Denuncia de Stolbilzer implica a Peredo y a otras dos personas, pero el abogado D´Alessandro no encuentra razón a esas acusaciones

El Eco

Una denuncia penal presentada por la dirigente Margarita Stolbizer apuntó contra Juan Pablo Peredo (de Necochea pero radicado en Tandil). Así lo publicó en la edición del martes el Diario Página/12 que accedió a la información previa presentación oficial de la denuncia.

Según explica el matutino porteño la denuncia es “por una consultora de comunicación que pertenecería a tres funcionarios del Gobierno y que, según investigó la dirigente, no cuenta con empleados ni registra gastos por los servicios prestados al Estado. De acuerdo con la denuncia, la consultora viene ganando licitaciones en el gobierno nacional y en el porteño. De los tres dueños, uno fue director de Nación Fideicomisos, otro trabaja en el Ministerio de Justicia, mientras que el tercero –sostiene la denuncia de Stolbizer– comparte campos con el presidente Mauricio Macri en Salta”.

Un informe realizado por el equipo de trabajo de Stolbizer detalla que el Ejecutivo gastó entre 2016 y 2017 más de 174 millones en consultoras. De los 24 casos que analizó, 13 correspondían al Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra.

En la denuncia penal que presentó puso como ejemplo otra licitación de Modernización, a la que se suman también contrataciones del Gobierno de la Ciudad. La destinataria es una consultora llamada Labcom. “Se trata de una consultora compuesta por tres funcionarios públicos del actual gobierno que ganan licitaciones sin empleados ni otros ingresos que los contratos con el Estado”, indicó Stolbizer.

Según detalla la denuncia, los tres socios de Labcom serían Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Luciano Alonso. “Los socios eran funcionarios públicos al momento de la contratación, además de poseer vínculos con el Presidente de la Nación”, señala Stolbizer.

Sobre el primero de los socios, Peredo, señala que “se desempeñó como director titular de Nación Fideicomisos desde el 23 de diciembre de 2015 hasta mediados del año 2017, cuando se aceptó su renuncia. Es decir, el mismo período que estamos solicitando se investigue, durante el cual la empresa Labcom ganó las licitaciones. Y así surge claramente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción del año 2016 donde Peredo declara su participación en Labcom SA”. Peredo, un peronista bonaerense, fue también presidente del Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba) y director comercial del Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante la gobernación de Felipe Solá. En el ámbito privado, trabajó en la comunicación de la internacional del juego Codere.

Sobre la empresa

“La empresa también resulta adjudicataria de licitaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Para citar un ejemplo, en 2017, el gobierno porteño le adjudico la contratación de un servicio de consultoría en comunicaciones por un total de 2.604.000 pesos”, remarca Stolbizer.

“Esta empresa no registra empleados ni tiene contratos vigentes en aseguradoras de riesgos de trabajo. Desconocemos cómo puede cumplir con los objetivos de los contratos con el Estado nacional y municipal si no cuenta con empleados”, indica, en un dato que recuerda a la consultora de Fernando Niembro, quien sigue siendo investigado por la facturación de La Usina Producciones, otra consultora sin empleados.

Stolbizer cita los registros contables de la empresa, que no tienen ni salarios ni cargas sociales. “En el año 2016 surgen ingresos por servicios prestados y alquileres por 4.641.036 pesos y durante el año 2017, 2.315.876”, indica. “Creemos –remarcó Stolbizer– que debe investigarse a los diferentes funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de las licitaciones mencionadas.”

Descargo de la empresa

El Eco Multimedios tomó contacto con el abogado y actual concejal Mauricio D´Alessandro que se encargará de representar a la firma por la denuncia elevada.

Entre los apartados del descargo realizado por la empresa, se señala que “la denuncia realizada tiene una serie de errores y de malos entendidos que llevan a que perjudiquen la reputación y el buen nombre de los socios, como también la continuidad de LABCOM como consultora de servicios de comunicación”.

Se cita, entre otros puntos, que:

“Juan Pablo Peredo como director de Nación Fideicomiso. La OA encontró que la función de Director era compatible con su cargo de socio gerente de LABCOM S.A. Realizó en su momento la presentación a la Oficina Anticorrupción y ésta produjo un dictamen a favor de la falta de incompatibilidad. Por otro lado, en ningún momento, LABCOM S.A. prestó servicios de consultoría en Nación Fideicomiso. Tercero, Peredo nunca obtuvo honorarios por la realización de consultoría a las entidades estatales con las que se trabajaba”.

“El decreto 1023/2001 que cita la denuncia, ciertamente regula la ley 25188 como bien dice la denunciante. Sin embargo, como se ve más abajo, el art.13 EXCLUYE A LOS FUNCIONARIOS QUE NO TENGAN PARTICIPACION FUNCIONAL DONDE SE PRESTA EL SERVICIO. Ergo, no se puede aplicar el decreto 1023 en el caso donde la ley (mayor rango en la pirámide jurídica) no se aplica. El decreto 10/2017 NO ESTABA VIGENTE al momento de la contratación”.

“La Ley 22460 que cita la denuncia. La ley prohíbe el trabajo de consultoría de funcionarios públicos, pero solamente con respecto a la entidad donde presten servicios (competencia funcional). NO ES EL CASO. Jamás LABCOM fue contratada donde los titulares presten servicios. ART.8 CITADO POR LA DENUNCIANTE Los consultores, las firmas consultoras, sus socios y los profesionales intervinientes en contratos de servicios de consultoría, no deberán tener relación de dependencia con ninguna de las entidades mencionadas en el Artículo 1, ni tampoco estar vinculadas directa o indirectamente con las empresas que financien, ejecuten, provean o sean destinatarias del objeto del servicio”

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