Para Carlos Fernández, la expropiación es un “grave error”
El tandilense cuestionó que “el Presidente tomó una decisión que está expresamente prohibida por la Constitución”. Y agregó que “se ha arrogado facultades que no corresponden”.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Carlos Fernández dialogó con el programa de ECO TV “Cosas que pasan” también se expidió acerca de la decisión de expropiar la empresa Vincentin y consideró que es un “grave error”.
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Deseó que “el funcionamiento de las instituciones en la Argentina lo corrija, sino estaríamos claramente ante una grave violación a la Constitución Nacional, frente a un hecho donde se han arrogado facultades que no corresponden y además, creo que los antecedentes que tenemos en la Argentina de decisiones similares a ésta son pésimos”.
“Hay un juez que está interviniendo, hay un concurso en marcha, está en pleno proceso y el Presidente tomó una decisión que está expresamente prohibida por la Constitución, el único que puede decretar una intervención en una empresa privada es un juez competente, no el Presidente de la Nación”, sentenció.
Consideró que si “el trasfondo es la soberanía alimentaria como se dice y se pretende justificar de esa forma, suena como un Déja Vù de lo que sucedió en Venezuela y en las redes está circulando el ‘Exprópiese` de Chávez, que era acompañado de frases rimbombantes como ésta de soberanía alimentaria”.
“Tenemos poca imaginación, utilizamos los mismos argumentos que hace una década, a la luz de los resultados no les fue demasiado bien en Venezuela”, señaló.
Un riesgo para la seguridad jurídica
Frente a este panorama, evaluó que “pareciera que estamos iniciando un camino que no es conducente, porque la realidad es que los empleados de Vincentin estaban trabajando normalmente, estaban cobrando sus salarios al día, no es que había un atraso, una empresa cerrada. Sí hay un problema financiero grave producto de una corrida cambiaria que se dio el año pasado, lo cual desestabilizó a un gigante de las características de Vicentin, que es la cuarta cerealera de la Argentina, y tiene más de 90 años de historia”.
Planteó que hay analizar “el fondo” de la cuestión, ya que se trata de “una empresa privada que estaba en un concurso de acreedores, que está en pleno proceso y aparece el Estado interrumpiendo ese proceso y tomando una decisión que genera consecuencias no solamente para Vincentin sino para toda la economía argentina”.
“Hoy un porcentaje muy alto de las empresas argentinas están atravesando desestabilidad financiera. Entonces si ésta es la forma de reacción del Estado, pone en riesgo la seguridad jurídica, el funcionamiento de las instituciones como las conocemos, eso implica temores, demoras en las decisiones de inversión”, manifestó.
“Hay un concurso en marcha por lo tanto las acreencias que están en el concursos son intocables, es lo primero que debería pagar el Estado para hacerse cargo de eso, y después a partir de una ley de expropiación de acciones, no puede expropiar bienes, porque si expropiás los activos quién se va a hacer cargo del pasivo. La realidad es que el Estado asume una deuda de 1250 millones de dólares que se tiene que hacer cargo de forma inmediata”, aseguró.
En ese contexto, sostuvo que “en un país con las dificultades que tenemos, que no estamos en condiciones de pagar nuestra propia deuda, hay que imaginarse si la comunidad internacional reaccionara igual ante un país que tiene dificultades financieras como la nuestra, mañana nos designa un interventor con el mismo criterio”.
La votación en Diputados
“Nosotros somos 116 diputados, hay que ver cómo vota Consenso Federal y otro bloque satélite del oficialismo constituido por algunos partidos provinciales, si se repiten los números que se dieron últimamente en la Cámara, va a ser difícil que el oficialismo logre una mayoría, de todas maneras es una discusión que hay que dar hacia adelante”, señaló.
Asimismo, “se está dando una discusión en el ámbito judicial, porque ya hay presentaciones hechas, seguramente van a ir contra esta decisión los accionistas de la empresa”.
“Salió el ministro de la producción de Santa Fe en contra de la decisión, planteando una falta de respeto al federalismo, a las conversaciones que el gobierno de Santa Fe venía realizando hace varios meses en consonancia con la empresa, inclusive con YPF Agro como una de las herramientas que podían colaborar en un posible consenso entre las partes”, sostuvo.
Y agregó que “la aparición de YPF Agro puede ser una estrategia a discutir como parte de una estrategia de ampliación, que además el crecimiento internacional que ha tenido la empresa estos últimos 25 años tuvo que ver con el manejo de esta tercera generación, y empezó a generar una diversificación en el marco de la tarea que venía haciendo la empresa”.