Dos policías de Vial quedaron imputados de coimear a camioneros para evitar los controles de sobrepeso

Era un secreto a voces. Lamentablemente tomado como algo folclórico en el ideario del transporte de carga en las rutas. Siempre estaba latente el comentario sobre un circuito de coimas que posibilitaba que los camioneros pudieran transitar con sobrepeso en pos de un rédito económico en el flete en detrimento de la huella, las heridas, en las de por sí castigadas rutas que atraviesan la ciudad.

Pero esta vez el comentario aquel, la sospecha,  se trasladó a una pesquisa judicial y derivó en una causa que ha culminado con la imputación de dos policías que cumplían funciones en el Destacamento Vial local.

En efecto, una investigación iniciada de oficio por el fiscal Marcos Eguzquiza reunió pruebas concretas. Escuchas telefónicas de celulares intervenidos, testimonios que acreditaron la entrega de dinero a cambio de evitar controles que esa policía en conjunto con inspectores municipales iba a propiciar, forman parte del expediente judicial al que accedió este Diario.

“Hace frío, no salgan”, era uno de los tantos alertas vía mensajes de texto que los policías enviaban al transportista de turno para que no saliera porque se había montado un operativo de control de peso a metros  de la salida de una cantera.

Para la pesquisa se acotó a un determinado período y se permitió esclarecer al menos diez hechos comprobados, que podrían multiplicarse de continuar con la causa que hasta aquí se dio por culminada a la hora de endilgarle la acusación de los policías investigados: Héctor Omar Urruchúa (titular de la subcomisaría Vial local, actualmente de licencia) y Ramón Alejandro Flores. Ambos uniformados fueron citados a la sede judicial y ante la información de los delitos que se le enrostraban se negaron a declarar ante el Ministerio Público.

De aquí en más, solo queda completar el expediente con más probanzas y testimonios de muchos camioneros que fueron sujetos a la maniobra y finiquitar la requisitoria de elevación a juicio, a presentarse en la brevedad ante el Juzgado de Garantías en turno.

 

La causa

De lo que se desprende de las fojas del expediente confeccionado por el Ministerio Público, entre el 27 de noviembre de 2012 y el 22 de diciembre de 2016, quien por ese entonces era subcomisario y a partir del 10 de junio de 2016 subió al cargo de comisario, titular del Destacamento de Policía Vial de la Provincia, citó a un empresario canteril y responsable del transporte de carga al destacamento policial de Colectora Norte 2155, lugar en el que “abusando de sus cargos en forma indebida, injusta e impropia y desbordando los límites de su autoridad”, reza la acusación, le exigió al propietario de camiones el pago de una colaboración, contribución, dádiva o derecho, en forma periódica para la comisaría a su cargo -para la administración-, haciéndole saber que la contribución que debía pagar era precisamente para poder circular en infracción a las normativas de tránsito, evitando los procedimientos policiales, sin ser molestados por el personal policial de la dependencia a su cargo.

Al decir de la fiscalía, en el marco de esa reunión, el policía exigió ilegalmente al empresario en forma mensual el pago de una suma dineraria en pesos en efectivo o el equivalente en gasoil, con el compromiso de no interceptar y permitir la libre circulación sin efectuar controles de los camiones y maquinarias de la empresa, sumado a poner en conocimiento de los transportistas, con el objeto de su evitación, respecto a la realización de operativos policiales de interceptación vehicular y otros que efectuara el personal de Vialidad provincial junto con agentes de tránsito de la Municipalidad de Tandil, tendiente a verificar el peso de los camiones de carga, información de carácter reservado de la cual el uniformado tomaba conocimiento en razón de su cargo, y que transmitía a los responsables de la empresa de transporte con ánimo de lucro.

A raíz de la promesa efectuada por el responsable de Vial, el empresario periódicamente abonaba la suma pautada que eran entregada personalmente al funcionario o la entrega de su equivalente en combustible, y a cambio de esta exigencia, el policía dejó de cumplir con las funciones a las que se hallaba obligado en razón de su cargo, como resultaban la interceptación de todo aquel vehículo de la empresa que se encontraran en infracción, como asimismo, dado su cargo funcional, al tomar conocimiento respecto a la realización de operativos de pesaje de camiones de carga llevados a cabo por el personal de Vialidad provincial juntamente con personal de la Dirección de Tránsito comunal y funcionarios policiales del destacamento policial, a quienes requerían colaboración, daba aviso el menos telefónicamente al empresario y/o al chofer circunstancial de la firma respecto a su ocurrencia, evitando de esta manera los operativos de control.

A la vez, se detalla en el expediente que la totalidad de las sumas dinerarias percibidas durante el período descripto, nunca fueron ingresadas a la administración pública, ni a la órbita de la Policía Bonaerense, y fueron desviadas, destinadas o convertidas en provecho propio por el funcionario policial.

 

Delitos

Al decir de la acusación, con el accionar ilícito e intencional perpetrado, el policía afectó el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de los órganos del Estado y perjudicó también el patrimonio de los particulares señalados, víctimas de la indebida exigencia, incurriendo también en la inobservancia de los deberes de probidad y fidelidad que debía preservar el funcionario y el legítimo uso de la función, conociendo que las exigencias y las percepciones dinerarias que efectuaba eran indebidas, a más de incumplir y omitir los deberes a que estaba obligado como funcionario policial, al no actuar en el marco de las disposiciones legales de los artículos 13, inciso a, b y h y consiguientes.

Los delitos fueron tipificados como “Extracciones ilegales agravadas por conversión en provecho propio-concusión, enriquecimiento ilícito de funcionario público, dádivas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, delitos todos ellos reiterados que concurren en forma real”.

Como se citó, los dos policías fueron convocados días pasados a prestar declaración y se tomaron del derecho que les asiste para no prestar declaración. Imputación en mano, el fiscal solo le queda elevar el pedido de juicio contra dos uniformados que han quedado muy complicados y cuyas conductas reprochables penalmente tendrán también su correlato en la faz administrativa de Asuntos Internos de la Policía.

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