Iniciaron obras de ampliación para un mejor funcionamiento en el Tribunal Criminal 1

Los obreros comenzaron las obras de ampliación en las oficinas del TOC1.

El Eco

Desde hace unos días se inició una obra en la sede judicial de calle Uriburu al 700, donde funcionan, entre otras dependencias, el Juzgado Criminal 1, el Correccional, los juzgados de Garantías, las fiscalías y defensorías del Ministerio Público, más el Tribunal de Trabajo (en la planta alta).

A más precisiones, se trata de una obra de ampliación en la sala de debate del Tribunal Criminal 1, a partir de la necesidad de contar con una infraestructura acorde a la creciente demanda que la dependencia recepciona, fundamentalmente a partir de las nuevas instancias dadas por los juicios por jurados.

Como se ha ventilado en ediciones pasadas, ya comenzó a regir en la ciudad como en el resto de las dependencias judiciales del territorio bonaerense la posibilidad de desarrollarse lo que se conoce como jurados populares, los cuales ya tuvieron su experiencia en la ciudad en cuatro ediciones con los resultados oportunamente informados.

Una de las aristas que no hacen al desarrollo del debate en sí pero que influye en el desarrollo normal e ideal de la nueva modalidad judicial, tenía que ver con la falta de instalaciones acorde a las circunstancias.

De hecho, sin que llegaran los juicios por jurados el edificio quedó obsoleto y disfuncional para el normal desarrollo de las audiencias y el cúmulo de personas que desfilan por las distintas dependencias, con pasillos donde, por caso, se cruzaron víctimas y victimarios y sus respectivos entorno a cuestas más testigos, con la mera presencia policial que evitó incidentes mayores ante un caldo de cultivo siempre latente frente a lo que está en juego, cuestiones sensibles que hacen a la libertad o no de una persona, al clamor de penas para determinado acusado de un delito, etc.

Ahora, con los juicios por jurados, donde la propia ley alude al aislamiento y la reserva de los jurados populares, la situación se agravó aún más de lo que ya estaba, por lo que tras gestiones realizadas por la propia comunidad judicial que forma parte del Juzgado Criminal 1, se encontró eco en las autoridades de la Suprema Corte.

Más precisamente, desde la Secretaría de Planificación, la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios, presupuestó los trabajos de ampliación que redundarán en una sala contigua a la ya existente en donde se desarrollan los debates. Esto permitirá una mayor comodidad para la estadía de aquellos vecinos de acá, y más allá también, que resultan elegidos para integrar un jurado popular como así para los mismos operadores que trabajan en el Tribunal.

La ampliación para fiscalías,
otro ícono de la desidia

Como suele ocurrir con el manejo de los fondos públicos, en este caso a la Suprema Corte provincial no deja de llamar la atención el dispendio de recursos económicos mal administrados que descolocan a los propios actores judiciales.

Por caso, donde ahora inició la obra, no hace más de un par de años que se había reacondicionado para el estacionamiento vehicular de los operarios judiciales que allí trabajan. Precisamente en el lugar donde ahora los obreros sientan las bases de lo que será la nueva dependencia se rompió un entrepiso de apenas dos años que se había realizado para un estacionamiento para discapacitados.

Un tanto con recelo también miran los funcionarios judiciales que integran el Ministerio Público (léase fiscalías y defensores) que como tales están sujetos a otro presupuesto. Es que donde hoy trabajan los fiscales y los colaboradores están abarrotados de expedientes en apretados escritorios en las pocas oficinas dispuestas, cuando contiguo al área aún se aguarda por la inauguración de las oficinas (por calle Alem, frente al Hospital Santamarina) que se construyeron pero nunca se terminaron.

Si la Escuela Polivalente es el monumento a la desidia estatal, lo que allí se observa desde calle Alem y Uriburu lo supera o, al menos, acompaña en el ranking de papelones que sonroja a todos, menos a los responsables del manejo de los recursos. Se trata de oficinas de muy buena calidad, que ya cuentan con la instalación eléctrica y de gas, pero que no tienen el final de obra. Con tan solo ver que hasta el mobiliario sin estrenar está abarrotado en un rincón a la espera de su inauguración.

Se trata de una obra que fue gestionada y empezó a gestarse hace 18 años. Sí, casi dos décadas de una desidia que ya casi a nadie conmueve ni rebela.

Con tan solo repasar los archivos de noticias sobre el asunto, alcanza para tomar dimensión de lo que a todas luces es como mínimo un papelón.

Como se ha informado, el proyecto anhelado hablaba de un Polo Judicial, donde en la citada manzana funcionen todas las dependencias judiciales dispersadas en la ciudad, que exigen una erogación presupuestaria millonaria en alquileres. “Con lo que se vino pagando en alquileres ya habría tres ciudades judiciales”, supo inferir un funcionario judicial.

Allá por mayo de 2009, en estas páginas se informaba que “Tandil aparece como prioridad en el plan de infraestructura judicial”. Se trataba de un escueto proyecto de ley que, en dos artículos, reclamaba a la Legislatura provincial la aprobación del Plan de Infraestructura Edilicia elaborado por la Corte y coordinado con el Ministerio de Justicia provincial, además de la declaración “genéricamente de utilidad pública” de “todos los bienes inmuebles” ubicados en las zonas establecidas en ese plan.

Entre otras disposiciones, el proyecto que quedó para sancionar -sin suerte- la Legislatura contemplaba “la programación de las obras de construcción o ampliación de edificios o complejos judiciales, y la expropiación de inmuebles”, entre otras disposiciones.

El acta del plan suscripto oportunamente por el máximo Tribunal de Justicia de la provincia, que divide las obras en función de las “prioridades” que existen en materia edilicia dentro del mapa judicial, tiene un monto estimado total de 2.363 millones de pesos que se invertirán en la “adquisición de inmuebles”; “obras de construcción” y “obras de recuperación”, según detallaba aquel acta oficial.

Entre los distritos que contaba con prioridad 1 para el avance de las obras, aparecían Azul; Tandil; Bahía Blanca; Dolores; San Justo; La Plata; Berisso; Avellaneda; Mercedes; Moreno; Morón; Quilmes; Florencio Varela; San Isidro; Pilar; Tigre y San Martín, entre otros.

Fuentes judiciales de aquel entonces confirmaban que el Plan de Obras fue elaborado por ese Poder en los últimos cinco años, para atender una necesidad improrrogable para un mejor funcionamiento de la administración de Justicia en la Provincia.

Más promesas

Más acá, a finales de marzo de 2017, en oportunidad de la visita del subsecretario de Justicia de la Provincia, Adrián Grassi, la Asociación de Abogados local abogó por la mencionada problemática que hace a la infraestructura judicial y allí se habló del Polo Judicial.

Fue el presidente de la Asociación, Gastón Argeri, quien explicó que desde la entidad que representa junto a la de Magistrados, aprovecharon el encuentro para “exponer situaciones que vive Tandil frente al crecimiento que tiene en cuanto al Poder Judicial y su funcionamiento, esta idea de seguir creciendo como ciudad en ese aspecto”.

“El doctor Grassi con mucha apertura escuchó todos los reclamos”, destacó. Con el paso de los meses evidentemente el funcionario solo se quedó con eso: escuchar.

También el doctor Gustavo Ballent (actual concejal) recordó que en 2008 la Asociación de Abogados de Tandil había presentado ya en conjunto con la Asociación de Magistrados un trabajo para poder llevar a un edificio la mayor cantidad, o todas las dependencias posibles, para que funcione un Polo Judicial.

“Este proyecto es un anhelo bastante viejo de la gente de Tandil, y en La Plata ese proyecto está desde 2008. Se le refrescó esto, se lo puso en conocimiento de Grassi el proyecto y se le presentó la documentación. El estaba en conocimiento y se llevó una copia”, indicó tras aquel encuentro.

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  • ElEcodeTandil

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