PANDEMIA
El Gobierno Nacional transfirió más de 720 mil millones de pesos
Las transferencias realizadas para morigerar el impacto de la pandemia en las finanzas provinciales, las familias y las empresas ascendieron a 723.461 millones de pesos, a través de los distintos programas.
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Así se desprende de un análisis del Gobierno sobre las transferencias del Estado nacional a las provincias en el marco de las medidas de aislamiento realizadas a partir del 20 de marzo, fecha de entrada en vigencia del decreto 297, y hasta el 2 de noviembre pasado.
El documento que se analizaba esta semana en los despachos oficiales destacó que el monto de 723.461 millones de pesos destinado a asistir a los estados provinciales, las empresas y las familias es equivalente al 40,8 por ciento de la coparticipación.
Por un lado, se mencionan las transferencias directas a través de Asistencias del Tesoro Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincia (FFDP) por 108.073 millones, mientras las indirectas, es decir aquellos fondos girados a las empresas y las familias, sumaron 615.389 millones.
Los préstamos otorgados por el FFDP fueron diseñados para cubrir las necesidades financieras específicas de cada provincia en el marco de la pandemia y las medidas sanitarias para su control.
Entre los fondos que el Gobierno nacional distribuyó en las empresas y las familias en todo el territorio nacional figuran los créditos productivos a tasa 24 por ciento, los préstamos a tasa cero para trabajadores monotributistas y autónomos, y los préstamos a empresas otorgados en el marco del Programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Todos estos créditos cuentan con garantía estatal (Fogar) y, en algunos casos, subsidio de tasa (Fondep), lo que permitió un aumento sustancial del crédito productivo, utilizado por las empresas para transitar la crisis, reforzar el capital de trabajo y reiniciar actividades cuando esto les fue posible.
Otros pagos
Con respecto al salario complementario, que permitió sostener los del sector privado, el Gobierno destinó 204.089 millones de pesos, mientras que al Ingreso Familiar de Emergencia, diseñado para atender los ingresos de los trabajadores del mercado informal, se destinaron 258.013 millones.
El ATP (pago directo de una parte sustantiva de la nómina salarial privada) y el IFE fueron las dos políticas más importantes desarrolladas durante la pandemia, puestas en marcha pocos días después del inicio del ASPO.
Desde el 24 de marzo, cuando se publicó el DNU que dio lugar al Ingreso Familiar, se concretaron tres rondas que alcanzaron hasta 9 millones de beneficiarios con un monto de diez mil pesos, mientras que el 1 de abril se puso en marcha la primera versión del ATP, que este mes cerró su séptimo ciclo.
Durante el mismo período también se destinaron fondos para reforzar la política alimentaria por 4.384 millones, y para otorgar recargas adicionales en las tarjetas, a fin de apoyar a familias con hijos e hijas menores de seis años, por 7.718 millones.
A la vez, los bonos a los jubilados y pensionados, personas con discapacidad y perceptores de la Asignación Universal por Hijo, sumaron 43.560 millones de pesos.
El miércoles, el gabinete económico ratificó el fortalecimiento de los programas sociales mientras se reduce el paquete de ayuda de la pandemia: en diciembre se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar, que asiste a más de 1,5 millón de familias (unos 2,9 millones de niñas y niños), con una inversión mensual de 7.500 millones.
Del mismo modo se fortalecerán durante el último mes del año las transferencias de fondos a municipios y gobernaciones para garantizar la asistencia alimentaria. (Télam)