Especialista en género afirmó que la política pública en la Provincia se centra sólo en la emergencia
Laurana Malacalza, del área de género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, advirtió que la situación del área de género es “crítica” en términos presupuestarios. “La cantidad de femicidios que ocurre en cuanto a denuncias previas da cuenta de un modelo de gestión que falla, que no responde a las necesidades de protección que necesitan las mujeres”, sostuvo.
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Ayer a las 18, en el Aula Magna de la Unicen, situada en Pinto y Chacabuco, se realizó una jornada de cierre de año sobre violencia de género, políticas públicas y estrategias de abordaje desde la sociedad civil. Disertó la coordinadora del área de Género de la Defensoría de Pueblo de la Provincia Laurana Malacalza.
Además, expuso la directora del programa de abordaje integral de la violencia de la Unicen y de Género de Tandil Gisela Giamberardino y las coordinadoras de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar Micaela Herrera y Julia Méndez, y la decana de la facultad de Derecho de la Unicen Laura Giosa presentó oficialmente la diplomatura universitaria superior en estudios de género y estrategias de intervención en políticas públicas que se comenzará a dictar en Tandil en marzo de 2019.
En diálogo con El Eco de Tandil Laurana Malacalza planteó que observa en la provincia una situación “crítica” en términos presupuestarios, en cuanto al dinero que se otorga a cada área tanto en los niveles municipales como provinciales.
“Hemos visto en los últimos años un impacto muy importante en la disminución de los equipos técnicos, de los recursos profesionales”, afirmó.
Atención de la emergencia
Y cuestionó que la política pública “se centró exclusivamente en la atención de la emergencia”, por lo cual “los puntos más importantes de la definición de las políticas provinciales se ha concentrado en la implementación de la línea 144, que es aquella a la cual las personas que sufren violencia pueden llamar”.
“Ese ha sido uno de los ejes; el otro han sido las definiciones de las aplicaciones de seguridad que se bajan en los celulares para denunciar situaciones de violencia. Una política que se concentra en la atención de los casos emergentes y no en las condiciones estructurales que promueven las situaciones de violencia”, sostuvo.
Y en ese contexto, mencionó el impacto de la “profundización del modelo neoliberal en términos económicos y sociales, lo cual influyó fuertemente en términos de desempleo y en la desaparición de los pocos programas como ‘Ellas hacen’ que era una propuesta de inserción laboral para muchas mujeres que estaban en condiciones de violencia o la no implementación de la ley de cupo laboral trans”.
“Parece que es un Estado que viene mucho más demorado en dar respuestas a lo que el movimiento feminista ha generado en el país y la provincia”, señaló.
Ley de Educación Sexual Integral
En cuanto a la ley de educación sexual integral en la provincia, explicó que le llama mucho la atención la falta de coordinación de parte de la Dirección de Educación y Cultura de la Provincia en gestionar la implementación de la ley en todas las escuelas.
“Lo deja como un enunciado de la currícula, pero no gestiona cómo debe ser la implementación o no monitorea si se implementó o no”, sostuvo.
Los femicidios
En lo que respecta a la cantidad de femicidios que ocurre en relación a las denuncias previas, consideró que “da cuenta de un modelo de gestión que falla, que entra en una zona crítica, que no responde a las necesidades de protección que necesitan las mujeres”.
“Es sorprende la cantidad de femicidios que ocurren con denuncias previas, con larga data de gestión estatal frente a esos hechos y el Estado no logró evitar que los femicidios o nuevos hechos de violencia ocurrieran”, sostuvo
Y argumentó que “el modelo dio muestras suficientes de que no cumple con las funciones de protección y atención que las mujeres estamos reclamando”.
Aumentaron las denuncias por delitos
contra la integridad sexual en Tandil
Por otro lado, la coordinadora de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar Micaela Herrera recordó que los datos de 2017 en la provincia revelaron que hubo 98 femicidios y sólo 13 mujeres habían denunciado.
“Los informes sobre 2018 todavía no son oficiales. Sino que son informes que hicieron observatorios de mujeres que indican que del 1 de enero de 2018 al 16 de noviembre de este año ocurrieron 260 femicidios, por lo cual 275 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos. En muchos de esos caso, los asesinos se suicidaron, en otros caso no, pero esos niños quedaron solos, desamparados”, aseguró.
En tanto, el último dato que tienen del Juzgado de Familia de Tandil es del 2016, cuando había 600 causas por violencia intrafamiliar durante el primer semestre de ese año.
“Extraoficialmente tenemos algunos números porque trabajamos con distintas instituciones y también tenemos algunos datos que hoy nos ofreció (la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual) Andrea Rossetti”, indicó.
Abuso sexual
“Lo que sabemos de acuerdo al diálogo con distintas instituciones que intervienen ante situaciones de abuso sexual es que se han incrementado las consultas y las denuncias por delitos contra la integridad sexual a partir del caso público de Thelma Fardin, ha impactado en Tandil en la vía institucional de hacer una presentación judicial o en comisaria”, puntualizó.
Y afirmó que “el caso de denuncias por violencia es elevado. La Comisaría de la Mujer de Tandil, que es la más antigua en la región, tiene 10 años, recibe el 60 por ciento de las denuncias de toda la policía”.
En ese sentido, “estamos pidiendo, y tenemos el apoyo del Ejecutivo, una médica para la Comisaría de la Mujer, hubo una respuesta parcial del Ministerio de Seguridad. El Ejecutivo nos comprometió su apoyo. Estamos pidiendo más personal, un notificador, porque ellos tienen mucha afluencia de notificaciones”.
Las necesidades
“Necesitamos que la comisaría tenga autos cero kilómetro porque sobre todo la de la Mujer tiene mucho recorrido diario por esta cantidad de causas que tramitan. Uno de los principales problemas es la notificación a los agresores sobre las medidas de protección que se toman desde el juzgado. El mismo día debe ser notificado y la verdad que no está ocurriendo”, afirmó.
En tanto, la víctima es notificada por la Comisaria de la Mujer, lo cual se hace en “tiempo y forma”, mientras que al victimario lo hace el resto de las comisarías “que tienen otras tareas”, por lo cual no lo cumplen a tiempo.
“Estamos pensando una propuesta que permita superar esto, lo cual es grave porque si el agresor se presenta en la casa de la víctima, la Policía Local se presenta y no tiene noticias si fue o no notificado, así que están mucho más limitados para tomar medidas en relación a ese agresor”, lamentó.
Y afirmó que “estamos hablando de una instancia muy inicial, muy temprana, a veces estamos avanzando en pensar en nuevas políticas y las básicas no están funcionando”.
En cuanto a los datos que les brindó ayer Andrea Rossetti, detalló que en 2017 se entregaron 231 botones antipánico, mientras que este año se colocaron 159.
Principalmente esas intervenciones se dieron en La Movediza, Las Tunitas y Villa Aguirre, lo cual aclaró que refleja sólo una porción de la población.
“Son parcialidades porque se trabaja con la emergencia. Es de los grandes desafíos trabajar sobre la prevención para llegar a más sectores de la sociedad”, sostuvo.
En lo que respecta al presupuesto de 2018 para el área fue de 6 millones 281 mil pesos, pero finalmente se gastaron 9 millones 85 mil pesos. “Teniendo este dato, estamos esperando cuál va a ser el resultado de la aprobación del presupuesto, cuánto dinero va a ser destinado a la dirección, teniendo en cuenta esta situación”, concluyó.
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