Se aguarda la intervención de provincia en el caso del geriátrico clandestino
Mientras se aguarda la inspección de funcionarios de provincia, Luján Brito, directora de Integración y Extensión Comunitaria brindó detalles sobre las gestiones que llevan adelante desde el área luego del allanamiento en el geriátrico que funcionaba de manera clandestina en calle Almafuerte al 600.
Días atrás, vecinos denunciaron a través de las redes sociales la situación que vivía un grupo de adultos mayores en un domicilio de calle Almafuerte 648 que funcionaba como geriátrico en los márgenes de la clandestinidad. Alguna de las imágenes que se viralizaron, mostraban a las personas hacinadas, tendidas en camas que apenas cabían en una habitación.
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Desde el Municipio, informaron que la denuncia pública llegó luego de que un particular alertó sobre esta irregularidad por la cual se tomó intervención desde la dependencia y se articuló una presentación en el Juzgado de Familia 2 que rápidamente ordenó un allanamiento. También elevaron un acta al Ministerio de Salud de la Provincia, órgano encargado de realizar las inspecciones correspondientes.
Efectivamente un equipo integrado por psicólogos, trabajadores sociales y médicos acompañó el accionar de la Justicia en la vivienda de calle Almafuerte y una vez iniciado el proceso el pasado 26 de octubre, desde el área municipal se encuentran trabajando mientras se aguarda que la provincia se expida en relación a la clausura o al plazo de tramitación requerido.
La directora de Integración y Extensión local Luján Brito, explicó que “luego del allanamiento promovimos el egreso de las personas que eran un total de 7 adultos mayores y ofrecimos a los familiares ayudarlos con la reubicación, pero muchos tomaron a mal nuestra intervención”.
Brito indicó que si bien se pudo corroborar que los residentes se encontraban de manera voluntaria y en buenas condiciones de higiene, de salud y nutrición, “promovimos entre las familias la posibilidad del egreso porque el lugar no cuenta con habilitación y por ende, se encuentra al margen de la ley”.
La funcionaria señaló que el poder de acción del ámbito municipal se circunscribe a la denuncia judicial y a la notificación elevada a la cartera de salud bonaerense, que es el organismo competente. “Quienes deben intervenir para intimar al propietario son la Justicia y/o el Ministerio porque si estuviera habilitado tendríamos injerencia, pero al no estarlo, es propiedad privada y solo podemos acompañar si hay un proceso judicial”, subrayó.
Brito destacó además que este caso particularmente reviste un delito en el que debe intervenir la Justicia si es que el encargado del establecimiento, finalmente no logra acceder a los requisitos y a la documentación que le permite funcionar como geriátrico pero insistió en que “primero se necesita que desde provincia se haga la inspección correspondiente”.
Según declaró la directora de Integración y Extensión Comunitaria el dueño del emprendimiento tiene un proceso previo de clausura por haber desarrollado la misma actividad tiempo atrás, sin la habilitación necesaria.
Mientras se aguarda que funcionarios de La Plata lleguen a la ciudad se informó que en el domicilio hay 3 personas que fueron egresadas y reubicadas por los familiares y otras 4 permanecen en lugar.