Otro aniversario cargado de impunidad para dos crímenes ocurridos en agosto
Pasó agosto y con él, el interrogante aún abierto, cruel, de no saber de justicia. De no contar con los responsables de dos asesinatos ocurridos precisamente en dicho mes, pero siete años atrás. Dos crímenes impunes como otros tantos con que la ciudad convive ya a estas alturas sin conmoverse, eligiendo el olvido y prefiriendo ya siquiera insistir y presionar para saber qué pasó y quiénes fueron los responsables de que dos vecinos ya no estén con vida.
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Se trata de Margarita Herrera y Luis Fernández, asesinados en agosto de 2010 y 2011, respectivamente, por manos aún anónimas, lo que no hace más que exponer la frustración investigativa plasmada en fríos expedientes que no arribaron a ninguna conclusión más que la impericia.
Ambos sucesos delictivos unidos por la misma impunidad y con la única diferencia que en el segundo de los crímenes, el de Fernández, aún cobija algún hilo de esperanza en la pesquisa, devenido en los cotejos de ADN que aún aguardan por resultados.
Ninguna de las dos causas fue archivada, aunque los investigadores muestran el mismo semblante de impotencia. Pesquisas paralizadas, sujetas a un golpe de suerte que, al decir del tiempo transcurrido, los años pasados, cada vez resulta más increíble que suceda.
El crimen en
los monobloks
El 12 de agosto de 2010, la jubilada Margarita Herrera era asesinada en su propia casa. Desde aquel entonces, apenas la pesquisa terminó con un condenado por falso testimonio, pero sin responsables por el homicidio.
Herrera fue asesinada en lo que se presume un intento de robo en su departamento de avenida Perón. A pesar de los esfuerzos investigativos, no surgieron avances sustanciales que permitieran generar un halo de optimismo en una causa que quedó estancada, a partir del escaso probatorio para endilgar la responsabilidad sobre quien pesaban las sospechas y la poca colaboración de actores -vecinos- que pudieron aportar información en pos de dar con el autor del homicidio.
Precisamente, la nula colaboración de posibles testigos mereció una ramificación de la causa, en una instrucción paralela por el delito de falso testimonio, arribándose a una condena de un vecino por faltar a la verdad.
Como oportunamente se detalló, el acusado en cuestión, habría comentado en una agencia de quiniela del barrio el mismo día del homicidio sobre lo ocurrido con la mujer, cuando la policía recién se anotició del macabro hallazgo dos días después. También se cree que otro vecino y su hijo menor de edad, aquel trágico sábado supieron del hecho, pero nunca fueron identificados, a partir de la reticencia del primero -condenado por falso testimonio- de negar el suceso endilgado.
Sobre el hecho, Herrera, por entonces de 67 años, era sorprendida por una agresión inusitada de parte de alguien que evidentemente conocía. La disputa en su propia morada de los monoblocks de Perón al 1600, terminó con la jubilada (con limitaciones físicas a partir de una hemiplegia) tendida en el piso, sobre un charco de sangre producto de varias puñaladas, en medio de un departamento que evidentemente había sufrido un desorden mayúsculo, pero que alguien (se sospecha de otro implicado más allá del autor material) se encargó de ordenar, incluso limpiar.
Cabe consignar que oportunamente el fiscal interviniente, Gustavo Morey, considerando la participación del menor sospechado, derivó el expediente al aquel entonces Juzgado de Menores. Empero, desde dicho organismo, se consideró por aquellos días que los elementos reunidos no eran suficientes. En consecuencia, la jueza Mabel Berkunsky resolvió archivar la causa.
Más allá del imaginario popular y de las conjeturas de los investigadores en torno a el o los posibles responsables, lo concreto es que las indefiniciones procesales como el complejo entramado de contradicciones y complicidades del entorno a la víctima, atentaron con un posible esclarecimiento de uno de los crímenes aún impunes en la ciudad.
Otra víctima
de la impunidad
Al año siguiente Luis Fernández (75) era asesinado en su vivienda de Las Malvinas 1722. La autopsia determinó que Fernández falleció por un paro cardiorrespiratorio traumático y su cuerpo presentaba una herida contusa grave en el rostro.
Por aquellos días de pesquisa, una vez anoticiados del homicidio, se contaba con el dato alentador de los rastros hallados en la morada que servían para cotejar ADN con eventuales sospechosos. Los estudios se sucedieron sin solución de continuidad ante la presencia de varios señalados como posibles integrantes de aquellos que irrumpieron en aquella casa y mataron a Fernández, pero los resultados siempre fueron negativos.
Se informaba por aquellos días que se habían secuestrado prendas de vestir con presuntas manchas de sangre que ahora deberán ser analizadas por peritos del Departamento Judicial de Azul y distintos pares de zapatillas para cotejarlos con las pisadas halladas en la vivienda de Luis Oscar Fernández. Tampoco hubo avances en este sentido.
La operación de autopsia determinó que Fernández murió a raíz de un paro cardiorrespiratorio traumático provocado por una herida contusa grave en el rostro.
El cadáver también presentaba contusiones en el cráneo y heridas cortantes en la zona del cuello y el abdomen. El médico tomó muestras de ambos sectores y ordenó que se concreten estudios histopatológicos en La Plata para dilucidar qué tipo de arma provocó esas lesiones.
En cuanto al golpe en la cara, los investigadores encontraron un fierro con restos hemáticos en la escena del crimen, que fue analizado para establecer si efectivamente fue el arma homicida.
La hermana de Luis Oscar Fernández descubrió el terrible hecho, cuando se dirigió a cumplir con su rigurosa visita semanal al hombre de 75 años, que presentaba problemas de movilidad debido a las secuelas que le dejó una poliomielitis que había padecido en la niñez.
El hombre no mantenía vínculos con vecinos ni tenía amistades y vivía en soledad desde la muerte de su esposa, ocurrida hacía una década.
Al ingresar a la vivienda de Las Malvinas 1722, la policía encontró el cadáver recostado sobre la cama, atravesado y con los pies apoyados en el piso. No había señales de lucha en la escena ni parecía haber opuesto resistencia, por lo que estiman que lo ultimaron a sangre fría.
La víctima era un jubilado que percibía los haberes mínimos y no contaba con otro tipo de ingresos. Así, su existencia austera y ermitaña resultó uno de los principales obstáculos a vencer por los investigadores.
Sumado a la cerrada personalidad de la víctima, los vecinos manifestaron que no escucharon gritos ni observaron movimientos extraños, más allá de una moto que permaneció estacionada frente al domicilio varias horas antes del crimen.
La principal hipótesis que llevó a sospechar de un grupo de jóvenes que consecuentemente fueron sometidos a cotejos de ADN, arrojaron resultados negativos para el interés de la pesquisa, lo que fue leído como un paso atrás en la instrucción.
Empero, se dijo que las sospechas persisten en determinado grupo de personas que, descartados los primeros, iban a ser sometidos a la misma prueba pericial en pos de acreditarlos o descartarlos del suceso luctuoso, diligencia que también arrojó nulos resultados a favor de la verdad.
Ya prácticamente agotadas las diligencias procesales, la causa por “Homicidio en ocasión de robo” (tal reza la carátula), que lleva adelante el fiscal Marcos Eguzquiza, quedó sujeta a los rastros hallados, que hasta aquí no sirvieron para dar con el o los responsables o, al menos, con alguno de los que pudieron tener que ver con el homicidio.
Dicen desde la investigación que el fiscal no se resigna y que guarda esperanzas en que las “famosas” muestras de ADN para con un nuevo trío de sospechosos derive en un resultado alentador. Para ello aún aguardan fecha del departamento pericial para realizar el estudio.
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