La baja de la imputabilidad es un tema que divide a los bloques en el Congreso

El debate volverá a reactivarse a partir del próximo envío al Parlamento de un proyecto del Gobierno nacional para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que contempla una disminución de 16 a 15 años en la edad para ser imputado por delitos graves.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

El Eco

El Congreso intentó durante los últimos 20 años avanzar en la discusión de bajar la edad de imputabilidad, pero el tema nunca pudo llegar al recinto debido a la falta de acuerdo político.

Es más: tanto en Diputados como en el Senado siguen vigentes distintos proyectos sobre esta cuestión, pero aún no fueron debatidos en las comisiones respectivas.

En cualquier caso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso, para debatir posiblemente en sesiones extraordinarias, un proyecto que crea un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves y que contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo.

La actual iniciativa finalmente fija en 15 años la edad de imputabilidad.

Sin embargo, a pesar de los intentos de diferentes gestiones, las discusiones sobre la baja de imputabilidad a menores siempre se trabaron en el Congreso por las divisiones políticas, que atraviesan a la mayoría de los bloques parlamentarios sobre esta materia.

Sólo el Senado pudo aprobar en 2009 un proyecto para bajar la imputabilidad, pero luego se empantanó en Diputados por las críticas de los legisladores kirchneristas, del radicalismo, la izquierda y del socialismo, y la norma en debate perdió finalmente estado parlamentario.

 

Proyectos en carpeta

 

En la actualidad hay al menos una docena de proyectos en Diputados para establecer un nuevo régimen penal juvenil, aunque sólo tres proponen bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que fueron elaborados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, el salteño Alfredo Olmedo y la puntana Ivana Bianchi.

Las divisiones en torno a la cuestión atraviesan a diferentes bloques, incluyendo a Cambiemos, el Frente Renovador y el kirchnerismo; en 2013, por ejemplo, el entonces candidato a diputado bonaerense por el FPV-PJ e intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad, y tuvo que soportar duras críticas de sus pares.

En el Senado, en tanto, sólo dos proyectos de ley aún tienen vigencia, y fueron presentados por el Partido Renovador de Salta y el kirchnerismo.

La iniciativa de la salteña María Fiore Viñuales, que remite a un proyecto presentado en 2016, tiene como objetivo establecer un sistema penal para contener a menores de entre 13 y 18 años que cometan delitos.

El proyecto de la ex senadora kirchnerista María Laura Leguizamón, finalmente, está basado en la discusión original; aunque esa iniciativa no resultara sancionada en febrero, perderá estado parlamentario a partir del 1º de marzo. (Télam)

 

 

********* relacionada

 

Oposición de los magistrados

 

La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) rechazó por anticipado la iniciativa que propicia el Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, y evaluaron que esa eventual reforma “no puede reducirse solamente” a una baja de la edad de punibilidad, con el objeto de dar una “respuesta demagógica” a la “seguridad ciudadana”.

“La Ajunaf se opone a la baja de la edad de punibilidad sin que previamente se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia”, expresó la asociación.

En un comunicado, la Ajunaf subrayó que “la actividad estatal no puede reducirse solamente a lograr una reforma de legislación penal que tenga como eje central la baja de la edad de punibilidad, con la intención de dar una respuesta demagógica y punitiva al tema de la seguridad ciudadana”.

Además, los magistrados y funcionarios resaltaron que cualquier reforma debe contemplar los “derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral, y salud a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”. (Télam)

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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