Sigue la investigación por la presunta estafa con propiedades y no descartan más damnificados

Los allanamientos fueron realizados por la Policía Federal en noviembre del año pasado.

El Eco

La investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal por posible estafa en la compraventa de inmuebles, y que involucra a un abogado tandilense y a otras dos personas, sigue su curso y aguarda por nuevos elementos que podrían derivar en la aparición de nuevos casos.

En ese marco la causa iniciada por presunto delito de falsificación de instrumentos públicos (artículo 292 del Código Penal de la Nación) y defraudación tiene tres imputados, el abogado Sebastián Romay, Juan José Stip y Nicolás Cabana, a quien no se lo había notificado hasta que hace algunas semanas finalmente efectivos de la Policía Federal dieron con su paradero y cumplimentaron con ese requerimiento.

En tanto, fuentes judiciales consultadas por El Eco de Tandil adelantaron que la instrucción sigue su curso hasta tanto se obtengan los resultados del material secuestrado y se determinen nuevas medidas.

En concreto, se trata de documentación, computadoras y celulares que fueron secuestrados durante los allanamientos, que serán sometidos a los peritajes correspondientes.

Todo el material fue remitido a Mar del Plata para su análisis que, por el nivel de actividad con que cuenta la Federal, se estima que en aproximadamente dos meses se podrían tener los primeros resultados.

La Justicia aguardará por los peritajes para armar el mapa de maniobras, determinar el universo de casos que se le podría reprochar a cada uno de los imputados y el rol que desempeñaron. Desde allí avanzaría en solicitar la indagatoria y el eventual procesamiento, en el marco de la causa iniciada.

Según trascendió hasta el momento serían cinco los damnificados, para los cuales se debe se deben reunir las pruebas suficientes para sustentar lo denunciado. El objetivo, confiaron las fuentes consultadas, será lograr una imputación integral que contenta a la totalidad de casos.

Entre otras medidas, avanza con la citación de las autoridades del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires para que informen en qué situación se encuentra la escribanía de Azul también allanada en noviembre pasado.

El caso

Como se informó en estas páginas, a comienzos de noviembre del año pasado personal de la subdelegación de la Policía Federal realizó cuatro allanamientos en Tandil y uno en Azul por el presunto delito de falsificación de instrumentos públicos (artículo 292 del Código Penal de la Nación) y defraudación.

Las medidas, que fueron solicitadas por la Fiscalía Federal y otorgadas por el juez Federal Martín Bava, comenzaron a media mañana y se extendieron hasta las 17 aproximadamente, y estuvieron enfocadas en recolectar material de interés en un estudio jurídico de Pinto al 1000, donde funcionan las oficinas del letrado, en una imprenta de Montevideo al 100, y en dos domicilios, en Roca 1529 y en Cabral al 2200. Además, un operativo paralelo se llevó a cabo en una escribanía en Roca 428 en la ciudad de Azul.

Como resultado se logró el secuestro de documentación de interés para la causa, como pagarés, boletos compra venta, celulares y computadoras.

La causa se inició a partir de la denuncia que realizó un damnificado en relación a una transacción inmobiliaria que no habría llegado a concretarse ante la sospecha sobre una escritura falsa, pero que dio inicio a una pesquisa.

A partir de allí la Fiscalía Federal, con intervención del Juzgado Federal de Azul, comenzó una investigación que derivó en allanamientos en un estudio jurídico, en una imprenta, en dos domicilios particulares y en una escribanía en la vecina localidad.

Sobre la operatoria los elementos reunidos permiten sospechar que la banda, al tomar conocimiento sobre terrenos o propiedades que “podrían tener una situación poco clara de dominio por cuestiones sucesorias o catastrales”, tomaba los datos pertinentes y daba intervención a las potenciales víctimas a las que ofrecía “condiciones muy favorables”.

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