En medio del debate por el boleto, se reedita la puja por la implementación del sistema SUBE
La presentación del precio que para la Cámara de Transporte debe tener el boleto plano de colectivos, que se oficializó esta semana, abrió la discusión en torno a uno de los temas que mayores opiniones cosecha mientras los encargados de definir el nuevo cuadro estudian las distintas posibilidades.
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Con vista a iniciar una nueva discusión para establecer el cuadro tarifario que regirá el transporte urbano de pasajeros de Tandil, resurgió como alternativa el acceso a los beneficios que otorga la tarjeta SUBE para aminorar el impacto de la suba que se avecina, además de otras opciones como el pasajero frecuente.
Lo cierto es que el sistema nacional implementó en abril de 2016 una tarifa social, que contempla un descuento del 55 por ciento en el valor del boleto y está dirigida a jubilados y pensionados, excombatientes de la Guerra de Malvinas, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Plan Progresar, Argentina Trabaja y Ellas Hacen, Monotributo social y pensiones no contributivas.
Mientras los tandilenses continúan sin poder suscribir a estos beneficios, se pone en marcha el debate en el Concejo Deliberante. La Comisión de Transporte buscará alcanzar un punto medio entre la proyección realizada por las empresas del sector y la propia que permita sostener el esquema sin generar un mayor impacto en el bolsillo de los usuarios, en especial, aquellos que utilizan el servicio cuatro veces por día.
Falta de decisión
Entre las opciones, vale citar el proyecto de resolución impulsado el año pasado por el bloque de Unidad Ciudadana y que promovía la adhesión del Municipio al sistema nacional, en coincidencia con una iniciativa similar impulsada por otra bancada. Ambas propuestas se aunaron en un expediente y recibieron el respaldo unánime de los integrantes del cuerpo.
Sin embargo el reclamo del bloque de la oposición apunta que la administración de Miguel Lunghi “nunca tuvo intención” de comenzar a regir con boleto electrónico con dispositivos aportados por la Nación, según expresó el concejal Darío Méndez.
El fundamento es que podría haber avanzado en la adhesión, incluso cuando durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner decidió ampliar la zona de influencia.
La decisión del Ejecutivo de desarrollar un sistema propio, mediante un llamado a licitación que adjudicó a la empresa Eycon, devino tiempo después en la ampliación del mecanismo nacional más allá del AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires) durante la gestión de Florencio Randazzo como ministro de Interior y Transporte.
En esta nueva etapa, la exigencia del Estado nacional para tener control y sostener el pago de subsidios que otorga a empresas del sector modificó el esquema. Por el momento se presentan dos alternativas claras. Incorporar el sistema nacional de forma total, dando de baja los equipos con que cuentan las unidades del transporte urbano de pasajeros; o sostener la modalidad actual, sumando los dispositivos de Nación Servicios para certificar la asignación de los montos destinados a subvencionar el combustible.
La postura del Gobierno local, según lo expresó recientemente Oscar Teruggi a este Diario, apunta a la segunda opción, es decir, sostener los dispositivos instalados por la firma Eycon, firma con la que mantiene una relación contractual hasta noviembre de 2019.
“Ya que cumplimos con determinadas características y tenemos un sistema propio pedimos que abonen los subsidios y nosotros mantenemos el SUMO”, había dicho semanas atrás el funcionario comunal, aunque la decisión de Transporte nacional es negativa en cuanto a la homologación.
Por el sistema nacional
En ese sentido, el concejal de Unidad Ciudadana, Darío Méndez, mantiene una mirada crítica frente a las acciones tomadas en este sentido. Cuestionó que los ciudadanos no obtienen beneficios por utilizar el boleto electrónico del SUMO, sistema que cuesta 10 millones de pesos por año para sostenerlo. “Y la SUBE nos sale gratis”, remarcó, por lo que deslizó un eventual interés económico a modo de respuesta, dejando como alternativa para sostener el negocio la continuidad del estacionamiento medido (sin definición en cuanto a las bicicletas).
Frente a eso, la bancada de Unidad Ciudadana insistirá con un planteo político que pondrá la mirada sobre el costo y la calidad del sistema de transporte urbano de pasajeros pero haciendo especial énfasis en el acceso de los usuarios.
Caso contrario “tendremos un boleto caro, con un servicio bueno pero al cual no va a poder subir nadie. Si el Gobierno paulatinamente reduce el porcentaje de subsidios, más impacto tendrá en el boleto”, en una lógica que contradice la tendencia mundial, donde los gobiernos buscan sostener este medio de transporte para disminuir la circulación de autos.
Acceder a los beneficios
El concejal de UCR – Cambiemos, Gabriel Bayerque, también compartió su perspectiva frente al tema. El expresidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, expresó, con vista al tratamiento de la actualización tarifaria, que la premisa apunta a la búsqueda de “puntos de coincidencia” entre ambos estudios de costos con el objetivo que el impacto “sea el menor posible” para el usuario sin dejar de pensar en la sustentabilidad de las empresas.
En cuanto a la SUBE recordó las gestiones impulsadas con el objetivo de homologar el sistema con los dispositivos instalados en la ciudad. “Nunca tuvimos respuestas positivas”, dijo y el reclamo se dilató durante dos años “con la creencia de que íbamos a lograr el objetivo”.
Además ratificó que cuando el Ejecutivo decidió crear el Sistema Unico de Movilidad Ordenada (SUMO) con tres etapas (estacionamiento, boleto y bicicletas) “no teníamos ninguna posibilidad de acceder a la SUBE”.
Posteriormente “se bajó el nivel de exigencia” para instalar la tarjeta nacional “hasta el punto que cualquier ciudad puede disponer de ese sistema”.
Frente a esa circunstancia, la vigencia de un contrato con la empresa prestadora del servicio en Tandil, “las consecuencias económicas debían ser analizadas”, por lo que defendió que “no fue un capricho mío ni del Intendente”.
Pese a los hechos, el exdirector del Sistema Unico de Movilidad Ordenada (SUMO), que administra el estacionamiento medido y el boleto electrónico, aseguró que “lo importante es lograr obtener el beneficio del 55 por ciento para el universo de gente que más lo necesita”.
Por eso ratificó que se deberán sostener las tratativas para solicitar al Gobierno nacional que “baje” los beneficios hasta que se logre regularizar la situación a partir de la demanda por el control de los subsidios.
Por último renegó de la negativa de homologar ambos dispositivos pero ratificó la decisión de sostener las gestiones para lograr esta posibilidad. “Creo que es bastante caprichoso que no nos den esta decisión, es poco acertada”, concluyó Bayerque.
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