LA CRISIS EN BOLIVIA
Para Michelle Bachelet, hay un “uso innecesario de la fuerza”
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció un “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en Bolivia.
En concreto se refirió a la muerte de manifestantes en la ciudad de Sacaba, Cochambamba, “presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad”.
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“Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días”, indicó la expresidenta chilena.
“Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, apuntó.
Bachelet condenó esas muertes y advirtió que implican un peligro extremo puesto que lejos de apaciguar la violencia “es posible que la empeoren”. “Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos”, agregó, según la agencia de noticias Europa Press.
Para Bachelet, Bolivia es “un país dividido” por la indignación que existe en los distintos sectores del espectro político.
“En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”, advirtió.
Expresó gran inquietud no sólo por los muertos y centenares de heridos, sino porque se han registrado numerosas detenciones: más de 600 desde el 21 de octubre, “muchas de ellas durante los últimos días”.
Pedidos concretos
La Alta Comisionada ha pedido a las autoridades revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las protestas e insistió en la necesidad de investigar con “celeridad, imparcialidad, profundidad y transparencia” los hechos para que haya una rendición de cuentas de los responsables.
Además, pidió a las autoridades que se abstengan de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas. “Esta situación no será resuelta por medio de la fuerza y la represión. Todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia. Insto a todos los actores, incluyendo a los manifestantes, a que renuncien a la violencia para transitar hacia una solución pacífica a la crisis actual”, concluyó.
La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Evo Morales proclamó su victoria mientras que la oposición denunció un “fraude gigantesco”. La auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó “irregularidades”.
Morales dimitió el domingo y el martes llegó a México en calidad de asiliado político.
La vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se proclamó mandataria interina para evitar el vacío de poder dejado por la renuncia del líder indígena y otros altos cargos, asegurando que su objetivo es celebrar nuevas elecciones, pero los afines a Morales denuncian un golpe de Estado en toda regla. (Télam)
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La represión no tendrá
“responsabilidad penal”
El Gobierno interino de Bolivia de la autoproclamada presidente Jeaninede Áñez emitió un decreto para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en la represión, según un texto al que pudo acceder la agencia de noticias Télam.
“El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, estableció el decreto conocido ayer pero que cuenta con fecha del viernes 15.
Asimismo, añadió que “Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”, lo que habilita a las fuerzas del orden a contrarrestar las manifestaciones con armas de fuego.
En oro tramo, el decreto exige a “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales”.
El decreto llega un día después de la feroz represión en la ciudad de Cochabamba contra los ciudadanos que respaldan al renunciado expresidente Evo Morales.
El viernes, miles de productores cocaleros que apoyan a Morales, primer presidente indígena de Bolivia, intentaron ingresar a la ciudad central de Cochabamba desde el vecino municipio de Sacaba, pero soldados y policías se lo impidieron a los tiros, dijeron autoridades y manifestantes.
El decreto presidencial contrasta con las declaraciones de ayer al mediodía a medios locales del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien aseguró que “he ordenado la mayor de las transparencias en esto: No quiero que se tape nada”. (Télam)