Comenzó en Corrientes un juicio por explotación sexual de mujeres
El séptimo juicio por explotación sexual de víctimas de trata de personas en Corrientes comenzó ante la justicia federal, donde la Fiscalía puso bajo la lupa la actuación de las autoridades municipales que habilitaron locales donde se prostituía a mujeres en estado de vulnerabilidad.
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Este proceso se inició en el Tribunal Oral Federal, con el debate en el que la única imputada es Teresa Isabel Batista, acusada de regentear un prostíbulo ubicado en la ciudad de Gobernador Virasoro, en la región noreste de la provincia.
El 17 de octubre de 2015 la Gendarmería allanó el local, llamado El Trébol, y fueron rescatadas en total 12 mujeres mayores de edad, todas migrantes, de Paraguay y otras con domicilio en la provincia de Misiones.
De ese grupo dos no habían tenido escolaridad y el resto no completó sus estudios, varias habían ingresado al circuito prostituyente de niñas o adolescente, reconocieron provenir de familias en situación de pobreza, algunas incluso extrema, no administraban el dinero que producían por el ejercicio de la prostitución y aseguraron que ese rol lo cumplía Batista.
Así lo indicó el informe realizado por las autoridades de la oficina de rescate de víctimas de trata que se incluyó en el expediente al que Télam tuvo acceso.
En la causa se indicó además que las mujeres residían en el local nocturno y que la encargada las identificaba con pulseras plásticas de distintos colores.
Para el fiscal Carlos Schaefer, las características del caso encuadran con la situación de explotación sexual de las víctimas de trata dado que la mujer las acogía mientras obtenía un rédito económico del ejercicio de la prostitución de jóvenes en estado de vulnerabilidad.
Aún así, según se ventiló en la audiencia de ayer, existen elementos que permiten sospechar que hay otras personas detrás de la trama que se desencadenó con el rescate de las víctimas de El Trébol.
En tanto, fuentes del Ministerio Público pusieron el acento en el rol que tuvieron las autoridades municipales de la ciudad de Gobernador Virasoro al otorgar la habilitación comercial del local como whiskería.
En ese aspecto, no solo se incluyeron constancias de los trámites comunales, sino que fuentes judiciales indicaron a Télam que la fiscalía tendrá en cuenta un antecedente del 14 de septiembre, cuando la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió el sobreseimiento a seis funcionarios municipales de la ciudad fueguina de Ushuaia que pasaron por alto las inspecciones a un local donde se explotaba sexualmente a mujeres víctimas de trata. (Télam)