En una nueva marcha, responsabilizaron al Estado por los femicidios

El comunicado En el comunicado del Foro de Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres recordaron en primer lugar que se conmemora la fecha rememorando a las hermanas Mirabal, activistas políticas asesinadas en 1960 en República Dominicana por órdenes de un dictador. “Este año, la dureza con que se ha expresado la violencia machista nos empujó a las calles más de una vez. Hemos saltado al grito colectivo desde nuestras casas, trabajos, escuelas. Nos hemos organizado para decir Ni una Menos. Hemos conformado el hecho político más significativo al sentenciar que el Estado es responsable. Pero no ha sido, no es suficiente”, expusieron. Y añadieron que “entendemos que para terminar con esta violencia que nos mata, no solo debemos contar con leyes que nos protejan sino que es necesario que esa legislación pueda provocar un cambio cultural y que para ello, es preciso poner en práctica nuevas formas de relacionarnos y de comprender nuestros vínculos”.   Cuestionamientos al Gobierno Por otra parte, cuestionaron que el Gobierno lleva “dos años sin poner en marcha la ley sancionada a fines de 2015, que creó el programa nacional de patrocinio gratuito para víctimas de violencias machistas, una de las principales demandas de la primera marcha con la consigna Ni una Menos”. “Recién ahora se implementará una prueba piloto en La Plata, pero en el resto del país ese servicio sigue siendo escaso y desarticulado”, denunciaron. Exigieron mayores recursos para el sostén económico de mujeres en situación de violencia y el desarrollo de políticas a largo plazo para promover el ingreso y permanencia en el empleo, capacitaciones obligatorias para incorporar la perspectiva de género en la Justicia, campañas sostenidas en el tiempo de sensibilización y difusión de servicios en municipios y que lleguen a zonas rurales y a mujeres indígenas. Expusieron que la cifra de un femicidio cada 30 horas en el país no baja, y por eso se manifestaron contra “las violencias machistas y también contra el ajuste económico que promueve el macrismo y los gobernadores”.   254 femicidios en el año Asimismo, reclamaron la necesidad de establecer políticas para abordar las “deficiencias” en la formación y aplicación de una perspectiva de género por parte de los integrantes del Poder Judicial y cuestionaron que la línea de atención 144 no sea accesible para mujeres sordas y personas con otras discapacidades. También recalcaron la necesidad de que se dé continuidad y se profundice la educación sexual integral para eliminar la violencia machista hacia las mujeres y las disidencias sexuales. En tanto, advirtieron que si bien la Ley 26.485 contiene el andamiaje para combatir la violencia machista, cada año “crece el número de mujeres asesinadas” y revelaron que según  el Registro Nacional de Femicidios la cifra desde el 1 de enero hasta el 17 de noviembre ascendió a 254.   Los reclamos en Tandil Puntualmente en lo que respecta a esta ciudad, pidieron que se incorpore una médica legista al equipo de la Comisaría de la Mujer, y que se generen espacios de formación en perspectiva de género para los agentes que trabajan en esa institución. Además, exigieron que se dote de recursos humanos y materiales necesarios a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Por otro lado, reiteraron la necesidad de que se cree una comisión de género en el ámbito del Concejo Deliberante porque la ausencia de la misma “ha dificultado el diálogo y entendimiento” de los planteos realizados por organizaciones de mujeres vinculados a la problemática de género. En ese contexto, reclamaron que se discuta en el recinto el proyecto de emergencia pública en materia social por violencia de género que fue presentado en 2015. En tanto, celebraron la creación de la Mesa contra la Violencia pero pidieron que se institucionalice y que participen las dependencias municipales que trabajan en la temática, como la Secretaría de Protección Ciudadana.   Derecho al aborto Volvieron a reclamar el derecho al aborto, y la institucionalización de las consejerías en salud sexual que funcionaban desde enero en el Sistema Integrado de Salud, las cuales fueron suspendidas. Y exigieron que se garantice la continuidad de la Interrupción legal del Embarazo en el Hospital Ramón Santamarina y los centros de salud, así como el suministro de misoprostol. Además, reclamaron la incorporación de médicos y médicas no objetores de conciencia en el servicio de tocoginecología del hospital, lo cual vienen pidiendo hace cinco años. Y expusieron la necesidad de la continuidad del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y la garantía de suministro de métodos y elementos anticonceptivos, tratamientos de VIH y el suministro permanente de preservativos de calidad. “Necesitamos al reglamentación de Acceder y Asistan, y seguimos reclamando el patrocinio jurídico gratuito para mujeres en situación de violencia”, manifestaron. Asimismo, exigieron justicia por Ailín y políticas públicas de prevención e información de parte del Estado en sus tres niveles. Finalmente, se manifestaron en contra del “achicamiento del Estado que golpea nuestra capacidad de decir basta, recorta nuestra autonomía, nos deja más vulnerables frente a las violencias. Porque detrás del aumento de la violencia machista hay una trama económica que nos expone a la pérdida de trabajo, la precarización laboral y la pobreza”. “Estamos convencidas de que la lucha es por derribar creencias y prácticas sociales que sustentan la violencia machista. El Estado es responsable por nuestras vidas”, concluyeron.]]>

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