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Se revocó el fallo que condenó a dos policías por un violento procedimiento contra jóvenes

Los jueces del Tribunal de alzada hizo lugar al recurso presentado por la defensoría oficial en torno a un fallo del Juzgado Correccional que había condenado el año pasado a dos policías por vejaciones, privación ilegal de la libertad y falsificación de documento público. Los uniformados que habían recibido penas de prisión e inhabilitación para ejercer sus respectivos cargos fueron absueltos.

El Eco

El año pasado, en estas páginas se dio cuenta del debate desplegado en el Juzgado Correccional, donde el juez Carlos Alberto Pocorena resolvió condenar a dos policías por abusar de sus funciones y agredir a jóvenes e incluso falsificar actuaciones para zafar de lo que habían realmente perpetrado. Recientemente, tras la apelación de la Defensa oficial de los sentenciados logró eco en la Cámara de Apelaciones, revirtiendo el fallo en primera instancia.

En efecto, se informó oportunamente que el policía Alejandro Oscar Blanco había sido condenado  a la pena de tres años de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación especial de seis años para ejercer cargos públicos, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencia por un funcionario público con abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley en concurso ideal con apremios ilegales (primer hecho); en concurso real con vejaciones, privación ilegal de la libertad agravada por ser cometido por funcionario público, falsificación ideológica de documentos agravada por ser cometida por funcionario público y daño, en concurso real (segundo hecho), por los hechos cometidos en Tandil los días 26 de marzo y 4 de septiembre, ambos de 2015.

Asimismo, se sentenció a otro uniformado, Horacio Alberto Maccario, a la pena de dos años y tres meses de prisión, de ejecución condicional, e inhabilitación especial de cuatro años y seis meses para ejercer cargos públicos, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de vejaciones, privación ilegal de la libertad agravada por ser cometido por funcionario público, falsificación ideológica de documentos agravada por ser cometida por funcionario público y daño, en concurso real.

El primero de los hechos

Según el fallo citado, Pocorena dio por probado que el 26 de marzo de 2015, siendo aproximadamente las 10.30, en el interior del Hospital Municipal “Ramón Santamarina” el funcionario policial privó de su libertad a un menor de edad, en abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, al no existir motivo legal alguno que en su caso permitiera su privación de libertad.

En esa condición, mientras trasladaba al menor por el interior de dicho nosocomio, ejerció violencia física sobre el mismo en al menos dos oportunidades, al tomarlo, presionarlo y zamarrearlo fuertemente con una de sus manos en la zona trasera del cuello, sin llegar a lesionarlo. También, al interrogarlo en franco exceso y abuso de sus funciones, le exigió en malos términos al menor que le dijera dónde se encontraba la bicicleta sustraída del interior de dicho Hospital la noche anterior, como así también que confesara la autoría de dicha sustracción y revelara quién era el restante sujeto que se veía en la filmación de las cámaras de seguridad del citado hospital y que en dichas circunstancias le exhibía al mismo.

El otro suceso

En el otro suceso ventilado en el cual quedaron imputados los dos policías, el juez también da por probado que el 4 de septiembre de 2015, aproximadamente las 23, en la avenida Lunghi y Ruta Provincial 30, los funcionarios policiales de la Seccional Segunda, se movilizaban a bordo del móvil a los fines de interceptar la circulación del vehículo marca Ford Escort que circulaba sobre dicha arteria, al cual le dispararon innecesariamente con postas de goma impactando los proyectiles en el vidrio trasero y ventanilla del acompañante dañando las mismas, cuando estaba circulando y luego sobre el capot al detenerse, obligando luego a que el conductor (menor de edad) del vehículo detuviera la marcha y descendiera junto a sus acompañantes, también menores.

Una vez en el piso los tres ocupantes del vehículo, por disposición de los funcionarios policiales, uno de los uniformados le aplicó un puntapié a uno de los menores, mientras que el restante policía le efectuó un puntapié al vidrio parabrisas del rodado dañando en el lado del conductor (astillado), y a su vez le aplica un puntapiés a otro de los chicos en la zona de las costillas para luego, abusando de sus funciones, ponerle las esposas injustificadamente en ese marco de violencia y coacción a los tres ocupantes del vehículo, para luego trasladarlos con la excusa de identificarlos hasta la Seccional Segunda junto al otros policías convocados para la ocasión en apoyo.

Una vez en la comisaría, las víctimas permanecieron retenidas ilegalmente por aproximadamente una hora hasta que fueron entregados a sus progenitores.

Falsificación de documento

Para colmo de males, los policías fueron sindicados de otro ilícito en pos de ocultar lo que habían hecho. Es que una vez en la dependencia de Policía, insertaron en el acta de procedimiento labrado al efecto declaraciones falsas concernientes al hecho que se debía probar, desvirtuando substancialmente a raíz de esta falsificación ideológica el tenor del documento que resulta ser un instrumento público, originando ello un perjuicio para las víctimas y la justicia en cuanto dificultaba probar la ocurrencia de los hechos que sufrieran.

La otra mirada del Tribunal de alzada

Ante la apelación de la defensa de Diego Araujo y analizado todo el caudal probatorio volcado al expediente con la resolución del juez, los camaristas advirtieron que de las narraciones brindadas por los policías como los testimonios de las tres personas que iban en el auto surgen varias diferencias que no permitieron “alcanzar certeza positiva” respecto a los extremos de la acusación.

Contrariamente al criterio del magistrado de primera instancia, los jueces de la Cámara pusieron en duda la credibilidad de los testimonios de los denunciantes, percepción contraria a lo que oportunamente expusieron los funcionarios policiales.

Al decir de los camaristas, tras el análisis imparcial e integral de lo ventilado, se desprenden datos objetivos que dan fundamento y legalidad al actual policial.

“No podemos hablar de privación ilegal de la libertad, si los aprehendidos y trasladados a la seccional policial, a los fines de ser identificados y labrar las actuaciones por el delito de desobediencia, fueron los que motivaron la persecución policial (ante la falta de patente delantera del rodado en la que se trasladaban –lo cual se constató- y al haber salido acelerando del lugar de las picadas, derrapando y a gran velocidad) y se dieron a la fuga, omitiendo acatar la orden de detención impartida por los funcionarios. Cometiendo, además, durante la persecución, varias infracciones de tránsito, a lo que se suma la exhibición, a los policías, de un objeto que podía ser confundido con un arma de fuego”, señala el fallo.

Sí los jueces azuleños advirtieron que la conducta de los policías invocados fue “excesiva”, ya que se “tornó desproporcionada, conforme las circunstancias objetivas analizadas y a los medios, menos lesivos, con los que contaban los funcionarios para alcanzar su objetivo”.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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