La Red de Educadores por la ESI apunta a generar herramientas para que se aplique la ley
A partir de la inquietud de docentes y estudiantes se conformó en Tandil un grupo plural que brega por la implementación de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral. Plantean la producción y gestión de estrategias concretas para abordar la temática a nivel local.
A tono con los tiempos que corren en materia de educación y debate de derechos y políticas públicas, en Tandil empezó a constituirse la Red de Educadores por la ESI, con el propósito de garantizar la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150 (ESI) y la formación necesaria para este fin en el territorio.
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En el espacio de la Biblioteca Popular de las Mujeres (Lobería 750), el grupo de reciente conformación desarrolla encuentros para compartir prácticas y experiencias pedagógicas que aborden la ESI en la formación docente y los diferentes niveles de la educación, con el objetivo de generar mecanismos y acciones de demanda al Estado provincial y local para lograr la efectiva implementación de la normativa.
Laura Blanco, integrante del grupo y docente de nivel superior en diversos establecimientos de la ciudad, señaló que la propuesta de trabajo colectivo surgió de docentes y estudiantes -en especial de nivel superior y secundario- ante la necesidad de juntarse por el incumplimiento de la legislación vigente.
“Lleva casi 13 años de vigencia y hace agua en la mayoría de las instituciones porque queda sujeto a la voluntad de los directivos y docentes, y así no se garantiza el libre acceso a la información de los alumnos”, explicó.
La Red tiene un posicionamiento rector que los lleva a entender y analizar que los efectos de la falta de incorporación de la ESI genera una serie de problemas en la escuela, como: la permanencia de roles y estereotipos de género presentes en prácticas y discursos sociales, la reproducción de un currículo oculto sexista y patriarcal que se manifiesta en la continuidad de normas y hábitos escolares, un vacío de información confiable y científica respecto a la sexualidad, la normalización e invisibilización de formas de violencia sexista que afecta principalmente a las mujeres y las niñas, pero que en las primeras etapas de la vida vuelve también especialmente vulnerables a los varones (niños y adolescentes).
La información que falta
Desde el primer encuentro emergieron posibles líneas de intervención para llevar adelante, a partir de las inquietudes de diferentes agentes: docentes, estudiantes, abogados, referentes barriales, trabajadores de la Unicen, entre otros. De ellos aparece la necesidad de contar con datos que hasta el momento no existen y sistematizarlos para emprender acciones concretas con una perspectiva de derechos humanos.
Blanco indicó que planean poder generar instrumentos –cuestionarios o formularios- para recabar información sobre la real implementación de la ley y el programa en los establecimientos de Tandil. De este modo, estiman poder obtener precisiones acerca desde qué edad se implementa la ESI, en qué áreas, dónde hay mayor porcentaje de niveles trabajando con la ley, cómo la interpretan y traducen en trabajos áulicos, con el objeto de acercar las cifras y estadísticas resultantes a las autoridades correspondientes.
Por otro lado, aspiran a lograr un monitoreo de las capacitaciones sobre el tema; así como la socialización de propuestas y recursos para el trabajo pedagógico en los distintos niveles del Sistema Educativo y en organizaciones de la sociedad civil.
“Nos juntamos desde un lugar propositivo, para gestar propuestas y estrategias y no tanto de generar debates o diálogos con cuestiones de discusión y ampliación”, consignó la docente.
“Es preciso que el CIIE genere cursos y capacitaciones para los docentes que están trabajando, que los institutos de formación docente brinden materias específicas para quienes están en formación. Otra de las acciones, es que las escuelas empiecen a implementar la ESI en toda su currícula y en el acuerdo de convivencia institucional”, afirmó.
Resistencias y desconocimiento
La Educación Sexual Integral ha generado numerosas resistencias que resurgieron con virulencia durante el año pasado, tras el debate en el congreso nacional por la legalización del aborto, que trajo aparejada una amplia discusión acerca de la educación y la provisión de métodos anticonceptivos.
Es preciso reseñar que ley 26.150 se sancionó como parte de la promoción y protección de los derechos del niño, y va en forma conjunta con una serie de leyes y normativas que regulan el rol de la escuela
El concepto de “integral” toma la sexualidad con todas las dimensiones humanas: biológica, ética, filosófica, psicológica, porque, de acuerdo a su relato, no es casual que en las distintas posturas se incluya o no una visión integral del ser humano. Si la responsabilidad de brindarles educación sexual integral a los niños descansa solamente en el ámbito familiar, habría un punto de inflexión en esas familias que no les otorgan a sus hijos los derechos que tienen.
A nivel personal, Blanco evaluó que la falencia en la plena aplicación de una ley que existe desde hace mucho tiempo, responde a una avanzada de los grupos antiderechos, pero también a un cabal desconocimiento sobre los lineamientos que plantea la legislación.
“Es histórica la resistencia a la ampliación de derechos, pero hay un gran porcentaje que desconoce lo que propone la ley”, esgrimió.
ESI para formadores
En numerosas ocasiones se ha sindicado que uno de los déficits radica en que no se aplica la ESI ni una educación con perspectiva de género en el diseño curricular de las carreras que integran la formación docente, lo que reproduce una falencia en los demás sectores.
De acuerdo a esto, Blanco apuntó que hay un vacío total en las carreras de profesorado de contenidos específicos de la ley, con una carencia de materias transversales para abordar la temática. Tampoco que formen ni que capaciten, pese a que hay leyes que garantizan el acceso a la información de los futuros docentes. Al respecto, puntualizó que la resolución 340/18 expresa claramente que las instituciones de nivel superior deben capacitar y formar a los alumnos con estrategias, recursos y contenidos concernientes a la ley pero que en la ciudad no se lleva a cabo. En contraposición, refirió que “hay una fuerte demanda desde el estudiantado” para que se garantice este derecho y no que se presenten algunas eventuales instancias de formación como hechos aislados.
En esta línea, detalló que desde el Centro de Estudiantes 30 de agosto -que nuclea a quienes cursan en los terciarios locales- exigen información, capacitación y mecanismos de intervención ante situaciones de violencia institucional, acoso o abuso que ocurren en los establecimientos de diferentes niveles.