La interna radical metió la cola y un dictamen de Legales frenó la ordenanza del Defensor del Pueblo

La ordenanza que crea el Defensor del Pueblo cayó en los avatares de la interna radical. En las últimas horas, el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un dictamen de la Secretaría de Legal y Técnica que le pone reparos y recomienda fundar la institución a través de un decreto del Legislativo. La decisión del Intendente, que no promulgó ni vetó la norma, sumó otro capítulo a las diferencias con Marcos Nicolini, quien había respaldado el proyecto y acordó con la oposición la aprobación en la última sesión, con la antigua conformación del cuerpo, hace tres semanas.

Ayer, en la reunión de labor parlamentaria, los titulares de los distintos bloques políticos debatieron los pasos a seguir ante el artilugio legal esgrimido por el Ejecutivo. Sin consenso, acordaron que el asunto 778/2014, incorporado el dictamen de Legales vuelva a comisión para evaluar cómo seguir adelante. Claro está que ahora la decisión final será tomada por la nueva conformación del Legislativo, donde ya no está el impulsor del proyecto Claudio Ersinger ni su acérrima defensora Corina Alexander y en la que Marcos Nicolini dejó de ser el jefe del bloque oficialista.

Según trascendió, el último martes desde la presidencia del Legislativo repartieron copias del dictamen de la Secretaría de Legales, firmado por Andrés Curcio, a los integrantes de los distintos espacios políticos.
En tanto, ayer por la mañana, se trató el tema en la reunión de labor parlamentaria, que encabezó el presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik y contó con la participación de José Luis Labaroní (Cambiemos), Facundo Llano (Bloque Justicialista), Gustavo Ballent y Nilda Fernández (1País), María Eugenia Poumé y Rogelio Iparraguirre (Unidad Ciudadana).

El revés que sufrió la ordenanza no encontró una solución inmediata y en la sesión convocada para hoy, el expediente será devuelto a la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales que ahora preside la concejal entrante Marcela Vairo.

Las posturas

En principio, durante el intercambio hubo interpretaciones legales y políticas diversas tanto sobre la postura del Ejecutivo como acerca del modo de destrabar un proyecto que contó con el asesoramiento de la Asociación de Abogados de Tandil y un amplio respaldo del bloque oficialista que comandaba Marcos Nicolini.

Es que desde Legales evaluaron que corresponde analizar si el Intendente tiene facultades suficientes para promulgar o vetar la ordenanza, teniendo en cuenta que crea una figura en el ámbito del Concejo Deliberante. De este modo, puso en crisis si el Ejecutivo puede disponer sobre las facultades que tiene el Legislativo y recomendó crear el Defensor del Pueblo a través de un decreto, es decir, sin someterlo a consideración del Intendente.

Por otra parte, en el mismo dictamen, desde Legales citaron jurisprudencia y otros fundamentos para indicar que el Deliberativo no puede otorgar más facultades a una figura que las que el propio cuerpo detenta.

Entre otras objeciones, el doctor Curcio marcó que el Defensor del Pueblo no puede ser independiente del Concejo, como dice el artículo primero de la ordenanza sancionada, pero además señaló otras cuestiones de redacción menos relevantes que el tema de fondo.

A priori, algunas voces interpretaron que es imposible transformar la ordenanza porque no es factible otorgar las amplias facultades, con atribuciones y responsabilidades, que detentaría el Defensor del Pueblo a través de un simple decreto.

En tanto, el área de Legales manifestó que en otras ciudades no se observó la situación jurídica que se plantea para el Ejecutivo al interferir -con la promulgación o veto- en la potestad del Legislativo de crear un organismo y fijar su organización interna.

Como contrapartida, otros anticiparon que de acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Ejecutivo tiene un plazo de diez días hábiles desde la notificación de las ordenanzas para promulgarlas o vetarlas, de lo contrario, se promulgan de hecho. Por ese motivo, aguardan analizar el expediente para determinar si corren aún los plazos o la norma aprobada por el Concejo ya se encuentra vigente.

La sanción

La última sesión del Concejo Deliberante y la despedida de nueve concejales (Rogelio Iparraguirre resultó reelecto) que terminaron sus mandatos el último domingo estuvieron signadas por la sanción de dos ordenanzas que empoderan al ciudadano: la creación del Defensor del Pueblo local y el acceso a la información pública o el gobierno abierto.

En el marco del debate en el recinto, que promedió unas seis horas, varios referentes de la oposición aludieron a que la interna del oficialismo había permitido avanzar con el proyecto del Defensor del Pueblo, que fue aprobado por mayoría ya que no lo acompañaron los justicialistas Pablo Bossio y Facundo Llano.

Además, hubo varias menciones al impacto que tuvo la delegación que inauguró en Tandil el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, a partir de un convenio de colaboración que firmó con el Municipio.

A pesar de los dos votos negativos, desde todos los bloques reconocieron el trabajo que se desarrolló en el seno de la Comisión de Seguridad, presidida por Corina Alexander, y el aporte de la Asociación de Abogados. Es que durante dos años, con marchas y contramarchas, construyeron una ordenanza artículo por artículo, que se terminó de cerrar con la intervención del presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik. Ahora, con la intervención del Ejecutivo, vuelve a reinar la incertidumbre sobre el Defensor de Pueblo local.

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