Ultiman detalles de proyecto con criterios epidemiológicos para la toma de medidas
El Gobierno ultimaba el proyecto de ley para promover la estandarización de los escenarios y facultar al Presidente y a los gobernadores a dictar “medidas de cuidado de la población” sin caer en la politización ni en judicialización de la pandemia.
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El proyecto era revisado en las últimas horas por la jefatura de Gabinete y, a pesar de haber sido ideado antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de esta semana, se constituirá como el primer acto de gobierno concreto posterior a la sentencia que fue leída por la Casa Rosada como una “declaración de guerra”.
El Ejecutivo propondrá una suerte de semáforo epidemiológico que fije los indicadores a partir de los cuales las distintas administraciones provinciales no solo estarán facultadas, sino también aconsejados, a aplicar distintas medidas como podría ser el paso de la educación presencial a la virtual, el tema que desató la judicialización de la pandemia.
El presidente Alberto Fernández leerá la última versión del proyecto de ley antes del iniciar su gira europea y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo enviará mañana al Congreso Nacional, según aseguraron a Télam fuentes oficiales: el texto incluirá los argumentos esgrimidos en el último decreto de necesidad y urgencia y “agregará sustentación sanitaria y legal”.
El propio Presidente adelanto el viernes último que estaba trabajando en el proyecto cuando se disculpó por encabezar un acto por zoom y explicó que estaba dedicando su tiempo a pulir el proyecto que se comprometió a impulsar “para que no sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas”.
“Con el envío de un proyecto de ley al Congreso y su eventual sanción (con el respectivo consenso político), el campo de acción de la justicia queda absolutamente acotado”, sostuvo un funcionario nacional en diálogo con Télam.
Hasta última hora del viernes continuaban resonando en el seno del Gobierno nacional los ecos del fallo de la Corte Suprema de Justicia en su posición de no acatar el DNU (ya extinguido) con el que el Presidente dispuso el cese de la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por período de 15 días para buscar un aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus.
En términos políticos, la sentencia del máximo tribunal representó para la Casa Rosada una inclinación de la Corte Suprema en favor del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Antes y después del fallo, los voceros oficiosos de la Corte se ocuparon de resaltar que el fallo no declararía la inconstitucionalidad del DNU 241, que no ataría las manos del Gobierno nacional en relación a futuras medidas y que se expediría sobre un decreto sin vigencia.
Pero para los principales funcionarios del Ejecutivo, hacer una lectura del fallo en ese sentido denotaría cierta “ingenuidad política”.
Más allá de la reacción pública y de la lectura del fallo, en la Casa Rosada reconocieron que la cuerda se pudo haber tensado más, pero que finalmente no ocurrió: “Emitieron una sentencia que no resolvió nada y está vigente un nuevo DNU, con mayor fundamentación y sin cuestionamientos a nivel judicial”, aseguraron. (Télam)