La causa por el presunto abuso a un niño en el Jardín 901 seguirá su curso en Azul
El Juzgado de Garantías no hizo lugar al pedido del abogado O’Brien y la investigación continuará en la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional. El letrado había realizado una presentación para que regresara a manos del fiscal Eguzquiza, quien inició la instrucción tras la denuncia de los padres del niño de 4 años.
La jueza de Garantías Stella Maris Aracil no hizo lugar al pedido del particular damnificado en la causa por abuso sexual en el Jardín de Infantes 901 y la investigación seguirá su trámite en Azul. La magistrada avaló los fundamentos por los cuales el Ministerio Público derivó el expediente a la Unidad Fiscalía de Instrucción Especializada (UFIE) en Violencia Institucional que conduce el doctor Ignacio Calonje.
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El abogado Juan Carlos O’Brien, que representa a los padres del niño de 4 años que asiste a la institución educativa, había solicitado que la investigación regrese a la UFI 16 a cargo de Marcos Eguzquiza. Los fundamentos esgrimidos señalaban que con el traslado de la causa se violenta la garantía del debido proceso, el derecho a la información de las víctimas y la inmediatez al tramitar en una sede judicial distante de esta ciudad, pero además se ocasiona un perjuicio a las víctimas que no cuentan con medios económicos suficientes para trasladarse hasta Azul.
En las últimas horas, la magistrada Aracil resolvió el incidente de protección de derechos de las víctimas que impulsó el letrado O’Brien, en el marco de la instrucción penal preparatoria por abuso y no hizo lugar al requerimiento del particular damnificado.
Entre los argumentos, la jueza sostuvo que la decisión de derivar la causa a la UFIE a cargo del fiscal Calonje es competencia propia y excluyente del Ministerio Público Fiscal y no es susceptible de revisión por parte del Juez de Garantías.
Por otra parte, fundamentó que las víctimas revisten la calidad de particulares damnificados, por lo cual no advirtió que se provoque una afectación a los derechos de las víctimas de delitos, tal como había señalado el letrado O’Brien.
El pedido
El abogado Juan Carlos O’Brien le había adelantado a este Diario que a partir del traslado de la investigación a la fiscalía con sede en Azul, “los padres del niño víctima se ven menoscabados en sus derechos en virtud de no poder concurrir a la misma por estar en ciudad de Tandil, aclaro que no poseen fondos para traslados a Azul”.
En ese sentido, consignó que la situación provoca que se vulneren derechos de las víctimas, como recibir un trato digno y respetuoso; a la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños que se afirman sufridos por causa del hecho de la investigación; a obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de la investigación; y a que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo del procedimiento, entre otros.
Por otra parte, en el escrito que presentó consideró que “el expediente se encuentra demorado” y sostuvo que “sin perjuicio de las incidencias normales no se entiende por qué con las pruebas colectadas no llaman” al imputado a declaración indagatoria.
Y expuso que “los padres infructuosamente han intentado comunicarse telefónicamente y sólo obtienen respuestas que luego no se condicen con la realidad. Le han proveído información errónea por vía telefónica que agrava más la angustia que los mismos padecen”.
Sumado a eso, afirmó que desde el traslado de la causa “los padres de las víctimas no están recibiendo un trato digno, ni son debidamente informados por el fiscal, que hasta ahora sólo los ha ignorado y faltado el respeto, no los ha llamado, ni siquiera se acercó a Tandil sabiendo que ellos carecen de fondos”.
El caso
El 4 de julio pasado, los padres contaron ante este Diario lo que le habría ocurrido a su hijo de 4 años, dos días antes, en el baño del Jardín de Infantes. El relato del pequeño surgió a la noche, después del partido entre Argentina y Brasil por la Copa América, cuando describió las circunstancias y el ultraje.
Enseguida, los padres se dirigieron a la Comisaría de la Mujer para radicar la denuncia. A partir de entonces, se cumplimentaron distintos trámites judiciales tendientes a esclarecer el hecho.
Con la denuncia, comenzó la investigación a cargo del fiscal Marcos Eguzquiza, que ordenó medidas de prueba, entre ellas revisiones médicas y psicológicas, declaraciones testimoniales y las audiencias en Cámara Gesell del niño de cuatro años y de otros tres menores –entre ellos la hermana melliza del pequeño- que se encontraban en el baño de la institución en el momento del hecho.
Avanzados los pasos de la investigación, el fiscal general del Departamento Judicial de Azul dispuso la derivación de la causa a la Unidad Fiscalía de Instrucción Especializada (UFIE) en Violencia Institucional, con sede en Azul, medida que objetaron los padres del menor.