través de este programa, destacó sus bondades, aunque advirtió que falta brindar información y orientar a los beneficiarios, y mejorar cuestiones administrativas.
Durante el año pasado, el Municipio de Tandil, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, otorgó el programa Acceder –de acceso a la Justicia- a 27 beneficiarios, con una inversión de 707.486,20 pesos. La propuesta, creada por la Ordenanza 15.616, tiene por objetivo que las personas que lo necesiten y que sean víctimas de violencia social cuenten con el patrocinio de un letrado, que los acompañe en el proceso judicial.
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Consultada por El Eco, la abogada Fernanda Menéndez, patrocinante en varias causas que cursan con esta herramienta, realizó un balance del funcionamiento y del trabajo con las víctimas que reciben el acompañamiento.
En 2017, el Concejo Deliberante aprobó el Programa Municipal de Acceso a la Justicia y a partir de su implementación, se abrió un listado de abogados interesados en intervenir en los casos a través del Acceder. En la actualidad, la nómina, que no es vinculante, cuenta con unos diez profesionales y está integrada, en su mayoría, por letradas interesadas en temáticas de género y familia.
“El Acceder, en realidad, lo puede presentar cualquier colega que tenga un caso de violencia, donde cualquier persona sea víctima. Uno le puede ofrecer como alternativa, si no tiene los medios, que se dirija a la Dirección de Género o a Protección Ciudadana, y las asistentes sociales hacen los informes para saber si corresponde. Entonces, si está aprobado, se le otorga el beneficio”, explicó Fernanda Menéndez.
Desde su experiencia, explicó que la mayoría de los casos en los que intervino le llegaron a través de la Dirección de Género del Municipio, aunque en una ocasión le ofreció la alternativa a una clienta que tramitó la ayuda ante Protección Ciudadana.
La Dirección de Género cuenta con el listado de abogados, que se inició hace dos años y sigue abierto para cualquier letrado que tenga intenciones de trabajar en la temática. Esa información se facilita a las víctimas, que eligen y establecen un primer contacto con los profesionales, hasta que optan por el patrocinio.
Falta información
Al evaluar el funcionamiento del programa municipal, consideró que “hay poca información en la comunidad. También nos pasa, lo hemos hablado muchas veces con las colegas que trabajan con el Acceder, que se les ofrece el beneficio pero no se les informa qué es y para qué es el patrocinio”.
En ese sentido, analizó que cuando se trata de causas de abuso, lesiones o existen denuncias acumuladas, los letrados tienen más elementos para trabajar. Como contrapartida, en procesos por desobediencia o amenazas, a veces alcanza con la intervención del fiscal.
Para el caso de las desobediencias -la mayoría por violaciones a la restricciones de acercamiento-, el rol del particular damnificado suele cobrar relevancia para evitar que las causas se archiven. “También es importante estar ahí para estar viendo que se cumpla”, resaltó.
Fernanda Menéndez, quien ya cerró dos casos con este programa y tiene cinco en trámite en este momento, contó que “cuando llegan al estudio, la mayoría son mujeres, les pregunto qué quieren lograr con esto, porque con una desobediencia el agresor no va a ir preso. El objetivo de preguntarles qué es lo que buscan es saber si puedo ayudar o no a la víctima”.
A la escasa información, se suma el desconocimiento de las víctimas en cuanto al alcance de las leyes y la intervención de la Justicia, lo que muchas veces deriva en la disconformidad con el resultado final del proceso penal.
Ante esas circunstancias, la abogada se inclinó por implementar alguna evaluación previa antes de derivar el caso para poder aprovechar mejor el programa que el Estado municipal pone a disposición de los ciudadanos.
Un vínculo estrecho
En cuanto a la dinámica del trabajo, la doctora Menéndez destacó que en algunos casos la intervención del patrocinante redunda en evitar que las causas se archiven, cuando hay reiteradas denuncias a un mismo agresor. De lo contrario, ocurre que “se archivan porque la víctima no ratifica, porque se arrepiente, pero muchas veces no se le da la importancia que amerita el por qué no ratifica o se arrepiente, porque justamente esos también son indicios de la violencia que esa mujer está viviendo”.
Desde su experiencia, señaló que en estos casos los abogados realizan un trabajo de contención, porque son mujeres y familias desesperadas, con quienes mantienen contacto permanente y muchas veces las asesoran en aspectos que nada tienen que ver con la causa. “Los y las que nos dedicamos a esto, lo sabemos. Desde acompañarlas a la Comisaría de la Mujer, muchas veces a pericias donde sabemos que no vamos a poder entrar, y a veces, hacerles entender que no las podemos acompañar porque no vamos a poder entrar. Es muy complejo, porque es gente muy vulnerable, que viene pasando situaciones espantosas”.
La abogada explicó que “muchas veces terminamos dando esa contención que, por más que hayamos hecho 20 mil cursos de violencia y de género, tampoco estamos preparados para eso. No somos psicólogos ni acompañantes terapéuticos, hacemos lo que podemos”.
Los escollos
Por otra parte, Fernanda Menéndez sostuvo que “el otro gran problema que tenemos es la Comisaría de la Mujer, porque nos pasa que las víctimas nos cuentan una historia que no está reflejada en la denuncia que ya hicieron. No se termina de comprender que lo que está en la denuncia es lo que llega a la fiscalía y en base a eso, se trabaja”.
Suele ocurrir que elementos fundamentales no aparecen en las denuncias, entonces “después la causa se archiva, porque cuando uno lee no amerita, o pasa que se las llama a ampliar y se revictimizan”.
En cuanto a la tarea de la dependencia, atribuyó la situación a varias causas, que se conjugan como la escacez personal, mucho trabajo y falta de capacitación, entre otras.
Por el contrario, destacó que en las presentaciones ante la fiscalía, “he tenido buenas experiencias. La realidad es que donde más dificultad he encontrado es en el tema de la Secretaría de Violencia de Género, pero en los delitos más graves, en las otras fiscalías, muy bien. No es que en la Secretaría de Violencia haya sido mal recibida, ni muchísimo menos, siempre excelente, pero están muy tapados de trabajo y es más complicado”.
En la actualidad, la Secretaría de Violencia depende de la Unidad Fiscal de Instrucción 21, que nuclea las temáticas de género y drogas. En tanto, distintas instituciones de la ciudad nucleadas en la Mesa Contra la Violencia de Género siguen reclamando una fiscalía que sólo atienda esta temática.
Falta información
En cuanto al funcionamiento del Acceder, consideró que “es perfectible” y reiteró que una de las falencias es la falta de información para las víctimas sobre qué contempla el programa.
Sumado a eso, prevé un monto máximo de 30 JUS –unidad que determina la Suprema Corte de Justicia-, que se otorga al beneficiario para los honorarios de los abogados. Actualmente se pagan 3 JUS como gastos de inicio del proceso y un adelanto de 15 JUS. Después, cuando se termina el proceso, el abogado acompaña a la sentencia, en caso de que haya, y aporta un relevamiento de su actuación profesional. Tras lo cual, sale el pago.
“El problema es que cuando llega la persona, para incorporarse como particular damnificado, se presenta la documentación desde la Dirección de Género de los informes ambientales y nosotros presentamos la facturación, que tarda como dos meses en salir. Entonces en esos dos meses es dinero que tenemos que poner nosotros para pagar las tasas de Justicia, después se reintegra. Hay abogadas que recién están empezando que les cuesta mucho poder cubrir esos gastos de inicio”, explicó la letrada.
Anticipó que con las colegas que trabajan con el Acceder comenzaron a charlar sobre estas cuestiones, aunque la pandemia frenó la intención de gestionar una reunión con las autoridades municipales para poder mejorar el programa y que derive en un servicio más efectivo para la comunidad.
“El programa está buenísimo, se puede ayudar un montón, pero le falta una vuelta. También este tema de que se tarde tanto en pagar hace que haya pocos colegas que estén interesados en participar en el programa”, resumió.
“Muchas mujeres lo único
que quieren es vivir en paz”
“Falta muchísima formación. Cuesta mucho empatizar con las mujeres y con las disidencias. Primero que nada, entenderlas, por todo ese proceso de violencia, los motivos por los que retiran las denuncias o por qué no cumplen determinadas medidas. Es muy difícil, sin entender lo que es el ciclo de violencia, lo que es la violencia de género, que se pueda ayudar a esas mujeres sin revictimizarlas y sin juzgarlas. Eso lo vemos muchísimo, que se las infantiliza o que las terminen responsabilizando de muchas situaciones de las que no pueden salir”, analizó Fernanda Menéndez.
Advirtió que “una vez que la mujer llega a hacer la denuncia, es súper recontra importante y fundamental apoyarla, porque llegar a hacer la denuncia es un logro impresionante. Si uno encima, después de que llega, no la acompaña, no la apoya, la juzga, todo eso es una frustración terrible”.
En ese contexto, añadió que “aparte, de muchísimas mujeres hay un descreimiento del sistema total, entonces es muy difícil con eso. Lo vemos también con los casos de los niños o de situaciones donde se dictan medidas de abrigo, que no digo que no correspondan pero no se termina de acompañar a esa mujer para que pueda salir adelante o en algunos casos, recuperar a sus hijos si se puede”.
En definitiva, describió que muchas veces la mujer no comprende ni las causas por las cuales se dictó una medida de abrigo para sus hijos y desde los organismos del Estado “no se demuestra empatía”, cuando no se tiene en cuenta su realidad socioeconómica. Entonces, para los abogados es común observar que le solicitan que asista a las 8 de la mañana a una entrevista psicológica, cuando vive lejos, tiene varios chicos y no tiene con quién dejarlos. Es decir, no se tiene en cuenta el contexto en que se encuentra.
En relación a la violencia, describió que “hay situaciones de mujeres que los agresores son el sostén y no tienen dónde ir, no tienen qué comer y no tienen nada. Esa situación hace que vuelvan y esa situación hace que muchos de los operadores que trabajan también se sientan frustrados porque vuelven, pero a la vez no terminan de entender por qué vuelven. Es súper complejo el tema”.
“Feminista antipunitivista”
La doctora Menéndez confió que “considero que soy una feminista antipunitivista y no creo que tenga que ir todo el mundo a la cárcel. No se soluciona con la cárcel. Llevar a la cárcel a un agresor por 6 meses no va a solucionar absolutamente nada, ni a la víctima ni al agresor. Entonces es ver de qué manera podemos reeducar, porque esa persona va a salir dentro de seis meses peor, más enojado. No es la solución”.
En ese sentido, explicó que “lo primero que le pregunto a la víctima es qué es lo querés lograr con este Acceder o con esta causa. Muchas veces lo único que quieren es vivir en paz. Nada más. Que la deje de molestar, que no la siga, que no la llame. Creo que la cárcel no lo va a hacer, tendría que haber otro tipo de controles o de dispositivo que pueda ayudar a que esa persona haga un tratamiento”.