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La fiscalía pidió tres años de prisión efectiva para Altamirano y dos para Lezica, y la defensa solicitó la absolución

El Eco

En la última jornada del juicio oral y público que se celebra este viernes en la ciudad de Azul contra los dirigentes del Movimiento 1 de Octubre, el Ministerio Público Fiscal pidió en conjunto tres años de prisión para Griselda Altamirano y  2 años para Lezica por los causas originadas en Tandil y la vecina localidad. Las penas solicitadas son de cumplimiento efectivo.  Los fiscales María Laura Margaretic, de Azul, y Luis Piotti, de Tandil, coincidieron en el monto de la pena solicitada para ambos acusados, y el abogado Eduardo Carbonetti, en representación del particular damnificado querellante Mario Cerviño, coincidió en la imputación requerida por los funcionarios judiciales.

Tras cuatro días de debate intenso, esta tarde se desarrollaron los alegatos finales que dieron cierre al juicio oral. El titular del Juzgado Correccional 2, Héctor Torrens, emitirá su fallo el 25 de febrero. 

La defensa de los imputados, a cargo del doctor Ariel Pellegrino, se basó en el principio del derecho a la protesta para solicitar la absolución de sus patrocinados. Según expuso minuciosamente el letrado, los delitos endilgados no representan delito alguno, porque el derecho a la protesta es supremo y los trasciende. Pero, de existir una condena, solicitó que sea mínima y de ejecución condicional, es decir, que no vayan a prisión. 

Sobre el final, Griselda Altamirano hizo uso de la palabra durante un extenso periodo de tiempo y manifestó su orgullo por las acciones llevadas a cabo, “más allá de que la Justicia quiera condenar y criminalizar la protesta”. La referente social, fiel a sus principios, expresó que volvería a hacerlo a pesar de las consecuencias.

Altamirano y Lezica afrontaron el primer día de juicio con las denuncias y consignas de siempre y quedaron comprometidos por el delito de usurpación en Villa Cordobita

Las causas juzgadas de manera conjunta por hechos ocurridos entre 2015 y 2017, obedecen al pedido de los imputados por los delitos de usurpación, daños calificados, resistencia la autoridad, perturbación del acto legítimo e instigación a cometer delitos, de tener un juicio único que determine una sola pena.

 

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