Con el oído agudo
LA RESISTENCIA EN ANSES
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Mientras se van confirmando las designaciones de funcionarios políticos en los organismos provinciales y nacionales bajo los designios del Gobierno justicialista, siguen los resquemores por algunos pares del otro palo que resistieron a la retirada.
El caso más ventilado resultó el del exdirector de la UDAI Cristian Salvi, quien tras presentar una licencia finalmente fue notificado de la dimisión. Si bien algunas voces dieron cuenta de que el abogado recibió presiones, incluso del propio radicalismo y en especial del lunghismo, para que renuncie, el exfuncionario insistió en su postura considerando que el estatuto laboral lo respalda a la hora de darse por despedido y, consecuentemente, para litigar bajo ese espíritu por la indemnización que cree corresponderle.
Pero éste no sería el único caso. El propio Salvi dejó entrever que el actual presidente del Consejo Escolar Fabián Riva transitaría por el mismo camino judicial, ya que se notificó “en disconformidad” por su retirada de la UDAI de María Ignacia.
La mención del primero para con el segundo no resultaría caprichosa. Uno acompañó como candidato a concejal la precandidatura de Marcos Nicolini. Riva viene del radicalismo lunghista (de hecho volvió al Consejo Escolar de la mano del pediatra).
Desde el Frente de Todos y buena parte del radicalismo consideran que dichos cargos son políticos y, como tales, debe darse un paso al costado cuando cambia el signo político que en su momento lo ungió para esa función pública.
Otros consideran que tanto Salvi como el propio Riva no están haciendo otra cosa que a lo que oportunamente apeló la exconcejal Corina Alexander, quien también como integrante de la planta de Anses había recibido la dimisión por las autoridades macristas y recurrió a organismos superiores que resolvieron reponerla en sus funciones.
LA PRESENCIA EN EL JUICIO
Mucho se ha leído y escuchado sobre los pormenores del desarrollo del juicio en el Tribunal Oral Criminal 1, en el cual se está debatiendo sobre la responsabilidad penal de dos funcionarios lunghistas frente a lo que resultó la controvertida concesión del Hipódromo en tiempos de la firma Vistas Serranas SA.
En el detalle de las crónicas respectivas, se citó la presencia del secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, quien insume buena parte de la jornada en el apoyo logístico de la defensa particular de Jorge Dames, que se ha encargado de aclarar que su labor no responde a defender al Municipio sino a representar los intereses de los dos agentes imputados, quienes solventarían sus honorarios correspondientes.
De ser así, no pocos se preguntan entonces por qué un funcionario como Della Maggiora está “trabajando” en dicha cobertura, restándole horas a su labor al frente de la secretaría para la cual fue designado y sobre la cual basta repasar la agenda periodística cotidiana para dar cuenta de la sensibilidad por la que transita dicha cartera, frente a demandas constantes y sonantes de barriadas varias que reclaman por un mejor servicio de seguridad.
EL TESTIGO INCÓMODO
A propósito del debate oral y público celebrado en la sede judicial de calle Uriburu, quedaron resabios del paso del testigo Jorge Rodríguez, el veterinario que fuera contratado por el mismísimo Municipio para que oficiara de veedor del circo de carreras cuando, en verdad, al Ejecutivo poco le importaba lo que sucedía y, en todo caso, era potestad de la Provincia determinar irregularidades, según se escuchó de los propios testimonios del intendente Miguel Lunghi y sus principales colaboradores de ayer y de hoy que pasaron por las respectivas audiencias.
Mientras que desde la acusación subrayaron la importancia del aporte del testigo para ahondar en el descontrol de la concesión, la defensa buscó relativizarlo y ponerlo en crisis al evocar una estrecha relación con los principales impulsores de las denuncias sobre las falencias del circo de carreras, como el caso de Jorge Cuenca y Marcelo Valle.
Más allá de que será materia de valoración de los jueces la credibilidad o no del veedor que ofició de testigo ahora en el debate, poco clara resultó su retirada como agente contratado en su momento. Es que, a preguntas de las partes, se limitó a señalar razones confusas y presuntas acusaciones infundadas de los que por entonces se habían encargado de seguir los pormenores de la cuestionada concesión, tal el caso de Helena Berestain y Gabriel Bayerque, por designios del otrora jefe de Gabinete -por esos días- Juan Pablo Frolik.
Lo que no se dijo en la sala de audiencias pero se escuchó en los pasillos de la antesala, es que el pedido de renuncia y retardada dimisión (siguió cobrando por un año y medio cuando ya había presentado su renuncia) es que fue utilizado como “moneda de cambio” para que justamente Berestain y Bayerque pudieran ingresar al predio y exigirle al concesionario las inversiones que antes no hizo.
Al parecer, por lo que llegó a este Oído, la exigencia de Blanco era sacarse de encima al veedor en cuestión ya que, a su entender, “jugaba” para los intereses del denunciante.
LOS GASTOS EN SEÑALETICA
Durante la semana se explayó en declaraciones en estas páginas el director de Servicios, Claudio Fuentes, acerca de la vandalización de los carteles que señalizan la circulación en la calle Azucena, del barrio La Movediza.
Con lógica bronca e impotencia, el funcionario apeló a la concientización de la población sobre el costo por el daño producido. No pocos, en tanto, recordaron que el mismo encono debiera tener con los compañeros de Gabinete y del Concejo, quienes fueron y vinieron con la aprobación del sentido de circulación de la citada calle, dejando en claro la falta de planificación y estudio concienzudo a la hora de entender la demanda ciudadana para con el trayecto en cuestión.
Lo propio dijeron los vecinos de los barrios Falucho, Brasil y Bolívar, que convivieron por meses con la indefinición de las calles Larrea, Falucho y demás, cuya confusión generó más de un dolor de cabeza para automovilistas que transitan a diario por las arterias en cuestión. Seguramente allí, por estas idas y vueltas, se habrá gastado más de un tarro de pintura a la hora de cambiar de un lado al otro las flechas del trazado vehicular.
NOMBRE EN SUSPENSO
En la última sesión legislativa, volvió a comisión el proyecto de ordenanza para denominar César y Antonio Falistocco el camino de acceso a la Base Aérea. La propuesta la había presentado el exconcejal Matías Meli, a principios de 2017, luego de los dos lamentables accidentes aéreos en que fallecieron padre e hijo, pilotos que se dedicaban a las acrobacias.
Cuando parecía que la iniciativa iba a concretarse, los concejales acordaron posponer la sanción de la ordenanza debido a que se percataron de que el camino que buscaban nominar es de jurisdicción provincial.
Tras tres años en danza, el homenaje deberá seguir en espera. Según le anticiparon a este Oído, hay acuerdo de los espacios políticos pero deberán realizar gestiones ante la Provincia tendientes a solicitar autorización para la nominación del emblemático camino de acceso a la VI Brigada Aérea de esta ciudad.
TEMA PENDIENTE
Con el inicio del período de las sesiones ordinarias, volvieron al recinto las referencias a los debates que siguen pendientes, por falta de tiempo, de voluntad política o de consenso. Se trata de esos grandes temas que las distintas bancadas reclaman estudiar, pero no se generan las condiciones para ponerse a trabajar.
Uno de esos tópicos recurrentes es la modificación de la ordenanza del Fondo de Ayuda Solidaria (FAS). En este caso, Luciano Grasso regresó a su banca decidido a trabajar en la materia y avanza en la construcción de acuerdos para actualizar la valiosa herramienta destinada, según su espíritu inicial, a costear tratamientos de salud de alto costo para pacientes sin cobertura.
Entre los pendientes, el último jueves resurgieron las diferencias por los convenios urbanísticos, al tratar un expediente por un pedido de excepción. El presidente de la bancada del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, aprovechó para reclamar que hace dos años el cuerpo asumió el compromiso “de palabra” de generar un ámbito para discutir el uso y el modo en que se trabaja con esta ordenanza, en concreto, para definir el destino de los recursos que genera el Municipio a partir de la plusvalía.
Sin avances en la materia, Iparraguirre destacó que el intendente Lunghi ha mostrado señales concretas en cuanto a las políticas de generación de suelo urbano, teniendo en cuenta que licitó la compra de tierras a partir del dinero producido por los convenios urbanísticos.
“Aprovecho para refrescar ese compromiso”, dijo y le pidió al oficialismo, dependiendo de su “voluntad”, que “cuanto antes estemos sentados para discutir esta materia pendiente, mejor”.
SEGUNDO RECLAMO
Muy activo en los temas vinculados al urbanismo, Iparraguirre también pidió la palabra durante el tratamiento de una modificación para ordenar el Código de Edificación. Sin dudas, un tema de interés para los técnicos y arquitectos que lidian con las reformas y la falta de sistematización de las disposiciones en materia de construcción.
En este caso, tras anunciar el acompañamiento de su bloque, el jefe de la primera minoría le solicitó al radicalismo el tratamiento de un proyecto para incorporar una superficie mínima destinada a personas con movilidad reducida en hoteles, cabañas, salas de espectáculos y restaurantes. Explicó que la norma permitirá, por caso, que en alojamientos con determinada cantidad de habitaciones, los turistas puedan encontrar un cuarto adaptado a discapacitados.
La radical Marina Santos manifestó que está pendiente el proyecto, pero que el debate será más amplio e intentará abarcar también a complejos de viviendas. “Es un tema en agenda”, dijo y anticipó que transmitiría la inquietud a la Comisión de Reforma del Código de Edificación.