El Ejecutivo alquila desde febrero el edificio que pretende comprar para Protección Ciudadana

Se desprende del proyecto elevado al Concejo Deliberante al adjuntar un contrato de alquiler con opción a compra del inmueble de Pinto, entre Alem y Paz. Desde la oposición, Facundo Llano reeditó sus cuestionamientos y calificó de “equivocada” la medida. Demandó políticas “más activas”, cercanas a los ciudadanos, en lugar de adquirir propiedades.

El Eco

Tal se informó, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza por medio de los cuales solicita autorización para la adquisición de un edificio con miras a centralizar las dependencias de la Secretaría de Protección Ciudadana.

Lejos de despejar los cuestionamientos de la oposición legislativa por las costosas políticas de seguridad, la falta de información y los magros resultados de algunos programas, redobló la apuesta y presentó dos iniciativas –la segunda apunta a la compra de un autobomba con escalera para combatir incendios en altura- con miras a invertir fondos afectados.

El proyecto central establece la adquisición de un inmueble para mudar la sede del área que dirige Atilio Della Maggiora y el Centro de Operaciones Inteligente, que actualmente funciona en Belgrano 338.

En la elevación de la propuesta, el Gobierno anexó el contrato de alquiler de la propiedad por la cual abona un canon mensual desde febrero de este año y por el plazo de cinco años (hasta el 31 de enero de 2023).

En efecto, el Municipio realiza un desembolso mensual, que desde agosto trepó a los 55 mil pesos, por la propiedad y que se suma al monto que abona por el edificio que ocupa actualmente la secretaría y sus dependencias, en Belgrano al 300.

El contrato de alquiler establece un pago mensual por el inmueble mediante un sistema escalonado, con actualización de los valores cada seis meses. Desde marzo a julio, abonó una suma fija de 50 mil pesos; de agosto a enero de 2019, comenzará a pagar 55 mil pesos; de febrero a julio, 60.500 pesos; de agosto a enero de 2020, 66.550 pesos; de febrero a julio de 2020, 73.205 pesos; de agosto a enero de 2021, 80.525 pesos; de febrero a julio de 2021, 88.577 pesos; de agosto a enero de 2022, 97.434 pesos; de febrero a julio de 2022, 107.177 pesos; y de agosto de 2022 a enero de 2023, 117.894 pesos.

 

 

Una medida “equivocada”

En diálogo con el ciclo radial “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM), el concejal del bloque Justicialista, Facundo Llano, uno de los que lideró la tanda de objeciones, ratificó su postura y volvió a plantear sus dudas, especialmente por la trayectoria que presenta la Secretaría de Protección Ciudadana.

Con una mirada constructiva desde su rol de opositor al Gobierno de Miguel Lunghi, el concejal apuntó a los recursos que maneja el área a propósito de la propuesta elevada al Deliberativo. “Hay fondos que no están siendo ejecutados y la respuesta es comprar un edificio”, cuestionó y defendió las demandas por generar políticas más activas en la materia que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, incluso en aspectos vinculados a la seguridad vial.

No compartió la visión estratégica del lugar, ubicado en Pinto entre Alem y Paz, y el momento en el que se decide efectuar la inversión, a la vez que alertó que el expediente carece de una tasación oficial sobre la propiedad.

En contraposición, solicitó una presencia “más activa” en la comunidad para “resolverle los temas de la gente, no pensando en un edificio para un centro de monitoreo que tampoco tiene las prestaciones que debería tener”.

“Es equivocada la medida”, determinó el concejal Llano.

 

Una Secretaría señalada

En materia de recursos citó el Fondo de Fortalecimiento Provincial que Tandil recibió en 2016 y 2017, que se suman a la Tasa de Protección Ciudadana, que representa un 30 por ciento adicional a las tasas Retributiva de Servicios y a la Actividad Económica (TUAE), esquema que permitió una recaudación “muy importante”.

Los fondos fueron “subejecutados” y “ahora aparece la voluntad del Ejecutivo de adquirir este inmueble” para invertirlos.

Llano insistió que las políticas públicas en materia de protección ciudadana “no están siendo suficientemente efectivas”, por lo pidió antes resolver esta demanda para avanzar, posteriormente, en determinar si el inmueble se encuentra ubicado en un punto estratégico para el Municipio y el valor para su eventual adquisición.

Volvió sobre el pedido para que el secretario Della Maggiora se presente en el primer piso de la Municipalidad para explicarle a los concejales las acciones que se llevan adelante desde la dependencia, con especial foco en los programas Asistan, Acceder y Alerta Tandil.

Pero además para obtener información concreta sobre las cámaras de seguridad instaladas, cuántas se encuentran en funcionamiento, y si se pueden implementar políticas “más activas”, incluso, en materia de seguridad vial.

 

La ubicación y la cuestión económica 

A su vez el concejal justicialista consideró que el contexto actual no se presenta como el más oportuno para avanzar en la compra de este inmueble, más aún si se considera su ubicación.

Y comparó que uno de los argumentos para la adquisición de las dos manzanas de la exMetán es la descentralización y la visión de crecimiento hacia otros sectores de la ciudad, para evitar la congestión del tránsito en la zona urbana. “Pero ahora resulta que la propuesta es en Pinto al 800”, cuestionó y marcó la contradicción del Gobierno comunal en este aspecto.

En materia económica puso especial hincapié en el contrato elevado al Deliberativo, en el que aparecen los montos mensuales que abona desde marzo el Municipio por el inmueble.

“Son 50 mil pesos con los que se empezó a pagar y continúa de manera escalonada hasta llegar a más de cien mil en unos años”, reflejó. Y en ese sentido cuestionó el alquiler que “ya estamos pagando” y la opción a compra por 750 mil dólares, según la pretensión de los propietarios del local. “Repetimos el compromiso en moneda extranjera”, a la vez que reclamó una tasación oficial.

 

Una respuesta poco superadora

Sin acallar los cuestionamientos que elevó la oposición legislativa, Llano consideró que la presentación de ambos proyectos responde a una contestación política pero que no resulta “superadora”, puesto que, si lo fuera, “saldrían con medidas activas en protección ciudadana, con una propuesta de inversión en seguridad vial, con una participación activa del Centro de Monitoreo”.

Por el contrario la gestión “redobla la apuesta en lugar de dialogar y encima con la compra de un edificio”, concluyó.

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  • ElEcodeTandil

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