La oposición se sumó al debate por la regulación de las fumigaciones
Rogelio Iparraguirre planteó que la aplicación de agroquímicos necesita un marco legal aggiornado al crecimiento demográfico de la ciudad. Propuso centralizar las áreas que se encargan del registro y control de la práctica y bregó por un espacio de diálogo con los productores para el fomento de nuevas técnicas agrícolas.
Luego de reunirse con vecinos del paraje La Porteña que durante los últimos días manifestaron su preocupación por las fumigaciones con glifosato en campos aledaños a la Escuela 33 a la que asisten sus hijos, el concejal Rogelio Iparraguirre evaluó la necesidad de abordar la problemática a través de un marco legal que se adapte a la movilidad urbana de la ciudad.
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En diálogo con Dulce o Amargo (104.1 FM tandil), manifestó que “hace diez años atrás estos temas no formaban parte de la agenda pública pero ahora que se hacen presentes y que los tiempos van cambiando, se los plantea con la misma mirada de aquel entonces”.
A su entender, los dichos y las explicaciones de los funcionarios de las áreas municipales competentes no condicen con las declaraciones que pudo recoger de voz de los propios vecinos con quienes mantuvo un encuentro la semana pasada.
Según comentó, las personas le comunicaron que cuando llega el momento de fumigar en las campañas de cosecha fina o gruesa, las aplicaciones alcanzan el alambrado que linda con el establecimiento educativo.
Tras analizar los testimonios recogidos, Iparraguirre explicó que una de las variables que en la actualidad no se contempla, es la expansión urbana que tuvo la ciudad durante esta última década.
”El caso de la escuela es un ejemplo, pero hoy existen emprendimientos turísticos y gastronómicos que se emplazan al lado de campos que hace 10 años no tenían vecinos y esto representa la necesidad de replantear la práctica en todo el cordón periurbano”.
Por otra parte, criticó el marco regulatorio imperante debido a que “es viejo” producto del modo en que se dan las transformaciones sociales. “Nosotros ahora estamos trabajando con un modelo de ordenanza que aplicó la localidad de Cañuelas, que fue reconocido como el mejor por la provincia aunque luego no se adoptó pero que va más allá de los metros de cota que establece la normativa”, aseguró.
Entre sus argumentos, el concejal sostuvo que la problemática por la distancia de las fumigaciones van a contramano de las obligaciones que se genera el Estado asimismo a través de la normativa que calificó como “muy floja”.
Además indicó que las obligaciones de contralor se “desparraman” entre las distintas dependencias municipales por lo que los exhaustivos controles que requiere la práctica, no se realizan con la eficacia necesaria.
En este sentido expuso que el registro y el control sobre las fumigaciones se encuentra bajo la órbita de la Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones con participación de la Dirección de Medioambiente aunque advirtió que esta última repartición, no cuenta con la capacidad, el presupuesto ni el recurso humano para llevar adelante esos controles.
“Como establece la ordenanza actual, cada vez que se va a aplicar el producto, hay que dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Económico Local y si uno repara en la cantidad de organismos que interceden en el proceso, observa que se desparraman las responsabilidades hacia el interior de la gestión estatal y en la realidad no pasa nada”, enfatizó el edil.
Capacitación al productor
En este punto, Rogelio Iparraguirre mostró contundencia en sus declaraciones al señalar que es menester crear un espacio de intercambio y comunicación con los sectores productivos para que no se vea afectado el rendimiento de su capital y debido a que el campo genera el 37 por ciento del PBI local.
Según evaluó, las condiciones con las que se trabaja bajo las tecnologías agrícolas predominantes hacen que “tengamos un modelo, donde la semilla está modificada genéticamente, preparada para aceptar determinados plaguicidas y matar todo lo demás y si se deja de aplicar de un día para otro, el lote completo pasa a ser inmediatamente infructuoso”.
Bajo esta premisa, el edil sostuvo que “hay que generar un espacio de construcción y diálogo para producir un tránsito bajo una regulación nueva y clara, que a su vez contemple un área de control y gestión centralizada” a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la normativa.
Por otra parte, insistió en valorizar las experiencias que se realizan bajo otros paradigmas de producción donde se han abandonado los métodos tradicionales de fumigación con agroquímicos y se emplean técnicas que pueden requerir mayor inversión, pero son menos nocivas para la salud y el terreno.
“Hay que ver qué mecanismos se encuentran para que esa transformación se pueda dar en las áreas donde vamos a prohibir la aplicación de plaguicidas y después todos los aspectos técnicos, dependen de la voluntad política de un Gobierno de adoptar seriamente este tema para evitar que el conflicto enfrente a productores y vecinos”, aseveró Iparraguirre.