La Mesa Girsu se quejó por la respuesta parcial al pedido de detalles sobre la gestión de residuos
Analizó la información que brindó el Ejecutivo ante el pedido impulsado en mayo para conocer la política comunal en la gestión de los residuos. Disconforme con los resultados, detalló las consultas que obtuvieron respuestas y cuáles no. Marcó como significativo el dato sobre el precio por tonelada que el Municipio le paga a Usicom para enterrar la basura en el relleno sanitario y el incremento que evidenció.
Al analizar la documentación recibida al pedido impulsado en el marco de la ordenanza de acceso a la información pública, la Mesa para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) expresó su malestar por las respuestas “insuficientes” a los interrogantes planteados y desafió que “Tandil reclama y merece más; esperemos que sus dirigentes estén a la altura”.
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“La gestión de los residuos, una verdadera gestión integrada, requiere de la participación de todos los actores que componen la cadena de éstos. Sin información, es imposible hacer realidad la participación efectiva de los ciudadanos y sus organizaciones”, indicaron desde el espacio.
El Ejecutivo “vuelve a frustrar otra oportunidad de colocarse a la vanguardia de los temas que hacen a la calidad de vida de los tandilenses, tal como resulta el menguado Acuerdo del Bicentenario”, sentenciaron.
Desde la Mesa GIRSU, además de solicitar información básica para ejercer el derecho a participar, “hemos presentado diversos proyectos de ordenanza que esperan ser debatidos, tal como los que refieren a la regulación de los grandes generadores y de la actividad de los contenedores en nuestra ciudad”.
Las respuestas
El pedido se presentó a mediados de mayo con miras a obtener detales sobre diversos aspectos vinculados a la gestión de residuos en Tandil, amparados en la ordenanza 15.931/2017, la cual garantiza el derecho de acceso a la información pública, promueve la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública local.
Como primera consideración, los integrantes del espacio cuestionaron que la respuesta del Gobierno comunal llegó “vencidos los plazos” establecidos por la normativa sancionada por el Concejo Deliberante y que fue sobre algunas de las preguntas formuladas y la información requerida. “Respecto al resto, no sólo no respondió, sino que tampoco expuso sus razones para no hacerlo”, denunciaron.
En ese sentido, objetaron que no contestó sobre el contrato de locación de obras y servicios firmado por el Municipio con la empresa Usicom para la gestión del relleno sanitario, el cual fue cuestionado oportunamente en Concejo Deliberante, y sobre el cual “huelgan aún respuestas”, ni sobre “el o los programas de gestión integral de residuos sólidos urbanos”, que debe presentar el Ejecutivo en el marco de la Ley 13.592.
Tampoco respondió a la pregunta referida a la vida útil del relleno actual y si se prevé un nuevo predio para la disposición final de residuos. Si bien se menciona que existe una disponibilidad aproximada del 35 por ciento, “no se aclara en cuánto tiempo podría ser utilizada ni las previsiones al respecto”, señalaron los representantes de la Mesa Girsu.
Precio por tonelada
No obstante, para la Mesa Girsu la respuesta más significativa del Ejecutivo fue la referida al precio por tonelada que el Municipio paga para que la basura sea enterrada en el relleno.
Al respecto, el valor por tonelada pasó de 219,63 pesos en 2015 al inicio de la gestión de Usicom, a los actuales 575,73 pesos.
Es decir que son “365 pesos más por tonelada de residuos enterrada (+162,1 por ciento) en cuatro años (+40,5 por ciento por año en promedio simple)”, analizaron.
“Si bien la principal causa esgrimida en cada solicitud de aumento es el costo de los salarios (sin cuestionar por ejemplo el margen de utilidad del 10 por ciento libre de Impuesto a las Ganancias por parte de una empresa mayoritariamente pública), sería dable cotejar si los trabajadores han percibido aumentos proporcionales durante este período”, plantearon.
En tanto, se respondió “de manera parcial” respecto de los controles ambientales, toda vez que “no se dio cuenta de los controles en el relleno sanitario, ni si existe estudio de impacto ambiental ni declaración de impacto ambiental tal lo previsto en la ley”.
Tampoco hubo respuesta sobre el recorrido de los camiones recolectores del servicio municipal, ni los costos mensuales del servicio (excepto el gasoil), ni la información georreferenciada de los mismos.
Un aspecto “grave”
Otro aspecto “grave” que el Ejecutivo omitió contestar refiere a las medidas y previsiones concretas para erradicar y prevenir la instalación de vertederos clandestinos (basurales), a pesar del antecedente que significa la causa judicial contra el Municipio y la Provincia de Buenos Aires en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 de Azul en relación al basural clandestino sobre Ruta 30, “y sobre la cual el juez Quaranta debiera expedirse a la brevedad, atento a las implicancias del caso”.
No respondió sobre la situación del tren de cargas ni las alternativas para el transporte de los materiales reciclados que antes efectuaba el ferrocarril, otro de los interrogantes planteados por la organización.