La fiscalía cerró la causa del recolector fallecido y su esposa expresó indignación
La causa del recolector municipal fallecido el 8 de abril del año pasado tras ser arrollado por un camión mientras estaba trabajando, fue archivada. El fiscal Luis Piotti consideró que el chofer no cometió ningún delito o trasgresión a la ley. La resolución causó indignación en la familia de la víctima, Matías Martínez, que apeló esa determinación y pidió la recusación del fiscal.
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Cabe recordar que Matías Martínez, de 37 años, falleció el 8 de abril del año pasado cuando se encontraba cumpliendo el recorrido en el barrio La Movediza, en la esquina de Paseo de los Abuelos y Piccirilli. El accidente sucedió cuando el chofer hizo marcha atrás con el camión y arrolló a su compañero, que sufrió gravísimas heridas que le ocasionaron la muerte.
Archivo de
la causa
En la causa, que había sido caratulada primeramente como “Homicidio culposo” se exponía que el 8 de abril del año pasado un camión municipal destinado a la recolección de residuos al comando de Carlos Conforti arrolló a Matías Martínez, quien venía apoyado en uno de los estribos de la parte trasera del citado rodado, y se cayó por el movimiento del vehículo que circulaba en una arteria en pésimo estado de conservación. A raíz de las gravísimas heridas sufridas, poco después murió en el Hospital Ramón Santamarina.
Días atrás el fiscal Luis Humberto Piotti decidió cerrar la causa porque tras analizar la prueba y los testigos que desfilaron en el expediente entendió que no medió delito en el accionar del chofer ya que manejó “conforme a derecho” y que fue el accionar de la víctima quien “causó su propia muerte”.
Piotti argumentó que en virtud de la mecánica del accidente reconstruido a través de los diversos testimonios obtenidos a lo largo de la instrucción, surgió que lo sucedido fue “obra exclusiva de la maniobra imprudente del propio Matías Martínez al mantenerse en el estribo ubicado en la parte trasera del camión en circunstancias en que este se encontraba circulando marcha atrás en una calle de tierra, sin salida y en malas condiciones de mantenimiento”.
Asimismo, el fiscal afirmó que de acuerdo a uno de los testimonios de uno de los compañeros de Martínez, que estaba trabajando con él ese día, como la calle no tiene salida porque termina en un gran terreno baldío “resulta imposible hacer girar el camión para retornar por los desniveles e irregularidades que presenta, por lo cual la única forma de regresar es circulando con el camión marcha atrás”.
Y agregó que el chofer comenzó a regresar marcha atrás y su compañero Martínez se encontraba parado sobre el estribo del camión mientras este lo hacía, y que en un momento dado, el camión empezó a saltar por los pozos, produciendo que Martínez cayera al suelo e inmediatamente fue arrollado por el rodado.
En tanto, afirmó también que habitualmente el chofer hacías señas, gritaba o tocaba bocina previo a dar marcha atrás y que se desconoce “en este caso puntual el motivo por el cual Martínez no se bajó del camión, siendo que era un empleado ya con mucha experiencia en la actividad”.
En consecuencia, el fiscal consideró que “la conducta desplegada por Carlos Conforti no puede serle reprochada penalmente dado que no constituye ilícito alguno”.
Y de acuerdo al testimonio de otros recolectores, es de conocimiento común entre los trabajadores del área que cuando un camión tiene que hacer una maniobra para circular marcha atrás “los recolectores deben bajarse del mismo dado que resulta sumamente peligroso ante cualquier eventualidad que pudiera surgir”.
No obstante, “en ocasiones por exceso de confianza, los recolectores se esconden de la vista del chofer y permanecen arriba del estribo, lugar donde el chofer desde su posición de manejo no alcanza a visualizarlos”.
Revocación y
recusación
El particular damnificado, representado por el abogado Osvaldo Martín Zarini, solicitó la revisión y posterior revocación de la causa, además de pedir la recusación del fiscal “por falta de objetividad y/o imparcialidad para continuar con la investigación y adoptar resoluciones en la presente causa”.
“Se advierte a todas las luces que estamos en presencia de un ilícito reprochado penalmente”, afirmaron e insistieron en que se trata de un “homicidio culposo”.
El particular damnificado entiende que el fiscal se apartó de la Ley de Tránsito Nacional 24.449 que establece que, sin importar el vehículo involucrado, está prohibido en la vía pública circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida.
En ese contexto, afirmaron que la calle era sin salida, pero de doble sentido de circulación y sobre su final había un gran baldío, por lo cual existían dos opciones: no ingresar por Piccirilli y aguardar en Paseo de los Abuelos a los recolectores o ingresar por Piccirilli y al final retomar mediante una maniobra en U.
Además, se enfatizó el hecho de que se trata de una calle de muy difícil circulación por la gran cantidad de pozos, por lo cual “debió detener la marcha cuando el camión empezó a saltar o evitar que ingresara la arteria”. Además aseguraron que la situación se agravó porque el camión venía “excedido de peso”.
Cuestionamientos
En tanto, cuestionaron que el fiscal “creó una norma basada en usos y costumbres cuyo único requisito para hacer marcha atrás era pegar un grito y/o hacer señas a los recolectores para que se bajen de los estribos y si ellos no se bajan, son los culpables de caerse y ser arrollados por el camión”.
Y enfatizaron que el fiscal no se detuvo a analizar que ninguno de los testigos presenciales refirió haber escuchado y/ o visto las señas del caso o grito o que haya tocado bocina. Además uno de los testigos dijo que todos saben que el chofer no debe retroceder hasta que los recolectores no se bajen.
“Inexplicablemente el fiscal interpretó o presumió que el imputado pegó un grito, hizo una seña o tocó bocina”, cuestionaron.
Y añadieron que “los usos y costumbres jamás pueden ser fuente de derecho si contrarían la ley. En otras palabras, si los choferes de los camiones que recolectan residuos violan la Ley de Tránsito Nacional, no es posible convalidar dicho accionar porque lo sea en forma periódica”.
Asimismo, solicitaron que se investiguen las posibles irregularidades cometidas por los responsables del área de Servicios del Municipio al retirar inmediatamente el camión del lugar sin aguardar a que llegara la policía para realizar las pericias del caso.
Los reproches de los abogados ya quedaron en manos del fiscal general en Azul, quien resolverá los planteos y definirá si merece o no ser reabierta la instrucción, como así también la pretendida recusación del fiscal. u
“Estoy muy sorprendida”,
dijo Gladys Bruzzone
Gladys Bruzzone, la esposa de Martínez, expresó su sorpresa ante la determinación del fiscal.
“Cerró la causa porque para él está bien que el camión haga marcha atrás. Están tapando muchas cosas, no sé si tapan al chofer o si la Municipalidad está tapando a Claudio Fuentes (director de servicios) ”, lanzó.
Y recordó que “el camión el día del accidente lo lavaron, lo descargaron, no hubo pericias. Tengo bronca y esto lo hago todo por mis hijos. Quiero que se haga justicia y que la gente sepa lo que está pasando”.
“Yo la lucho todos los días por mis hijos, estuve casi un año para que me dieran la pensión de mis hijos y ahora me dan vueltas para darme la mía, mis hijos viven con 700 por mes cada uno”, indicó la mujer que tiene cinco hijos de 17, 14, 8, 6 y 3.
Y aseguró que “tengo una vecina que vio cuando ocurrió el accidente, vio cuando el chofer lo mató como a un perro. Y a los 15 días tenía otro puesto, ahora es capataz”.
“Creo que la Justicia ampara a los delincuentes y a una persona que trabajaba todo el día para su familia la deja abandonada”, lamentó.
Finalmente, confió que “yo desde el primer momento le puse garra, nunca los dejé caer a mis hijos, porque psicológicamente nos han abandonado, yo he estado noches y noches llorando con ellos, hablando. Nos dejaron solos”.
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