Realizaron un pañuelazo en las calles para exigir la despenalización del aborto

Un grupo de personas se manifestó a favor de la legalización del aborto.

El Eco

En consonancia con el resto del país, en Tandil se realizó ayer un “pañuelazo” para exigir la despenalización del aborto. Destacaron que hoy por primera vez en la historia argentina en el ámbito legislativo se va a discutir qué hacen las mujeres con los embarazos no deseados.

La manifestación comenzó a las 17 en la esquina de San Martín y 9 de Julio, donde un grupo de mujeres se paró frente a los automóviles cada vez que el semáforo cortaba el tránsito expresando con pañuelos verdes y carteles el pedido de legalización del aborto.

“El aborto es una deuda de la democracia”, “Aborto legal para no morir”, “Educación sexual para decidir”, “Aborto ilegal es femicidio por parte del Estado”, “Mi cuerpo es mi decisión”, “Todas abortamos. Las ricas callan, las pobres mueren”, eran algunas de las frases que podían leerse.

El debate
en Diputados

Gisela Giamberardino, de la agrupación feminista Mala Junta, explicó que el pañuelazo surgió en distintas ciudades del país debido a que hoy por primera vez ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto que busca la despenalización y legalización del aborto.

“Es la primera vez en la historia argentina que en el ámbito legislativo se va a discutir qué hacemos las mujeres con los embarazos no deseados, y se va a discutir a partir del proyecto presentado por la campaña nacional por el Derecho al Aborto, que entró con 71 firmas de un arco político muy amplio”, enfatizó.

No obstante, recordó que desde los inicios de la democracia hasta ahora hay más de 300 proyectos presentados en relación al tema del aborto, “que van desde la total despenalización, a la despenalización y la legalización, pero ninguno llegó nunca a tratarse”.

“Por eso decimos que es un quiebre, en el sentido positivo en la historia de la legislación argentina, porque si bien ha habido mucho movimiento, no lográbamos nunca permear el debate legislativo, que es lo que se ha logrado con estas grandes movilizaciones”, resaltó.

Y añadió que “creo que tiene que ver con las movilizaciones del 8M, los paros de mujeres, sin este grueso de mujeres en las calles consideramos que no se hubiera dado ninguna posibilidad de debatir”.

Un tema de
salud pública

Aseguró que la tendencia en las encuestas indica que “habría casi un 60 por ciento de la población dispuesta a legalizar o despenalizar el aborto pero sabemos muy bien que el ámbito legislativo no siempre está en relación directa con la sociedad civil y menos con los movimientos organizados de mujeres”.

“Algunas cosas que hemos ido leyendo y algunos datos nos indicarían que podría este proyecto pasar a Diputados pero que en Senadores sería más difícil conseguir los votos. También sabemos que desde el oficialismo se está embarrando un poco la discusión. Ellos plantean la idea de que lo quieren debatir con más integralidad, a nosotros nos parece que va a confundir, porque están agregando temas como la subrogación de vientres, o inclusive la adopción”, argumentó.

Respecto a los cuestionamientos de grupos que están en contra de la legalización del aborto, consideró que se trata de un tema “de salud pública” y en ese sentido, admitió que “no discutimos, no nos damos el debate sobre cuándo inicia o no inicia la vida, por otro lado hay evidencias científicas que hablan de que podríamos pensar en un sujeto de derecho a partir de ciertas cuestiones de sensibilidad y conformación del sistema nervioso que sería casi en el cuarto, quinto mes”.

Sin embargo, sostuvo que “no nos parece que ese sea el debate porque en realidad si es la decisión acerca de una vida, no decimos que sea la decisión acerca de una persona”.

En tanto, evaluó que el posicionamiento de las personas que están en contra del aborto legal, es “muy sesgado, que es cercano a posicionamientos dogmáticos y lo decimos con respeto pero objetivamente no creemos que eso conduzca a poder tener una sociedad mejor, más democrática, y sobre todo los movimientos de mujeres desde hace siglos venimos buscando autonomía, y mayor determinación, soberanía de los cuerpos y las decisiones”.

“Nos parece que no tener una ley que legalice el aborto es dejarnos a las mujeres en condiciones nuevamente de opresión, y de no poder decidir. De hecho algunos datos nos indican que en los países en los que el aborto es legal, hay muchas menos muertes por aborto”, recalcó.

Y añadió que “que el aborto no sea legal no impide que se concrete, sino que lo que hace es que se haga en condiciones que ponen en riesgo de vida a esa mujer que está gestando”.

Médicos objetores
de conciencia

En cuanto a las consejerías que funcionaban en el Hospital Ramón Santamarina para la interrupción legal del embarazo, sostuvo que “no son gente que se dedica a hacer abortos sino a hacer asesoramiento, contención y a llevar adelante estrategias junto a quienes van a consultar que muchas veces son mujeres solas y otras veces son parejas, de acuerdo no solo a la posibilidad de un aborto sino por cuestiones de métodos anticonceptivos. Esa consejería últimamente está intermitentemente interrumpida”.

“El tema de las objeciones de conciencia es una figura legal que permite a los médicos dejarte sin derechos. No está mal que haya objetores de conciencia, lo que no se puede por ley es que no haya ninguno que no lo sea”, afirmó.

Gisela Giamberardino destacó la importancia de que comience el debate en Diputados.

En el ámbito de la tocoginecología de Tandil “todos eran objetores de conciencia, por lo cual la mujer además de haber sufrido una violación, llegaba con un permiso de la Justicia para interrumpir el embarazo, no lo podía hacer en el hospital y tenía que ser trasladada a Mar del Plata. Una situación de vulneración total”, sostuvo. u

Vide: “Espero que al menos se
llegue a la despenalización”

La concejal oficialista Matilde Vide se acercó al lugar de la manifestación a modo de apoyo y consideró que “debemos acompañar todas las iniciativas que sean para respaldar derechos”.

“Es muy bueno que se debata, me parece que la sociedad tiene posturas contradictorias, opuestas y otras que se complementan pero está bueno que se discuta el tema. Yo creo que no vamos a poder encontrar una postura común porque hay muchas diferencias, pero por ahí sí se puede encontrar una postura mayoritaria, o una política que logre subsanar esta problemática”, argumentó.

Finalmente, expresó que “espero que al menos se llegue a la despenalización, y luego si podemos acordar una política de Estado sería mucho mejor, esperemos que sí, que se llegue a que el Estado pueda al menos garantizar la vida de las personas”

Desde la Defensoría del Pueblo
piden debatir cambios en la
Ley de Educación Sexual

Ante posibles incumplimientos de la norma en establecimientos educativos de gestión pública y privada, el defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, cuestionó una resolución del arzobispado platense y afirmó que se debe reformar un artículo 5 de la ley que posibilita que no se cumpla integralmente con los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual integral. Un estudio publicado recientemente indica que solamente dos de cada diez alumnos reciben educación sexual en las aulas.

El defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, Walter Martello, a cargo del Area de Niñez y Adolescencia de dicho organismo, pedirá informes a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense acerca de la instrumentación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en los establecimientos educativos, especialmente en aquellos que son de gestión privada y reciben subvenciones del Estado provincial. Concretamente, solicitará que la Dgcye remita las últimas evaluaciones anuales -estipuladas en la Ley 14.744- sobre los avances en el cumplimiento de la ESI.
“La ley 26.150 que se aprobó en 2006 había fijado que en el año 2010 el programa ESI debía alcanzar a todas las escuelas públicas y privadas. Esto no ocurrió y, lo que es peor aún, nos encontramos con que se está dañando el interés superior del niño al privarlos del derecho que les asiste a miles y miles de alumnos a recibir una educación sexual integral”, explicó Martello.

En ese sentido, el defensor del Pueblo adjunto recalcó que el artículo 5 de la Ley 26.150 les otorga una solapada discrecionalidad a las comunidades educativas para que puedan adaptar lo que establece la ley en función de las “convicciones de sus miembros”.

“El último párrafo de ese artículo es tomado por los sectores más conservadores de la Iglesia para desvirtuar el programa de educación sexual integral y es el que posibilita, por ejemplo, que las escuelas que dependen del arzobispado de La Plata se manejen con directivas totalmente distintas a lo que establece la ley, las cuales están plasmadas en el documento ´Aportes preliminares al ordenamiento de la educación sexual en la escuela´”, explicó Martello.

Concluyó: “Se trata de un texto, ratificado el año pasado por un resolución 096-17 del arzobispo Héctor Aguer, que reniega de las campañas de entrega gratuita de preservativos a jóvenes. Entre las directivas que da Aguer, se destaca: ´No creo que pueda enfocarse la educación sexual, desde nuestra perspectiva, sino como una educación en la castidad”.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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