Hace dos décadas se levantaba una restricción que impedía a la Usina cobrar impuestos en las boletas

Hace 20 años, el Oceba permitía cobrar el FAS en la factura de luz y ahora vuelve a imponer la restricción.

El Eco

Mientras el Ejecutivo y la Usina aún buscan certezas en cuanto al impacto que tiene la resolución que días atrás emitió el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), recobró especial relevancia un hecho ocurrido hace 20 años.

En marzo de 1998 la discusión con el ente provincial se dio a partir de la pretensión de la administración comunal de incorporar tributos en la boleta de la luz ajenos al servicio, entre ellos el Fondo de Ayuda Solidario (FAS).

Ese contexto derivó en la creación de una comisión de mediación integrada por concejales y miembros del directorio de la empresa de capitales mixtos, que impulsó ante el Oceba las gestiones tendientes a suspender las restricciones que impedían la carga de esos conceptos en las boletas por el consumo de energía.

Dos décadas después, ese mismo tributo vuelve a estar en discusión en cuanto a los alcances de la resolución emitida por la institución y que establece que las distribuidoras no podrán incorporar en sus facturas “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio”.

La discusión

En marzo de 1998 el por entonces concejal de la Unión Cívica Radical, Carlos Fernández, anunciaba el compromiso asumido por el Oceba a suspender la resolución que imponía restricciones a la Usina, así la empresa podría seguir cobrando tributos.

El actual diputado nacional integraba la delegación tandilense que participó de una reunión que mantuvo con directivos del Organismo de Control de la Energía de la provincia de Buenos Aires para avanzar con las negociaciones tendientes a preservar la facultad de cobro de tributos que se aplican a distintos servicios (Fondo de Ayuda Solidaria, impuesto a la piedra y al alumbrado público).

La comitiva estaba integrada además por quien presidía el Concejo Deliberante, Beatriz Fernández, por el extitular del bloque de la UCR, Carlos Fernández, por Carlos Bassi (Apertura Independiente), y por quienes integraban el directorio de la Usina en aquel momento, Miguel Zubiaurre (expresidente de la empresa), Juan Chrestía (exdirector público), Oscar Peñalba (exdirector privado) y Ernesto Erramouspe (exsíndico).

La comisión de mediación, creada por decreto el 4 de marzo de 1998, había planteado un recurso legal y decidió avanzar en la defensa del derecho de la SEM de seguir percibiendo los tributos.

Suspensión de
la resolución

En declaraciones reflejadas en la edición de El Eco de Tandil del 6 de marzo de 1998, Carlos Fernández anunciaba que Oceba se comprometía a suspender la resolución que imponía restricciones a la Usina.

“La reunión fue muy positiva”, expresaba el por entonces concejal del radicalismo, que alertaba que se habían superado las diferencias existentes en la interpretación de la legislación y que el organismo había aceptado suspender la resolución que impedía a la Usina seguir cobrando tributos.

Fernández reconocía que cambiaron notablemente por parte de Oceba los términos en que se venía negociando, lo que permitía solucionar la controversia, por lo que la decisión adoptada por el ente de control traía un “manto de tranquilidad” a la comuna.

Una nueva
resolución

En consonancia con un recorte impositivo impulsado por la administración de María Eugenia Vidal, hace unos 15 días Oceba emitió la resolución 167/18 por medio de la cual el directorio del organismo resolvió, en su artículo primero, que las facturas a usuarios que emitan los distribuidores provinciales y municipales, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente “solo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”.

La medida tuvo especial impacto en el Gobierno local debido a las cargas impositivas que se incorporaron -y defendieron- en la tarifa de luz en el último tiempo.

En el caso de Tandil, la boleta de la Usina se distribuye con conceptos vinculados a tres ordenanzas que suman tributos a los consumos del servicio: la 2.505, la 5.791 y la 9.495 (la del Fondo de Ayuda Solidaria -FAS-).

A la espera de certezas sobre el impacto que tiene en el estructura local, y respaldado en el plazo solicitado para realizar la eventual transición, el Ejecutivo estudia las alternativas para evitar desfinanciar el sistema.

En concreto, son tres las alternativas en evaluación. Reducir los servicios que brinda la comuna, trasladar esos conceptos a tasas comunales o “achicar” gastos inherentes a la Provincia, como el dinero que se destina al pago de combustible de la Policía Bonaerense o de alquileres de dependencias provinciales.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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