Desde Lotería y Casinos destacaron el procedimiento que desbarató la organización del juego clandestino
Desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos destacaron el operativo que se desplegó en la ciudad que permitió desbaratar la organización dedicada a la quiniela clandestina.
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Según se indicó desde el organismo bonaerense, el amplio operativo por parte de la Policía con la colaboración de personal del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, incluyó 28 allanamientos en Tandil, alrededores y en el vecino partido de Benito Juárez, a partir de una investigación sobre una red de apuestas clandestinas.
La Comisión para la Prevención y Represión del Juego Ilegal, integrada por miembros del Cuerpo de Inspectores de Lotería y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la Sub DDI Tandil, inició la labor investigativa a partir de información aportada a la UFI 16 de Tandil, a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza, seis meses atrás.
Seguimientos encubiertos, filmaciones de la actividad y posteriormente intervenciones telefónicas, permitieron revelar el accionar de una organización local dedicada a levantar apuestas de quiniela clandestinas. De esta manera se detectaron 28 lugares donde se llevaban a cabo las apuestas, organizadas por dos sujetos que respondían al principal identificado en la causa como “El Banca”.
Si bien desde el Instituto se alude a la detención del “responsable del lugar en una vivienda de la avenida España al 900”, quien sería el principal “capitalista”, la información de la propia Justicia lo contradice, dado que hasta ayer no había detención alguna, solo notificaciones del delito endilgado y posibles aprehensiones una vez realizadas las imputaciones.
Se detalló sobre lo secuestrado que versó sobre variada documentación probatoria como anotaciones de apuestas clandestinas; equipamiento telefónico e informático, una importante suma de dinero que superaría los 200 mil pesos y 10 armas de fuego.
Tal se detalló, a principios de 2017, esta actividad ilícita dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito que prevé serias penas de cumplimiento efectivo en prisión, tras haberse modificado el Artículo 301 Bis del Código Penal.
Cabe destacar que desde el comienzo de la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal, y gracias a la creación de la Comisión para la Prevención y Represión del Juego Ilegal se ha intensificado este tipo de operativos en la provincia de Buenos Aires con la firme convicción de continuar con la lucha contra el juego clandestino.
Otros procedimientos
Al unísono de lo que ocurrió en Tandil, otros distritos también fueron “barridos” por imponentes despliegues policiales en el marco de la persecución del mismo delito.
En este caso, la Policía Bonaerense junto a la Federal, realizó 16 allanamientos que permitieron desbaratar una red de juego clandestino que operaba en Pehuajó y Bolívar.
En el marco de la investigación hay un imputado y al menos 10 personas más investigadas por formar parte de una red de juego clandestino para lavar dinero. En Buenos Aires se realizaron 15 allanamientos en las localidades de Bolívar y Henderson, mientras que en La Pampa hubo otro.
En los distintos allanamientos se secuestraron elementos y documentación que aportan evidencias a la investigación. La Policía se llevó escrituras públicas, títulos de propiedad de vehículos, boletos de compra y venta, contradocumentos, poderes, contratos de locaciones comerciales, contratos de arrendamientos rurales, marcas de hacienda, facturas por operaciones de compra o venta de hacienda, recibos de sueldos y pólizas de seguros.
También se secuestraron anotaciones de actividades comerciales, planillas, agendas personales, contratos de mutuo, pagarés, cheques, extractos bancarios, notas de crédito, notas de débito, contratos de mandato, contratos de cajas de seguridad, documentación relacionada con casinos en el exterior, planos, facturas de compra de materiales, facturas de honorarios, dinero en efectivo -ya sea en moneda nacional o extranjera-, oro y toda documentación vinculada con sociedades comerciales.
La Justicia requirió el resguardo de ordenadores, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento masivo (discos rígidos, pendrives, tarjetas de memoria SD, micro SD, etc.), soportes ópticos (Blue Ray, DVD, CD, etc.) y teléfonos celulares. En esta causa intervienen el Juzgado Federal 1 de Azul y la Secretaría Penal 4.
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