Sin definiciones, la Usina evalúa la resolución de Oceba con el marco normativo eléctrico vigente
La disposición que la semana pasada difundió el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), que determinó que las distribuidoras no podrán incorporar en sus facturas “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio”, desconcertó a las autoridades comunales y de la Usina, que aún mantienen una evaluación conjunta con vistas a establecer su alcance.
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Sin definiciones, y respaldado en el pedido de prórroga, persisten ciertas incógnitas sobre la aplicación de la medida que tiene especial relación con los cargos impositivos que el Municipio incorporó en la tarifa de luz.
Se trata de tres conceptos vinculados a ordenanzas por las cuales ingresan fondos con fines específicos, la 2.505, la 5.791 y la 9.495 (el Fondo de Ayuda Solidaria FAS), y todavía no hay precisiones sobre su eventual continuidad.
Las dudas se presentan frente a la interpretación de lo que establece el marco regulatorio eléctrico y un decreto de 2001 firmado por el entonces gobernador de la provincia, Carlos Ruckauf.
Por eso se mantiene un análisis de las normativas vigentes con vistas a determinar una correcta aplicación, mientras el Ejecutivo evalúa las alternativas para evitar desfinanciar el sistema en caso de eliminar esos tributos Lo cierto es que la boleta de la Usina se distribuye con conceptos destinados a distintos fines.
En paralelo, este martes, integrantes de la comisión directiva de la empresa de capitales mixtos participaron de una reunión en Luján con autoridades de otras cooperativas para evaluar el escenario que abrió la medida del organismo provincial y sus alcances.
El marco
regulatorio
En diálogo con el ciclo radial “No hay dos sin tres”, el gerente administrativo de la Usina, Mario Cabitto, ratificó que aguardan por aclarar esas dudas para implementar “correctamente” la resolución.
En ese sentido abordó la cuestión regulatoria y las diversas interpretaciones que no permiten establecer la implementación de lo dispuesto. “Hay una necesidad de analizar todo para una correcta aplicación”, definió.
A más precisiones explicó que en febrero de 1997 se dispuso que todos aquellos conceptos ajenos a la factura para ser habilitados debían cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, la aprobación expresa del usuario y la autorización del organismo de control eléctrico de Buenos Aires.
Desde ese momento las distribuidoras de energía incorporaron conceptos ajenos al servicio mediante este mecanismo y en cumplimiento con estas disposiciones.
En 2001, el exgobernador Carlos Ruckauf emitió un decreto mediante el cual limitó este procedimiento y estableció que no era necesario cumplir con las disposiciones.
“Dualidad
de criterios”
Esta medida disparó una “dualidad de criterios”, a lo que se agregó que los municipios que tienen la concesión en 93 localidades que prestan servicio las 200 cooperativas y la Usina “tienen una potestad de dictar ordenanzas y de crear la figura de agentes de recepción”.
Todo este contexto lleva a que aún persistan dudas en cuanto a la resolución del Oceba, que establece que en las boletas solo irán los conceptos por consumo de energía eléctrica, el alumbrado público y las cargas impositivas nacionales (IVA) y provinciales.
En esa línea Cabitto planteó que la incógnita apunta a establecer qué sucede con los conceptos preexistentes al marco regulatorio a partir del decreto del exgobernador Ruckauf, que tiene rango superior a una resolución de un organismo de control, pero también con las ordenanzas que dictó el poder concedente en cada una de las 93 localidades bonaerenses.
Casos
particulares
En declaraciones radiales el gerente administrativo de la Usina se basó en la necesidad de aclarar las normativas y estudiar cada caso en particular.
Al respecto graficó que hay cooperativas eléctricas que cobran el servicio de sepelios dentro de la boleta porque son las que lo prestan -en algunos distritos en forma exclusiva.
En Tandil, la Usina, entre otras cosas, cobra los aportes voluntarios que realizan los usuarios a Pajaritos de la Calle o a la parroquia Santísimo Sacramento. “Son actos voluntarios que usan a la factura de luz como un agente de recaudación”, sostuvo Cabitto.
Desde su perspectiva el espíritu de la resolución de Oceba avanzaría contra estas cargas impositivas también y las haría desaparecer.
En sintonía
Por tratarse de una sociedad de economía mixta la evaluación de este nuevo escenario que creó la medida del organismo del control del gobierno de María Eugenia Vidal se realiza en conjunto entre el directorio de la Usina y el equipo de la Secretaría de Legal y Técnica de la comuna. “Estamos analizando en conjunto y en sintonía”, aseguró.
Y adelantó que para la semana entrante se programó una reunión en Provincia para trabajar en una “correcta implementación” de la resolución en los distritos bonaerenses.
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