Con el oído agudo
PASE LIBRE
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El aterrizaje en el Concejo Deliberante de Juan Manuel Carri, presidente de la seccional local de la Asociación Bancaria e integrante de la Mesa Intersindical, además de máxima autoridad del PJ, supuso una suerte de carta franca para todos los movimientos gremiales a la hora de realizar manifestaciones o pedidos en el Municipio. Si bien el bloque opositor siempre fue abierto a estas cuestiones, pareciera que de un tiempo a esta parte se intensificó el desfile de manifestantes en las instalaciones del Legislativo.
En los últimos días, trabajadores despedidos de Loimar y choferes encolumnados en la UTA hallaron refugio en las oficinas del bloque del Frente de Todos tras llevar a cabo marchas y protestas. Como es costumbre, la sede del poder comunal es el epicentro por excelencia de las movilizaciones sociales y sindicales, que en muchos casos ingresan al edificio con bombos y cantos para hacer oír su descontento, como en el caso de los empleados municipales y los conductores de los colectivos.
Ya sea para conversar, recibir a la prensa, evaluar una propuesta o escribir un petitorio, los delegados sindicales y trabajadores encontraron un lugar al cual acudir en las entrañas mismas del poder político. Los años de Carri en las arenas gremiales lo hicieron más receptivo a los reclamos de esta índole, que en la mayoría de los casos también esgrimen un llamado de atención, un pedido o una queja contra el Gobierno comunal.
LA MEDIADORA
El bochinche de la manifestación de los colectiveros, el último jueves, demoró más de una hora el inicio de la sesión del Concejo Deliberante. Más allá de la espera, la preocupación de los concejales, secretarios y trabajadores que se desempeñan en la planta alta de la Municipalidad se acrecentó al detectar que vibraban las puertas y los vidrios del edificio histórico. Además, el temor aumentaba al tener en cuenta que estudios técnicos revelaron que el recinto y zonas aledañas presentan peligro de destrucción ante los estruendos, golpes, etc.
Ante ese panorama, el primero en salir con la misión de calmar los ánimos exaltados fue el presidente Juan Pablo Frolik, quien no tuvo éxito en sus gestiones y regresó a su oficina con la noticia.
Instantes después, Nilda Fernández asumió el rol de interlocutora. La concejal de Integrar les expresó la solidaridad del cuerpo por los salarios adeudados y les dijo que iban a realizar alguna manifestación durante el inicio del encuentro legislativo. Cierto es que logró la atención de los choferes movilizados, que también entendieron los riesgos que corría el patrimonio histórico de la ciudad, y depusieron la actitud para que pudiera comenzar la última sesión ordinaria de junio.
POLÉMICA POR LAS CAMAS
Esta semana se desató una fuerte polémica por el convenio para adherir al “Fondo de Asistencia Municipal para la Atención no Hospitalaria de pacientes con Covid-19” propuesto por la Provincia.
En declaraciones a El Eco Multimedios, el intendente Miguel Lunghi encendió el debate al anunciar que había recibido una nota del Ejecutivo bonaerense, al igual que otros distritos de la Región Sanitaria VIII, solicitando “camas de terapia intensiva” para derivar a personas de otros distritos contagiadas con el virus.
Atentos a la cantidad de “rumores, trascendidos e informaciones erróneas y distorsionadas”, horas más tarde, desde el Frente de Todos Tandil salieron a aclarar que el programa no es de carácter obligatorio ni hace referencia a la solicitud de camas de terapia intensiva.
La aclaración se hizo dado que había algunas imprecisiones y, con las horas, también se sumó la voz del Municipio. “Efectivamente la propuesta de convenio que se envió no hace mención expresa a las camas de terapia intensiva para pacientes de Covid-19”, sino que, aquellos que acepten, “ponen a disposición del Ministerio de Salud de la Provincia camas extra hospitalarias para derivación de personas con coronavirus en aislamiento, a cambio de una suma de dinero por paciente”, dijo el jefe comunal en un comunicado.
También se refirió al tema el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Matías Tringler, quien ratificó las precisiones sobre el tipo de camas que se ponen a disposición en caso de rubricar el convenio.
Sin embargo, el debate quedó terminado cuando Lunghi ratificó que “la Provincia ya aclaró que el convenio remitido a los municipios no es obligatorio y nosotros hemos decidido que no vamos a firmarlo”.
En la ciudad, cuando se desplegaron los preparativos para el pico de la pandemia, se armó un hospital de campaña en el predio del Ejército y además otras instituciones ofrecieron espacios, como la parroquia del Carmen y las residencias de la Unicen.
MORANDO, ¿VÍCTIMA? Y ENOJO
La creatividad y la capacidad inventiva es algo que sin dudas diferencia a los ciudadanos argentinos del resto. Más allá de que la situación sea desfavorable, como la que se está viviendo en el marco del coronavirus, la imaginación siempre está latente para sacar una mueca de sonrisa.
Sin embargo, algunas bromas no caen bien en todas las personas, principalmente en quienes son víctimas de ellas.
Durante la última semana circuló a través de WhatsApp que una mujer, cuyo nombre hacía referencia al falo, había contraído el Covid-19. El mensaje estaba redactado de tal manera que muchos “cayeron” en la trampa y no advirtieron el juego de palabras.
El chiste llegó hasta las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública y el propio presidente, Gastón Morando, publicó un tuit señalando que no era correcto hacer eso. “Hay algunos ‘vivos’ que hacen jodas con nombres de personas aparentemente contagiadas, que en realidad los lees bien y son combinaciones ‘graciosas’. Me parece que no da hacer jodas con este tema”, refirió Morando. ¿Habrá sido víctima del chiste y se ofuscó?”.
REUNIONES DILATADAS
Es ya sabido que el lunes pasado a la medianoche se vencieron los cinco días de la prueba piloto del sector gastronómico. Para evaluar los resultados, se llevó a cabo una reunión el martes pasado, a las 15, en la cual se decidió darle continuidad a la prueba extendiendo el horario.
Muchos locales gastronómicos abrieron sus puertas el martes a la mañana, pensando que se iba a dar continuidad directamente y no tendrían problemas. Sin embargo, desde Inspección General del Municipio se acercaron a aquellos que estaban abiertos y los obligaron a cerrar durante todo el día, aun cuando pocas horas después ya se sabía que la prueba iba a continuar.
No pareció ser un buen gesto por parte del Municipio, teniendo en cuenta la frágil situación económica que atraviesan los comerciantes que no solamente estuvieron cerrados tres meses y hoy, por protocolo, pueden tener la mitad de sus mesas ocupadas, sino que además durante la prueba piloto recibieron muy pocos clientes. En ese contexto, obligarlos a cerrar un día completo, por no hacer la reunión un día antes es, al menos, desconsiderado.
Y no sólo eso. La semana próxima la prueba está prevista hasta el lunes a la medianoche y recién el martes se hará la reunión. Así que probablemente, los obliguen otra vez a cerrar sus puertas durante la jornada completa. Más allá del antecedente negativo, todavía tienen algunas horas para reprogramar el encuentro y así evitar descontar otro día de trabajo a los ya golpeados gastronómicos.
PRESTADORES EN PELIGRO
La crisis, profundamente agravada por el coronavirus, dejó al desnudo la fragilidad de la mayoría de los sectores de la economía. Es muy difícil encontrar excepciones, es decir: dar con empresarios o emprendedores que puedan demostrar fehacientemente que les está yendo mejor.
En ese contexto, luego del reclamo de los prestadores de tratamientos oncológicos, salió a la luz la situación compleja que atraviesa el centro de diálisis que funciona en esta ciudad, a partir de una abultada deuda que mantiene la Provincia.
Según trascendió, hubo buena predisposición del presidente de la Comisión de Salud del Concejo, Luciano Grasso, para avanzar con un proyecto de resolución que sume a las gestiones tendientes a lograr la regularización de los pagos. La situación, que se registra desde agosto de 2019, involucra tanto a la administración de María Eugenia Vidal como a la que encabeza Axel Kicillof, por lo que la propuesta encontró terreno abonado para salir por unanimidad.
De este modo, el Legislativo se dirigirá al Ministerio de Salud y a IOMA para pedir que se ponga al día con los pagos al Centro de Diálisis Tandil, que conduce el exsecretario de Salud, doctor Vito Mezzina. Además, como la unión hace la fuerza, invitará a otros concejos deliberantes a apoyar la iniciativa, con resoluciones del mismo tenor.
DE ENDEUDAMIENTO Y AUTORIZACIONES
Esta semana, en materia de debates políticos, dejó una perlita que no se les hubiera escapado -a la hora de los pases de factura- a los concejales mandato cumplido María Eugenia Poumé y Facundo Llano. Mucho menos, a la experimentada Beatriz Fernández que, en tono amable, con gran altura y con una sonrisa, siempre se encarga de “cantarle las cuarenta” a sus pares del oficialismo.
El disparador fue el apurado tratamiento de un expediente para autorizar al Ejecutivo a tomar una deuda de hasta 65 millones de pesos, pagadera en 48 cuotas, para adquirir maquinaria por intermedio de Provincia Leasing. Las oportunidades hay que aprovecharlas y así fue que desde todos los bloques alzaron las manos para que el Municipio cuente con esta herramienta en tiempos económicos realmente complicados.
El detalle fue que entre la documentación requerida, el Banco Provincia exigió una ordenanza que, expresamente, autorizara al Ejecutivo a endeudarse en ejercicios futuros, a raíz de que la oferta radica en pagar los bienes en 48 cuotas, a una tasa preferencial y con un dólar de referencia muy conveniente.
Esa sencilla cuestión fue eje de variopintas discusiones que enarboló la oposición frente a contratos y convenios que no se elevaron al Concejo Deliberante, a pesar de que preveían compromisos financieros más allá del presupuesto en ejecución.
En esos cruces tan intensos como interesantes, más de una vez se llevó al recinto la “postura de Atilio Della Maggiora”, en alusión al secretario de Protección Ciudadana que entendía que el Ejecutivo no estaba obligado a hacer pasar por el Legislativo ciertos contratos que, a la postre, desataron polémicas. Por caso, el más rimbombante fue el firmado con la empresa proveedora de fibra óptica y cámaras de videovigilancia, por cinco años y en dólares.