Con un banderazo, organizaciones políticas y sociales rechazaron el acuerdo con el FMI

Bajo el lema “la Patria no se rinde” más de cien personas se unieron bajo la Bandera Argentina en la Plaza de los Troncos. El principal motivo de la convocatoria fue hacer público el rechazo al convenio con el Fondo Monetario Internacional. Advirtieron que erosiona la soberanía política y económica, achica el poder adquisitivo de los trabajadores y pone en riesgo el fondo de garantía de sustentabilidad.

Rody Becchi

Organizaciones sociales, gremiales, políticas, culturales y vecinos de la ciudad se congregaron en la tarde de ayer en la Plaza de los Troncos para celebrar el Día de la Independencia argentina bajo el lema “La Patria no se rinde”, con la celeste y blanca como bandera unificadora. Si bien se trató de una convocatoria a nivel nacional, que tuvo repercusiones en diferentes localidades del país y una masiva participación en el Obelisco de la Capital Federal, en Tandil la iniciativa surgió de algunas organizaciones sociales y de la Facultad de Arte particularmente.

El frío no impidió que más de un centenar de personas, entre familias, niños y mayores, se calzaran la escarapela y se acercaran a ese espacio público. Justo sobre la esquina de Santamarina y Maipú elevaron un escenario sobre el que integrantes de diferentes agrupaciones reflejaron el descontento con el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, el discurso y los reclamos apuntados en carteles que se distribuyeron por el espacio, hicieron foco en la necesidad de llamado a paritaria docente.

Además, en las más de tres horas, hubo música, un espacio de venta de alimentos y bebidas, y el acompañamiento de Flor de Murga con sus bombos, bailes y colores. Sobre el final de la reunión, todas las voces se unieron al entonar el Himno Nacional Argentino.

 

La soberanía en peligro

“Venimos a rechazar el acuerdo firmado el 20 de junio con el FMI, aprobando un programa de duración de tres años, por un préstamo de 50 mil millones de dólares”, fue lo primero que se oyó por parlantes, y atrajo la atención del público.

El argumento primordial de esta refutación estuvo ligado a que el pacto coloca al país en una posición dependiente, que erosiona la soberanía política y económica, achica el poder adquisitivo de los trabajadores, pone en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y otorga las bases al aumento “usurero” de tarifas.

Recordaron entonces que, en su carta de intención, Argentina se compromete a cumplir con un conjunto de metas políticas, económicas y fiscales, lo que traería como consecuencia la reducción del gasto público como vía financiera.

Rebatieron una a una las metas más destacadas propuestas en el contrato y advirtiendo las consecuencias del mismo. El principal fin apunta a una inflación para final de 2018 igual o menor al 27 por ciento, cuando actualmente la proyección es de 32 por ciento, en base a expectativas de mercado que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 17 para 2019, 13 para 2020 y 9 por ciento para 2021.

Advirtieron que un tipo de cambio flexible implica una devaluación de la moneda, más la imposibilidad de préstamos del BCRA al Tesoro Nacional y revisiones continúas del FMI sobre el comportamiento de la economía.

“El incumplimiento de cualquiera de estos acuerdos implica que nuestro país debe ir con un pedido formal de disculpas llamado ‘formal waiver’, el cual debe ser aprobado por el Fondo a condición de que no se frenen los desembolsos pactados o que no se renegocien los vencimientos de capital”, manifestaron a través de los micrófonos.

Además, se enfocaron en los objetivos fiscales siendo inevitablemente costos que se transfieren al bolsillo del trabajador. Es el caso de la disminución de subsidios a energía y transporte; la reducción del empleo público, que se espera que ese gasto con respecto al PBI disminuya del 3,2 por ciento en 2017 al 2,7 en 2021; la mengua en un 15 por ciento en compras de bienes y servicios como salud, seguridad y asistencia social, que además incurriría en un estado menos presente.

También abarca la postergación de la obra pública, que impacta en provincias y municipios que dependen del Estado nacional para la realización de las mismas. “El Gobierno tiene como claro objetivo privatizar la obra pública mediante el programa de participación público privado”, enfatizaron.

A la vez, hablaron de la protección social, destacando que en caso de que las condiciones sociales empeoren, se incluye una salvaguarda en el acuerdo para permitir un gasto adicional de hasta 13.500 millones en 2018 y el equivalente a 0,2 por ciento del PIB por año para “Asignaciones Universales para Protección Social”.

Por otra parte, también estuvieron presente los puntos referidos a las reformas del sistema jubilatorio, que busca aumentar la edad de jubilación y diferenciado de los haberes. Sostuvieron que desde la llegada del Gobierno el principal objetivo ha sido la reducción del déficit fiscal por la vía de la baja del gasto público. Sin embargo, consideraron que en estos dos años y medio, lejos de reducirse, el déficit se incrementó, pasando del 1,8 por ciento en 2015 al 3,9 del PBI en 2017.

Por último, indicaron que los “servicios de la deuda pública” duplicaron la participación en el gasto respecto a 2015 como consecuencia del brutal endeudamiento externo contraído por el Gobierno nacional por 80 mil millones de dólares. Al tiempo que las transferencias discrecionales a provincias, no incluidos en la coparticipación, disminuirán.

 

El peso de las tarifas

Desde el 2016 el gas aumentó más del 1.300 por ciento y la luz más de 1.500 por ciento, con el objetivo de realizar una readecuación de tarifas. Alertaron que este hecho impactó de manera diferencial en los sectores sociales.

“Los sectores más vulnerables se ven perjudicados porque destinan un elevado porcentaje del salario en las tarifas, alimentos y alquileres, teniendo en cuenta aquellos que no tienen la posibilidad de  acceder a una red de gas natural y se ven obligados a comprar garrafa, que ha experimentado una suba de precio exorbitante en los últimos meses”, manifestaron por los parlantes.

A continuación aproximaron los valores promedio de una canasta de servicios desde el 2015 a este año, con un aumento del 21 por ciento; como también se incrementó la proporción de los impuestos regresivos, el IVA, impuestos a los créditos y débitos bancarios y combustibles, entre otros.

En contraste, bajaron los impuestos progresivos como las ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta y los derivados del comercio exterior, que pagan los sectores que concentran más riqueza.

“Desde 2016 la inflación acumuló un ciento por ciento de aumento, mientras que los salarios lo hicieron en un promedio del 60 por ciento. A mediados del 2018 el poder adquisitivo del salario ha caído hasta en un 14  por ciento”, afirmaron.

 

Feminización de la pobreza”

Relacionado a la cuestión de género, advirtieron que las políticas de ajuste del Gobierno poseen un mayor impacto en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, repercutiendo en su calidad de vida. En este sentido, dijeron que también las disidencias sexuales se ven especialmente afectadas, dado que en un contexto previo de desigualdad, las políticas de desfinanciamiento generales del Estado agravan sus situaciones.

La reducción del empleo formal se traduce en menos aportes, en tanto que las asignaciones reciben un aumento muy por debajo de la inflación, los programas de inclusión jubilatoria y los aumentos son insuficientes en relación a los costos diarios y la suba del 230 por ciento en el valor de los medicamentos que PAMI ya no cubre.

Todas estas cuestiones “vulneran los avances que se habían logrado en los últimos años en materia de protección social para las mujeres y, en particular, para aquellas que tienen un vínculo más débil con el mercado laboral, como son las de la economía popular”.

Insistieron entonces, con que la “igualdad” de las mujeres sigue siendo una falacia y la única realidad es que el acuerdo con el FMI, además de embargar el futuro de muchas generaciones, profundiza la “feminización de la pobreza”, dado que las mujeres seguirán siendo proporcionalmente más pobres que los varones, al igual que los niños que en la inmensa mayoría de los casos están a cargo de sus madres, muchas veces único sustento del hogar. “Sin feminismo popular no hay justicia social”, proclamaron y el público hizo notar su apoyo a la afirmación.

 

La lucha popular

Los números indican que actualmente en Argentina existen cinco millones de trabajadores que  se desempeñan en la economía popular. Ellos son los que ante la desaparición del estado de bienestar y el pleno empleo, se construyen su propio trabajo; es el caso de los cooperativistas, las fábricas recuperadas, cartoneros, feriantes, agricultores familiares, cuidacoches y vendedores ambulantes, entre otros.

Enfatizaron que son los más afectados por la inflación, generando así mayor incidencia en la exclusión. “Tandil no es una excepción”, alertaron, contando que también aquí la demanda de alimentos ha crecido exponencialmente y el acuerdo con el FMI evidencia más ajuste, “lo cual hace peligrar la paz social, ya que no es solo económico sino también es un ajuste de las subjetividades”.

“Quienes queremos transformar la realidad social no miramos para otro lado ni dejamos de luchar, la acción de los trabajadores de CTEP estará siempre dotada de sentido común, llena de propósitos y esperanzas que encuentran sentido en sus protagonistas”, advirtieron.

Educación y universidad pública

Desde el punto de vista de la educación, las organizaciones rechazaron el vaciamiento del sistema educativo en todos sus niveles, los cierres de bachilleratos, escuelas rurales y de isla, como así también el desmantelamiento de los equipos de orientación escolar.

Además, se manifestaron en contra de la Resolución 194/18 del Ministerio de Trabajo, que dispone la creación de una “Comisión Técnica Permanente sobre Regímenes Previsionales diferenciales”; lo mismo respecto de la subejecución del Fondo Educativo, con una infraestructura escolar colapsada y el cierre de paritarias.

Asimismo, demandaron la representación gremial en las comisiones distritales de MAD y Acrecentamiento, denunciando el desmantelamiento de programas socioeducativos, un servicio alimentario insuficiente y por último, pero igual de importante, rechazaron enfáticamente la represión a los “compañeros docentes”.

Por su parte, integrantes de la comunidad universitaria en defensa de la universidad pública también se opusieron al acuerdo firmado con el FMI y repudiaron el recorte de 300 millones de pesos a las universidades.

En tanto que exigieron aumento salarial, paritarias libres sin techo, continuidad y finalización de obras de infraestructura, parar el recorte presupuestario en organismos de ciencia y tecnología. También dijeron “no” a la intromisión del Gobierno nacional desde el Ministerio de Modernización en las universidades, que atenta contra el claustro no docente.

Reclamaron además, el sostenimiento, mejoramiento y financiamiento del sistema de políticas de bienestar estudiantil, tanto en los estudiantes universitarios como preuniversitarios, como también la implementación del boleto estudiantil gratuito.

“Por una patria libre y soberana, por la justicia social, por la independencia económica, por la autarquía de los pueblos de la patria grande, por el cese a la persecución y encarcelamiento de los líderes populares, hoy venimos a gritar ‘Viva la Patria y fuera el FMI’”, exhortaron al final del discurso.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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