El Concejo sancionará hoy la ordenanza para la creación del Defensor del Pueblo local

Conceptos generales Según el artículo segundo, el proyecto tiene por objeto la “defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, individuales, colectivos y/o difusos consagrados por la Constitución Nacional, Provincial y la legislación vigente de los habitantes del partido de Tandil frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal y de las empresas prestatarias de servicios públicos, mediante concesiones otorgadas por autoridades nacionales, provinciales o municipales, de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas, que comprometan los referidos derechos e intereses”. En cumplimiento del objeto descripto en el artículo segundo, el Defensor tendrá la misión de “supervisar la actividad administrativa del Departamento Ejecutivo y demás organismos citados, como así también controlar los actos que constituyen función administrativa en relación a los concesionarios, contratistas o prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de uso de bienes de dominio municipal, en todos aquellos casos que comporten arbitrariedades, errores administrativos, deficiencias, abusos, negligencias, demoras excesivas en los trámites, irregularidad administrativa y toda otra forma de menoscabo de los derechos mencionados en el artículo segundo”. El proceso de designación En un segundo apartado, el texto de la normativa alude a la designación del responsable del organismo, un punto que estuvo en discusión y que sumó sugerencias de instituciones consultadas, como la Asociación de Abogados. El documento establece que el Defensor será designado por el Legislativo en una sesión especial convocada a tal fin, mediante el voto nominal de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Para ser designado titular del espacio se requerirán “idénticos requisitos a los exigidos para ser designado Juez de Faltas, con excepción de la condición de ser abogado matriculado”. En efecto, en caso que el Defensor electo no sea abogado matriculado, “el adjunto que él proponga necesariamente deberá serlo, pues al menos uno de los dos debe tener la condición de ser abogado matriculado”. El procedimiento se pondrá en marcha 120 días antes de la fecha de expiración del mandato del Defensor en sus funciones o en forma inmediata de producida la vacante, mediante convocatoria efectuada por la Presidencia del Concejo a la presentación de candidaturas, que será “difundida ampliamente” y publicada en los medios de comunicación locales, en la página web del Municipio y del Deliberativo. En los siguientes puntos del articulado, la propuesta alude a la inscripción en la comisión de predesignación, que estará conformada por hasta diez asociaciones civiles y de profesionales, y su función, la cual será la de estudiar los candidatos propuestos y de elegir una terna que será elevada para su votación y designación final al Concejo. Avanza en detalles sobre la presentación de los aspirantes a defensor, la publicación de los postulantes y envío de información a la comisión, las observaciones e impugnaciones, descargos y la resolución. Elección y asunción del titular En cuanto a la elección, el proyecto de ordenanza contempla que una vez que el cuerpo legislativo reciba la terna, en sesión especial convocada en un plazo no mayor a 30 días, elegirá por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros a uno de los candidatos propuestos por la comisión de predesignación, mediante votación nominal. En el artículo decimoquinto indica que el Defensor electo asumirá el mismo día en que expire el mandato de su antecesor, previo juramento ante el Concejo Deliberante, mientras que la duración del mandato será por cinco años y podrá ser reelecto “una sola vez en forma consecutiva”. En el capítulo cuarto, establece que la condición de Defensor del Pueblo es incompatible con “el desempeño de cualquier otra función pública, excepto la docencia; con el ejercicio de toda actividad político partidaria, gremial y/o sindical; y con la participación y/o vinculación directa o indirecta en cualquier empresa, sociedad o persona jurídica y/o física vinculada con la Municipalidad o prestadora de servicio público”. Y propone como plazo para cesar en funciones incompatibles en diez días después de su elección. La actividad del Defensor En el quinto capítulo “competencia, autonomía y funciones”, el artículo decimonoveno manifiesta que “podrá requerir la intervención del Defensor toda persona física o jurídica, asociaciones o entidades intermedias, que invoquen un derecho o interés particular, colectivo o comunitario afectado o comprometido por actos, hechos u omisiones de los organismos enunciados en el artículo tercero”. La actividad del Defensor será “continua y permanente”, y además desempeñará sus funciones con “plena autonomía funcional y política” y desde lo administrativo funcionará como una unidad ejecutora. En tanto, se encuentra legitimado para promover acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su cometido y solo él determinará a qué casos dará curso, y carecerá de facultades para intervenir cuando “hubieren transcurrido más de dos años contados a partir de la fecha en que el peticionante tomare conocimiento del hecho motivo de su presentación; cuando se advierta mala fe, carencia de fundamentos, inexistencia de pretensión o fundamento fútil, trivial o una marcada intencionalidad político-partidaria; o el hecho por el cual se le requiere se encuentre tramitado en sede judicial”. Las funciones serán “la protección y defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio o negligente; la defensa en juicio de los derechos difusos o derechos de instancia colectiva gozando para ello del beneficio de litigar sin gastos; promover la defensa y protección del medioambiente; a pedido de parte, velar por la correcta aplicación de la legislación vigente por parte de los funcionarios y agentes a que se refieren los artículos segundo y tercero y gestionar ante ellos la rápida solución de los casos que se presenten”. En tanto, en el siguiente capítulo recopila la obligación de colaboración de organismos y las penalidades por no colaborar con el Defensor. Recursos y remuneración En el apartado noveno, contempla que los recursos para atender las erogaciones que demande el cumplimiento de la ordenanza provendrán de “las partidas presupuestarias pertinentes (que no podrán exceder de un siete por ciento del presupuesto del Concejo) y de la aprobación de una estructura administrativa adecuada a la misión y funciones de la Defensoría del Pueblo del partido de Tandil”. No obstante, para el presupuesto correspondiente al primer año de ejercicio, el Deliberativo propondrá la creación de una partida dentro de su presupuesto que garantice la estructura incluyendo un titular, un adjunto y un administrativo. A su vez, el Defensor percibirá “idéntica remuneración a la de un concejal, mientras que el adjunto percibirá una remuneración básica equivalente al ochenta y cinco por ciento de lo percibido por el titular”. ]]>

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