Impidieron el acceso a la planta a los trabajadores de Loimar y se mantienen en estado de alerta
Vencida la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo nacional decidió mantener el status quo hasta el martes para que las partes negocien. Ayer los trabajadores acudieron a la fábrica, pero les impidieron el ingreso. En este escenario, 81 personas quedarían sin trabajo ante el cese definitivo de la producción.
El nuevo año no comenzó con buenas noticias para los empleados de la fábrica de cerámicos y ladrillos Loimar. Tras la conciliación obligatoria que se venció el pasado lunes, el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió mantener el status quo para propiciar la negociación entre las partes y convocar a una reunión el próximo martes en Capital Federal.
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Bajo el arbitrio de la cartera estatal, las condiciones deberían seguir sin cambios pero ayer a la mañana, cuando los operarios se dispusieron a entrar a la planta ubicada en el camino a la Base Aérea -tal como lo hicieron durante la vigencia de la conciliación-, el personal de seguridad no los dejó pasar porque tenían expresas órdenes de impedir los ingresos al predio.
Los delegados de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (Focra) José Goñi y Alberto Algañaraz se hicieron presentes en el lugar y radicaron la denuncia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, cuyos agentes se apersonaron para constatar la situación. También se acercó el secretario general de Focra Azul y secretario adjunto a nivel nacional, Hugo De Franchi, para apoyar a los trabajadores y su lucha.
Los operarios mantienen firme su postura de que se garanticen todas las fuentes laborales, pese a que desde la patronal han manifestado su intención de seguir adelante con los despidos. Además, insisten con que se abonen los salarios y aguinaldos adeudados a la fecha. La semana pasada se realizó un magro pago, pero aún reclaman dos quincenas, medio aguinaldo y el reajuste de paritarias de 2018.
Defender el trabajo
Los trabajadores realizaron una asamblea en el exterior del lugar para definir los pasos a seguir y no descartaron iniciar una medida de fuerza que incluya cortes de ruta, frente a lo que consideran una “provocación” del empresariado. Por mandato popular, el cuerpo asambleario decidió esperar al encuentro pautado para el martes e intentar que se abra algún canal de consenso.
Según manifestaron, se han atenido siempre a lo dispuesto por los organismos ministeriales, pero no hay voluntad de la contraparte para resolver el problema. Vale reseñar que Loimar dispuso la cesantía de los 81 obreros porque detuvo la producción y no hay ninguna certeza respecto de su futuro.
Alberto Algañaraz, uno de los referentes sindicales, expuso en diálogo con El Eco de Tandil que la situación es crítica para algunos de ellos, quienes al no percibir los haberes correspondientes reciben ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social para afrontar los gastos de luz y alquiler. De quedar fuera del mercado laboral, el escenario se volverá complejo para las decenas de personas que quedarán a la espera de obtener un nuevo puesto en una coyuntura recesiva.
Un camino posible
Los gremialistas defendieron la rentabilidad de la planta y detallaron que durante este período que la producción ha estado parada, han salido camiones de la planta con stock acumulado que incluso los empleados han ayudado a cargar, lo que a su entender significa que debería haber cierta liquidez para abonar los salarios adeudados.
Además, indicaron que la firma propietaria posee diferentes compañías y tiene una economía diversificada, lo que le permitiría pensar en otras estrategias que no sea el cierre definitivo de la matriz productiva.
“Sería la primera fábrica cerrada en el gobierno de Alberto Fernández. Ni siquiera nos hemos podido sentar a negociar una alternativa”, indicó Algañaraz.
El núcleo obrero mantiene la esperanza de que exista alguna salida a los despidos y cree que es viable reactivar la producción a partir de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para el fortalecimiento de las Pymes.
En ese sentido, existe una moratoria para condonar multas e intereses de deudas impositivas y de seguridad social, que representan 2 millones de empresas por una deuda total de 440.000 millones de pesos. Dentro de este paquete destinado al rescate de pequeñas y medianas empresas se suma la decisión del Banco Central de reducir la tasa de interés de referencia para un sector cuyo financiamiento se sustenta en adelantar cheques, y la posibilidad de acceder a créditos blandos para reinvertir en la planta y poder competir en el mercado.
La historia sin fin
El conflicto se encuentra empantanado desde hace más de dos meses -cuando se produjeron los despidos y suspensiones- y todavía no ha arribado a ningún resultado definitorio.
En el tiempo transcurrido desde que se enviaron los telegramas de despido y suspensión, a mediados de octubre, debieron intervenir las autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense, de la dependencia laboral nacional y hubo una medida de fuerza llevada adelante por los obreros, que levantaron un campamento en el acceso a la fábrica para rechazar la decisión de la patronal de reducir el personal ante la caída de las ventas y los incrementos tarifarios. Según trascendió, la firma tiene una deuda de uno 40 millones de pesos de electricidad, contraída directamente con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).
La mediación de los agentes gubernamentales postergó cualquier otra iniciativa y acción por parte de los empleados, renovando las expectativas de revertir el complejo escenario. Si bien los plazos están caducos, se prolongó la intervención ministerial tras la última audiencia –que resultó estéril y a la que el dueño de la compañía no se presentó- con el objetivo de acercar a las partes para negociar.