Los pagos y mudanzas en cuarentena, al tope de las consultas en la Oficina de Atención al Inquilino
El Ejecutivo nacional decretó una serie de medidas para atender la situación de los alquileres. La Oficina Municipal de Atención al Inquilino (OMAI) recibió cerca de medio centenar de inquietudes sobre dos aspectos centrales. El titular del área, Matías Martínez, dijo que prevalecen los acuerdos.
Días atrás, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una serie de medidas que contempla la situación de los alquileres como forma de apoyar a determinados
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sectores que ven perjudicada su economía a causa del aislamiento preventivo para frenar la propagación de la pandemia del Covid-19.
Entre las disposiciones, suspendió los desalojos por falta de pago y congeló los precios de los alquileres al valor de marzo, mientras que la diferencia entre lo estipulado y lo que se pague por el congelamiento se abonará a partir de octubre, en tres cuotas mensuales sin interés.
Además, se prorroga la vigencia de los contratos, siempre y cuando así lo deseen los locatarios. Estas medidas tendrán vigencia hasta el 30 de septiembre de este año.
Este nuevo esquema disparó las consultas que llegaron a la Oficina Municipal de Atención al Inquilino (OMAI), que funciona bajo la órbita de la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Secretaría Legal y Técnica.
Entre las principales inquietudes que recibió la dependencia apuntan a la situación del pago del alquiler, el congelamiento de los valores a marzo y la situación de aquellos inquilinos que debían mudarse
En diálogo con El Eco de Tandil, el titular de la OMAI, Matías Martínez, indicó que en total recibieron cerca de 50 consultas en una cifra pareja entre la modalidad de pago y las diferencias que quedan a raíz de las variaciones de los alquileres y las mudanzas.
Estado de situación
Frente a las distintas inquietudes que puedan recibir, la modalidad es analizar “cada caso de manera particular” en función de las particularidades del DNU firmado por el Presidente de la Nación. “Hay inquilinos que interpretaron que no debían pagar y no es así”, alertó.
En ese sentido, indicó que se estableció un congelamiento en el precio de los alquileres hasta el 30 de septiembre, pero advirtió que “se habla de una diferencia que se debe abonar a partir de octubre” de este año.
“En ningún momento indica que no se tiene que pagar”, enfatizó e insistió con la importancia de abordar cada planteo en particular “porque no es lo mismo un empleado que tiene un ingreso asegurado que le alquila a un cuentapropista que no tiene ingresos y depende del cobro de ese alquiler o a la inversa”.
“Es una cuestión que nos dispone a tratar de buscar, sobre la base del diálogo y el entendimiento, un acuerdo”, resaltó el funcionario.
En efecto, Martínez remarcó que “el congelamiento es una medida que puede alivianar la situación pero que no deja de ser generador de deuda a futuro porque quien congele el valor para alivianar la situación actual del pago del alquiler se va a encontrar también en octubre que estará pagando el alquiler correspondiente al mes, más la cuota de la diferencia que quedó de ese congelamiento. Mínimo de tres cuotas y un máximo de seis”.
Por eso recomendó, en aquellos casos que así puedan hacerlo, “afrontar esa diferencia y evitar generar deuda a futuro”.
Más consultas
Otro de los temas que mayor porcentaje de conflictividad presenta es el de la finalización de un contrato para iniciar otro en un nuevo inmueble y, como resultado, la mudanza.
Y para explicar el punto, Martínez expresó que el decreto entró en vigencia a fines del mes pasado y tomó “a muchos inquilinos en medio de un proceso de mudanza”. Esta circunstancia llevó a la necesidad de hallar un punto medio entre dos posturas y ejemplificó que “el locador pretende cobrar su alquiler dado que el inquilino, que se iba a mudar, se queda porque no puede hacerlo” debido a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio. “Y lo mismo pasa del otro lado, que argumenta que, en cierto modo, tiene el inmueble ‘señado’ a ese inquilino que no pudo mudarse”.
Esta disputa provocó un aumento en los focos de conflicto, muchos de los cuales llegaron a un punto de acuerdo mediante una mediación, para evitar que se judicialice.
En algunos casos “se entiende que ninguno de los dos podría alquiler el inmueble en caso de tenerlo desocupado, entonces una de las partes termina cediendo. Y en otros, gracias al entendimiento y la buena predisposición, se logra que el inquilino abone el 50 por ciento a cada una de las partes”, describió Martínez.
También señaló que reciben consultas sobre la extensión contractual y las renovaciones automáticas, muchas de las cuales se acuerdan tras un intercambio vía mail que termina con la aceptación de las nuevas condiciones.
Pese a este escenario, el responsable de la OMAI destacó que prevalecen los “buenos criterios” en las relaciones locativas ante la aparición de algún conflicto y valoró la “buena predisposición” en la mayoría de los casos.
Por consultas o informes, los interesados pueden contactarse por mail a omaitandil@yahoo.com.ar o por teléfono al (249) 460-2206.