Fiscalía General pidió las causas locales por las amenazas de bombas a establecimientos educativos

Los casos de amenazas de bomba en escuelas en todo el territorio bonaerense propició una medida del Gobierno provincial que tendrá sus repercusiones en la ciudad. A más precisiones, a pedido del Ministerio de Seguridad, el fiscal general con asiento en Azul solicitó a las fiscalías locales que recopilen las causas abiertas en pos de una singular acción que promoverá la Provincia.

Al decir de la información, El gobierno de Vidal advirtió que le iniciarán una causa civil a los padres de aquellos alumnos que hagan amenazas de bombas a los colegios.

Cristian Ritondo, ministro de Seguridad provincial, detalló que en los últimos días, en las localidades Morón, Moreno e Ituzaingó, varios menores fueron demorados y se secuestraron 10 teléfonos celulares que fueron utilizados para realizar las amenazas.

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Por otro lado, en una causa caratulada como “Intimidación pública”, la policía demoró en la zona sur del Conurbano a un hombre de 42 años, padre de una adolescente de 14, que habría usado el celular para realizar amenazas de bomba.

Ritondo declaró que “ya hay mucha gente con proceso penal abierto” por amenazas de bomba a escuelas y confirmó que la Provincia demandará civilmente a los padres de los alumnos responsables de las intimidaciones.

En total, hay 120 causas en toda la provincia, entre el fuero federal y provincial, por amenazas a colegios. En esa línea, el funcionario sostuvo que “lo que le cuesta al Estado estas cosas que creen que son una broma, es muchísimo”.

Sólo en septiembre, se detectaron más de 2.400 hechos intimidatorios por lo que el Gobierno bonaerense tomó la decisión de promover demandas por “daños y perjuicios” contra los padres de alumnos que realicen amenazas de bomba a escuelas.

En Tandil

Como oportunamente se detalló en estas páginas, a mediados de mayo desde la fiscalía se logró dar con los sospechosos de las llamadas realizadas en escuelas locales, situación que generó alarma que obligó a un dispendio de recursos económicos y humanos en pos de tener que responder a un protocolo de seguridad frente a la situación de emergencia. Y lo que para algunos se presentó como “una broma” de mal gusto terminó con la iniciación de expedientes judiciales que comienzan a tener sus primeras contundentes conclusiones.

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Sobre los casos locales, se registró alrededor de una veintena de denuncias de estas características, sobre las cuales se debieron abrir instrucciones penales preparatorias que en algunos casos arribó a indicios, pruebas contundentes, que complicaron a varios jóvenes en la gran mayoría menores de edad y, en una causa en particular quedó involucrado un mayor, sindicado como el responsable de una de las amenazas que puso en vilo a una comunidad educativa, en este caso la exEscuela Normal, de la avenida Santamarina 851.

Como se detalló en su momento, se trató de Francisco Cruz (18), quien por la pesquisa realizada para los investigadores resultó el autor del llamado que provocó la alarma en la escuela citada, cuando concretamente dijo “hay una bomba en la Escuela Normal, vengan rápido porque van a morir todos”.

A partir de la amenaza, obligó a que el establecimiento escolar fuera desalojado en vano y revisado por personal policial experto en explosivos en busca de los supuestos artefactos -que no fueron hallados- y que las clases fueran suspendidas en esa jornada.

El llamado ingresó alrededor de las 10 al 101 y alertó sobre la presunta presencia del artefacto explosivo en el interior de la escuela, por lo que rápidamente se inició un operativo a cargo de efectivos policiales que custodiaron el predio y acompañaron a docentes, no docentes y alumnos hasta la plaza Martín Rodríguez, hasta tanto arribara personal de la Brigada de Explosivos, con sede operativa en Azul.

A raíz de la alerta, además, se interrumpió el tránsito vehicular sobre la avenida Santamarina, entre Mitre y la avenida España, por prevención.

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Finalmente, los peritos arribaron pasado el mediodía a la ciudad, recorrieron las instalaciones y ratificaron que se trató de una falsa alarma.

En el establecimiento estaban los casi 350 estudiantes de primaria, los más de 900 de secundaria, sumado a los del jardín que también fueron evacuados por razones de seguridad.

Pasados los días, la investigación arribó a la individualización del joven, mayor de edad, que realizó el llamado, y ahora deberá afrontar un proceso penal, además de evaluarse qué ramificaciones le podrían caber en la misma escuela, ya que si bien la institución no puede dejarlo sin educación, sí podría merecer algún desplazamiento o cambio de turno.

Sobre el resto de los casos, se individualizaron a menores de edad, por lo que los expedientes fueron remitidos a la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien a su turno también confeccionó una causa con la imputación respectiva para jóvenes de 16 y 17 años.

Figura delictual

Desde la instrucción, el delito que se trata es de “Intimidación pública”, tal la figura que reza en el Código Penal en su artículo 211: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”, reza el texto.

Asimismo, se agrega en el marco normativo que “cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.

Subsidiariamente, el Código Penal, en su capítulo II alude al delito de “falsa denuncia”, en el artículo 245. El mismo señala que “se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de 750 a 12.500 mil pesos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad”.

Toda la información recopilada por los instructores judiciales de mayores como de menores, fue traslada al fiscal general de Azul, quien al tomar nota de las causas abiertas con los respectivos jóvenes procesados serán remitidas al Ministerio de Seguridad provincial, donde evidentemente se promoverá una medida civil conjunta para todos los casos comprendidos en el territorio bonaerense.

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