La transparencia de las tarifas es fundamental para crecer

El Eco

Si queremos avanzar en un sendero de crecimiento sostenido, signado por un mayor desarrollo y por mejoras en el bienestar, la transparencia tarifaria es una obligación y no debería estar en discusión.

El congelamiento de las tarifas dispuesto a comienzos de este siglo, no hizo más que engendrar un grave problema económico con consecuencias nefastas para el desarrollo productivo de nuestro país. También implicó un fuerte atraso tarifario debido a que, entre diciembre del año 2000 y diciembre de 2015, mientras la inflación fue del 1.300%, la tarifa eléctrica media en AMBA creció un 30%. En ese mismo período la tarifa de gas aumentó un 169% en el norte y oeste de Buenos Aires y menos del 30% en la región patagónica y el sur de Buenos Aires.

La situación descripta con anterioridad fue producto de la generación de importantes y crecientes subsidios por parte del Estado Nacional que llegaron a alcanzar el 2,8% del PBI en 2014, atentaron contra la inversión en el sector energético y destruyeron el saldo positivo de la balanza comercial hasta volverla fuertemente deficitaria. Los números y la realidad hablan por sí solos, es imposible negarlos.

Desequilibrios de tal magnitud no se condicen con un país que busca el desarrollo y el crecimiento sostenido para sus habitantes. Por lo tanto, 15 años de distorsiones fueron más que suficientes para obligarnos, como sociedad, a tomar una decisión necesaria y estratégica para el progreso a largo plazo.

La transparencia tarifaria implementada por el Gobierno de Cambiemos es el camino más adecuado para solucionar los problemas mencionados. Aun con esta modificación podemos asegurar que la proporción del salario destinada al gasto de los servicios de gas y de luz se encuentra por debajo del registrado previo al congelamiento tarifario.

En el año 2000 una familia destinaba el 4,4% de sus ingresos al pago de la luz y el gas, en 2018 (luego de transparentar el cuadro tarifario) un hogar destina el 3,4% de sus ingresos. La diferencia es aún mayor en los hogares habitados por personas con bajos recursos, ya que este sector se encuentra protegido mediante una tarifa social.

Con esta quita progresiva de los subsidios todavía seguimos estando por debajo de las cifras que se observan en América Latina, donde un hogar promedio destina el 5,3% de su ingreso al gasto de luz y gas. Si tomamos algunos países en particular, encontramos que en Brasil esa cifra sube al 5,4%, en Perú al 5,1% y en Uruguay, el 9,7%.

La Tarifa Social es utilizada para proteger a los que menos tienen. Este beneficio alcanza a usuarios con ingresos mensuales inferiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (o sea 19.000 pesos), a titulares de planes sociales, a personas con discapacidades, y a quienes perciben seguros de desempleo, entre otros.

La Tarifa Social alcanza a 4,2 millones de usuarios de energía eléctrica y a 1,6 millones de usuarios residenciales de gas. Es decir, al 30% del total de usuarios de energía eléctrica y al 18% del total de usuarios de gas.

El proyecto de ley votado por la oposición que declara la emergencia tarifaria y retrotrae las tarifas de los servicios públicos a noviembre de 2017, no es más que un claro acto de irresponsabilidad e imprudencia. Implica posponer en el tiempo la decisión necesaria para solucionar el importante desequilibrio energético en el que estamos inmersos tras 15 años de congelamiento tarifario.

Al mismo tiempo nos obliga, nuevamente, a caer en un aumento de los subsidios que debe pagar el Estado Nacional. La cifra estimada ronda los 65 mil millones de pesos (equivale al 0,5% del PBI). Esto implica tirar por la borda todos los esfuerzos que estamos realizando y el trabajo que venimos haciendo para reducir el tan conocido déficit fiscal. En otras palabras, se volvería a privar a la sociedad argentina de tomar, de una vez y para siempre, el sendero del crecimiento y el desarrollo propuesto por el presidente Mauricio Macri.

El principal lema de nuestro Gobierno es decir la verdad y tener reglas de juego claras. No vamos a modificar el rumbo para adoptar medidas populistas e irresponsables. La sociedad nos brindó su voto de confianza para que cambiemos las viejas recetas y podamos convertirnos en el país que tanto anhelamos, con una economía en crecimiento, sólida, pujante y confiable.

(*) La autora es Senadora nacional (Pro-Córdoba).

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