La Defensoría Oficial impulsó requerimientos ante la situación de los presos por el coronavirus
Solicitó medidas que se ajustan a las recomendaciones de la Corte y del Ejecutivo provincial. Fueron realizadas frente a la sobrepoblación en unidades carcelarias. “La población penitenciaria bonaerense es de 48.800 personas, cuando la capacidad de alojamiento no llega a 30 mil”, dijo el defensor oficial.
En el marco de la pandemia por el coronavirus, desde la Defensoría Oficial realizaron requerimientos a los jueces que se ajustan a una serie de recomendaciones que apuntan a que se evalúe la posibilidad de las morigeraciones o excarcelaciones de los detenidos en situación de riesgo, en los que se encuentran próximos a obtener la libertad, los que tienen penas cortas por delitos no violentos o que tienen a cuidado personas que dependan únicamente de ellos.
Recibí las noticias en tu email
Este esquema se enmarca en una serie de medidas en función de la sobrepoblación y hacinamiento en determinados establecimientos penitenciarios. En la provincia de Buenos Aires, en los últimos cuatro años, creció un 30 por ciento la población carcelaria, con lo cual la sobrepoblación se presenta como un “problema real” en este contexto de pandemia.
“La población penitenciaria bonaerense es de 48.800 personas, cuando la capacidad de alojamiento no llega a 30 mil”, graficó el titular de la Defensoría Oficial del Fuero Penal, Diego Araujo, sobre una situación que resulta “histórica” pero que se agravó en los últimos años y que recobra especial preocupación en estos días.
El abogado dijo que “estamos tratando de adecuar en los requerimientos que hacemos las recomendaciones que hace la Corte y el Poder Ejecutivo”, y en ese marco, “hemos hecho una petición cercana a las 20 personas en Tandil que están en las unidades 37, 7 y 38”, que deberá someterse a la consideración de los magistrados.
“Los jueces tienen conciencia de la gravedad de la situación entonces, en la medida de las posibilidades, resuelven con premura las peticiones. En Tandil tenemos muy buenos jueces, muy comprometidos, y en este caso se nota, más aún si se lo compara con otras jurisdicciones”, sostuvo.
Recomendaciones
Desde que comenzaron a implementarse las medidas para frenar el avance del coronavirus, surgió la preocupación sobre lo que podía pasar en el contexto de encierro, circunstancia que se agravó cuando se produjeron situaciones en los penales de Santa Fe y Entre Ríos, y en la alcaidía de Batán.
En simultáneo, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron un escrito conjunto a la Suprema Corte de Justicia en el que solicitaron medidas urgentes para contener la situación.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia bonaerense y la Procuración realizaron recomendaciones a todos los operadores judiciales (jueces y los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa) y luego se sumó el Tribunal de Casación, que “desde el año pasado venía haciendo referencia a la grave situación de hacinamiento, sobrepoblación y falta de comida”, repasó.
Las sugerencias de la Corte y del Poder Ejecutivo, que marcan la tarea que llevan en todos los Departamentos Judiciales de la provincia, apuntan a la “posibilidad de otorgar las morigeraciones de la prisión preventiva con la modalidad de arresto domiciliario con el debido control y vigilancia de la población en riesgo” (mujeres con niños, embarazadas, mayores de 65 años, hipertensos, inmunodeprimidos, con problemas respiratorios, diabéticos).
También, y con el objetivo de “descomprimir” el número de internos ante la imposibilidad de implementar medidas de aislamiento, recomiendan “la evaluación de todas aquellas personas con penas de prisión cortas y que llevan un tiempo considerable presas”.
Otro de los puntos apunta a “tratar de lograr resoluciones anticipadas sobre aquellas personas que se encuentran en condiciones temporales de obtener una excarcelación”, bajo la modalidad de libertad condicional o asistida, precisó Araujo.
En cuanto a las salidas transitorias, indicó que se planteó la posibilidad de no regresar a los que ya gozaban con este beneficio, “siempre respetando la cuarentena”, y la suspensión para los que estaban dentro del penal al momento de implementarse el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Es decir que, “aquellos que estaban afuera, no vuelven, por ahora; y los que tenían que salir, se les suspende para evitar la interacción social”, señaló.
“Todo este universo es de excepción en función del contexto actual por la pandemia; por lo general, resuelven la situación de los factores de riesgo sumado a las condiciones de superpoblación y hacinamiento”, concluyó.