La Usina no informará al Concejo sobre la UTE con Clear ya que “no es incumbencia de los concejales”

La polémica que se suscitó en torno al contrato de gestión del relleno sanitario por parte de Usicom, el proceso que siguió y las modificaciones que se incorporaron cuando aún se estudiaba el documento original en el Concejo Deliberante, sumó un nuevo elemento.

En este caso, en la última sesión legislativa ingresó por correspondencia una respuesta de la Usina en la que se excusa de informar sobre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que selló con Clear SA -anterior gestión del relleno sanitario- ya que representa una cuestión “entre privados”.

La réplica llegó a través de ese mecanismo y fue advertido durante el encuentro de la semana pasada, por lo que tomó estado legislativo para su incorporación al expediente.

Así lo indicó el concejal del FPV-PJ, Rogelio Iparraguirre, que salió a cuestionar el tono de la respuesta, en la que la distribuidora de energía eléctrica aduce “asuntos entre privados” para evitar informar sobre el contrato que rubricó con Clear unos meses antes del vencimiento de la gestión del espacio.

Con los capítulos que hasta ahora sumó el tema, dijo que cuentan con los elementos para “sospechar que cuando se pensó la concesión a Usicom había algo que nos estaban ocultando a los tandilenses”.

El tema se inició el 30 de junio de 2015 cuando, al vencerse la administración de Clear, se produjo la rúbrica entre el Municipio y Usicom del contrato de locación de obras y servicios, por el cual la empresa del grupo de la Usina Popular y Municipal SEM se hizo cargo de la gestión integral del tratamiento y disposición final de los residuos.

Ese expediente ingresó al Legislativo en septiembre de ese mismo año para su convalidación y pasó a la Comisión de Economía y Presupuesto para su estudio. Sin mayores avances en febrero de 2016 se lo transfirió a la de Interpretación y Asuntos Legales.

Sin embargo, y pese a las instancias que siguió hasta su aprobación en el recinto en abril del año pasado, cinco meses después de aquella firma, en 2015, se había incluido una serie de modificaciones que alteraron tres puntos centrales del contrato.

 

El escenario

En diálogo con El Eco de Tandil, recordó que el tema se originó a comienzos de este año cuando el Departamento Ejecutivo y Usicom elevaron al Concejo Deliberante una serie de adendas al contrato de gestión del relleno sanitario que se había adjudicado en 2016 a la empresa perteneciente a la Usina Popular y Municipal (SEM).

Esa acción desató un debate en el Deliberativo al detectar que esas modificaciones eran sobre los tres elementos “más sustanciales” de la concesión original, aprobada por mayoría simple, pero que además habían sido incorporadas y firmadas “cuando estábamos votando el contrato original”.

“Nos hicieron votar, con plena conciencia, algo que no tenía vigencia y que ya habían modificado”, resaltó.

Los cambios se efectuaron sobre tres puntos que, a decir de Iparraguirre, resultan centrales en el acuerdo sellado para el manejo del relleno sanitario. El primero refiere a la modificación de la ecuación con la cual se calcula el precio por tonelada “por el cual pagamos todos los tandilenses”.

En un paréntesis advirtió que en Tandil “superamos el record diario de 140 toneladas residenciales”, y que antes “pagábamos alrededor de 12 pesos y ahora 13,29 pesos sin haber pasado por el Concejo Deliberante”.

En el segundo punto el cambio se centró en el plan estratégico de residuos que incorporaba el documento original, el cual “nos parecía insuficiente porque no contemplaba, como lo venimos planteando, la separación de residuos en origen, pero era un plan al fin”.

El programa contemplaba la gestión del relleno en manos de Usicom y a los 18 meses la adquisición de una compactadora industrial para lograr un uso “más racional” de las celdas donde se deposita la basura.

A propósito de la situación del predio, el concejal citó las palabras del responsable técnico del lugar, quien advirtió que “tenemos vida útil para tres años más” y que después “se terminan los lotes”, con lo cual “la compactadora industrial era importante” para optimizar el uso del espacio.

Un año y medio después el plan incorporaba la construcción de una planta de separación de residuos en destino. En efecto, la segunda adenda desestimó ese punto “sin siquiera plantear plazos nuevos” para cumplir con ese objetivo.

Al abordar el tercer punto, indicó que en el contrato original la empresa, en este caso Usicom SA, tenía a cargo las inversiones que se llevaran adelante en el predio. La adenda, entonces, cambió esa visión por lo que el financiamiento de las obras correrá por cuenta del Municipio. En definitiva, “lo único que hace Usicom es facturar”.

 

Dudas sin despejar

Frente a este escenario, los concejales de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales citaron a las autoridades de la Usina para que brinden explicaciones sobre el proceso que siguió el contrato de gestión del relleno sanitario por parte de Usicom y las modificaciones que se incorporaron cuando aún se estudiaba el documento original.

En representación del presidente del directorio, Matías Civale, que en ese momento se encontraba de viaje, acudió el vicepresidente Atilio Magnasco. Pese a los intentos por responder a los interrogantes, sus explicaciones no lograron despejar las dudas.

Con pocas certezas “todos los bloques decidimos solicitar formal e institucionalmente información a Usicom y al Ejecutivo”. Por nota, cursaron un pedido a la empresa de la distribuidora de energía eléctrica para obtener “la facturación mensual con el detalle del precio por tonelada y que nos acerque copia del contrato social de la UTE con Clear SA”.

En paralelo, marcó que “nunca se informó al Concejo Deliberante” sobre esa unión, por lo cual “desconocemos las razones económicas, qué parte de la facturación se lleva, qué rol cumple, qué servicio presta”, deslizó.

En tanto, los legisladores solicitaron al Ejecutivo el detalle de las inversiones llevadas adelante por el Estado municipal en el predio y el nombre del responsable técnico “que se establecía tenía que poner la comuna y que al día de hoy sigue siendo un misterio”.

 

“Asuntos entre privados”

Poco más de cinco meses desde la presentación de Magnasco en el Deliberativo y de la solicitud cursada de manera institucional, “el Ejecutivo no respondió ninguna de las dos cosas”, cuestionó Iparraguirre, que señaló que la nota salió de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales, a cargo del presidente de la bancada oficialista, Marcos Nicolini.

Con ello rechazó que forme parte de un pedido exclusivo de la oposición y resaltó que, “como habíamos sido engañados en nuestra buena fe los 20 concejales, se hizo un pedido institucional”.

Por su parte, Usicom envió un duplicado de la facturación pero obvió la copia del contrato de constitución de la UTE con Clear SA. “Y lo más increíble de todo es que nos dice, en un renglón, que son asuntos entre privados que no son de la incumbencia de los concejales”, aludió Iparraguirre en una postura que objetó de plano.

Molesto, el candidato a renovar su banca se escudó en la “necesidad que tenemos los representantes del pueblo de conocer qué negociado es el que hay ahí y no quieren mostrar”, en referencia a la empresa “de todos los tandilenses que tiene a cargo la gestión del relleno sanitario y por lo cual cobra por las toneladas diarias que ingresan” y el “ocultamiento deliberado de información”. Entonces “si no es incumbencia de todos los concejales, incumbencia de quién es”.

 

“No hay claridad”

Desde el lugar de opositor, Iparraguirre subrayó que “nos corresponde velar por el cumplimiento de un contrato que había sido sometido a votación en el Concejo Deliberante y el cual fue burlado deliberadamente”.

De todos modos, y frente a este caso en particular, calificó de “elemental” el compromiso de los concejales del oficialismo, “como lo ha demostrado Marcos Nicolini”, a los que también el Ejecutivo negó información, achacó.

El edil no se dijo sorprendido por la falta de respuesta por parte del Gobierno de Miguel Lunghi, una actitud que forma parte de “una constante”.

“Evidentemente no hay claridad ni capacidad de explicar por qué se constituyó una UTE con la concesionaria anterior”, y “cuál es el trabajo que hace Clear SA en el relleno sanitario cuando hace más de dos años que terminó su concesión”.

 

Falta de información y un proyecto de transparencia

La situación que se generó ante la falta de respuesta a los pedidos de informes elevados desde el Legislativo puso el foco en el debate en torno al proyecto de ordenanza elevado en junio pasado para promover el acceso a la información pública.

En ese sentido, el concejal Rogelio Iparraguirre ratificó su respaldo a la iniciativa promovida por el Departamento Ejecutivo y que se encuentra en pleno tratamiento en el interior de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales.

“Nos parece un proyecto muy necesario porque nos ha tocado sufrir el ocultamiento de información y la ridícula dilación de los tiempos”, justificó.

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